El juez pide al Tribunal Superior valenciano que impute a Mónica Oltra para investigar si ocultó los abusos de su expareja a una menor

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha presentado este viernes una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en la que solicita que impute a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, Mónica Oltra, y asuma la investigación para desvelar si se ocultaron los abusos del exmarido de la política a una menor tutelada. Este fue condenado a cinco años de prisión cuando era educador de un centro religioso de acogida, de carácter privado pero con plazas concertadas con la Generalitat, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a una menor de 16.

“Debe ser oída como investigada en la presente causa para que la sala adopte la resolución que estime procedente”, señala el juez en un auto remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento del que goza la también diputada Oltra. La investigación del juez se centra en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores o se incumplió el deber de custodia y el deber de denunciar los delitos perpetrados contra los menores bajo su guarda. El juez también sospecha que el personal de la consejería, de la que es titular Oltra, llevó a cabo una investigación paralela a la judicial y que la menor “lejos de ser protegida, fue objeto de una injustificada persecución”.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano aseguró que no va a dimitir aun en el caso de que el Tribunal Superior acepte el caso y la impute. “No voy a dimitir ni por esto ni a petición del PP de Valencia, que está rabioso porque trabajamos mucho para que se viera el desastre que ellos dejaron y con el que se enriquecieron”, mantuvo. “La última vez que en el TSJ me imputaron fue por una querella de un señor del PP que acabó en la cárcel por robar fondos de cooperación”, recordó en referencia al consejero Rafael Blasco, condenado por prevaricación y malversación.

“La decencia no la marcan los tribunales y no se ha cometido ninguna ilegalidad”, sostuvo Oltra, antes de participar en un acto en Madrid. Además, hizo referencia a las declaraciones de los cargos de la consejería que ya han comparecido ante el juez: “Todos han dejado claro que no ha habido órdenes ni instrucciones que no fuera dejarles trabajar en libertad. No hay indicios de lo que no existe”.

Además, Oltra ha recibido, de nuevo, el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha enmarcado en “la normalidad judicial” la posible imputación de la vicepresidenta y ha afirmado que no está “en absoluto” preocupado por la estabilidad del Gobierno valenciano. El presidente ha incidido en que “muchas veces han llegado al TSJCV cuestiones que no han ido más allá”.

En un auto notificado este viernes, contra el que cabe recurso, el magistrado señala que existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos. El instructor considera que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell declare.

La imputación procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y que está representada por el líder del partido ultra España 2000. El juzgado decidió, en octubre de 2021, archivar esta causa puesto que la condena de la que deriva, la de los abusos del educador, está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. El juez entendió que la sentencia no era firme y, por tanto, el relato de hechos era también provisional y no estaba acreditada “la perpetración del delito”. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial obligó al juez a reabrir el caso en el que se acusa a los trabajadores de omisión en el deber de perseguir un delito, de un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento. El tribunal se basó en que, aunque el recurso ante el Supremo aún sigue pendiente, la sentencia de condena había sido ratificada ya por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.