La Fiscalía atribuye a Mónica Oltra una orden “verbal” para ocultar los abusos de su exmarido a una menor tutelada

La fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia en el que apoya la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La fiscal considera que Oltra conoció el caso antes de que este se judicializara y que, después de que se presentara la denuncia por los abusos, dictó una orden verbal para “desvirtuar la credibilidad de la menor” y ocultar los hechos. Por todo ello, la acusa de los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

A lo largo de más de medio centenar de folios, Gisbert expone su incredulidad a que, en febrero de 2017, cuando media docena de personas conocían el relato de abusos de la menor, Oltra, que también es consejera de Políticas Inclusivas y, por tanto, responsable de los centros de menores, no supiera del caso: “Resulta difícilmente creíble que no lo pusieran en su conocimiento desde el momento inicial, y tanto más, cuando además su marido fue suspendido temporalmente”, señala la fiscal.

El escrito detalla cronológicamente los hitos del caso, desde febrero de 2017, cuando la menor habló por primera vez de los abusos, al 28 de julio, cuando la Fiscalía interpuso una denuncia, y el 4 agosto, fecha en la que Mónica Oltra siempre ha dicho que conoció el caso y cuatro días antes de que se abriera un expediente en la consejería. La fiscal no se cree que la vicepresidenta no tuviera conocimiento de los abusos antes de esa fecha y hace referencia a lo que califica como “idea directriz” que inscribe en esa orden verbal dada por Oltra a partir de ese momento para abrir un expediente con el que, según Gisbert, querían ocultar los hechos pese a que estos ya estaban judicializados. “Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos (Autoridades, funcionarios y personas intervinientes) de disminuir la importancia y ocultar los abusos”, asegura la fiscal.

Para Teresa Gisbert también supone un “fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada [Mónica Oltra]” el hecho de que todos los que intervinieron y que también están imputados, “mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería de Igualdad”, argumenta la fiscal. Gisbert califica además de “imposible” que “funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta”.

La fiscal atribuye tanto a los trabajadores de la consejería como a la propia Oltra un delito de abandono de menores por haber restado credibilidad al relato de la víctima y no haberla atendido en cuanto relató los abusos, por los que fue condenado el exmarido de la vicepresidenta a cinco años de cárcel. A todos los considera responsables de un delito de omisión del deber de perseguir delitos porque “dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, la Fiscalía de Menores y la Administración de Justicia”. A Oltra se le atribuye además un delito de prevaricación.