La Comisión Europea ha emitido un informe en el que rechaza investigar la denuncia presentada por la diputada autonómica del PP, Elena Bastidas, sobre la gestión de los menores tutelados en la Comunidad Valenciana que el PP pretendía abrir a partir del caso del educador Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (de Compromís) y condenado en 2019 a cinco años de prisión por abusos a una menor. La Comisión señala en su dictamen que “no puede intervenir en casos individuales y, por tanto, corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen efectivamente, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha informado este jueves en la sesión de control del parlamento autonómico del dictamen. Puig ha afeado al PP el que haya silenciado la decisión que ha presentado como un archivo de la denuncia cuando el partido promovió la investigación a través de su denuncia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que aceptó su tramitación. Esta comisión parlamentaria está presidida por la exministra de Sanidad del PP Dolors Montserrat, y los partidos de la derecha y la extrema derecha cuentan con mayoría, al igual que en la composición de la Eurocámara. La denuncia puede tener recorrido político entre los eurodiputados de la citada comisión, pero sin el amparo del órgano rector de la Unión Europea.

En el parlamento valenciano ha continuado este jueves el rifirrafe político a cuenta de los menores tutelados y los abusos sexuales. Puig ha dicho que confía “absolutamente en la Justicia, en la vicepresidenta y en los funcionarios de la Generalitat”, en referencia a los 11 funcionarios y cargos imputados en la investigación judicial sobre la actuación en 2017 de la Consejería de Igualdad e Inclusión Social, que dirige Oltra, en relación con el caso de los abusos sexuales de su expareja. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó en 2019 a Ramírez fue crítica con la gestión de la Consejería y con lo que consideró una investigación paralela de la misma que no dio crédito a la menor.

Ahora, un juez ha abierto una investigación sobre si el departamento dirigido por Oltra intentó encubrir los abusos a raíz de dos denuncias: una interpuesta por la propia menor afectada, ya mayor de edad, representada por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000 y exdirigente de la Asociación Nacional de Empresarios de Clubs de Alterne, y otra por una entidad vinculada con la periodista Cristina Seguí, que fue una de las fundadoras de Vox. Este partido también se ha personado en la causa.

La oposición ha vuelto a pedir la dimisión o la destitución de Oltra y la portavoz popular María José Catalá ha responsabilizado a Puig del caso si no lo hace. También Bastidas: “¿Sigue valiendo más un sillón que la dignidad política de un Consell? ¿Asume que el caso Oltra será recordado como caso Puig?”.

Oltra ha respondido con más preguntas: “¿Qué diría si cuatro niños de un centro dependiente de mi consejería hubieran sufrido abusos y no se hubiera hecho nada? ¿Y si no se le da credibilidad a los niños y no se les deriva al Instituto Espill ni a la Fiscalía? ¿Se le condenaría por inactividad y se le declararía responsable directa?”. “Su objetivo es la cacería política. No me mire a mí, sino a su lado. Ni era mi consejería ni era yo. Era la consejera de Educación y la responsable era Catalá. Los hechos se denunciaron en 2013 y no hicieron nada”, ha afirmado Oltra. La vicepresidenta ha incidido en que estos hechos entran dentro del periodo de la investigación que ha solicitado Bastidas a Europa, de la que ahora la comisión se ha declarado incompetente. Más tarde, Català ha acusado a Puig de mentir por hablar de archivo de la denuncia cuando esta continuará su curso en la comisión de peticiones de la eurocámara.

Misión de europarlamentarios

Sobre las intenciones de los populares de promover una misión de europarlamentarios para estudiar el caso, fuentes próximas a la Comisión dudan de que esta llegue a organizarse y recuerdan que actualmente ya hay cuatro visitas programadas o previstas para recabar información sobre otros asuntos: los asesinatos de ETA sin resolver (la visita se produjo el pasado mes de noviembre); el estado del Mar Menor (a finales de febrero); la situación del castellano en Cataluña (pedida por los grupos del PP, Ciudadanos y Vox para el segundo semestre de 2022 en caso de ser aprobada finalmente), y la gestión de las menores tuteladas en Baleares, comunidad presidida por la socialista Francina Armengol.

En este último caso, la visita parlamentaria está prevista para la próxima Semana Santa. La investigación se abrió también por una denuncia del PP a la Comisión de Peticiones a raíz de la violación múltiple de una menor tutelada en 2019, si bien la fiscalía archivó las pesquisas sobre una trama de prostitución. Se constataron casos individuales. Sobre este asunto, la Comisión Europea se pronunció de manera similar a su respuesta a la denuncia valenciana, si bien no se explicitó su falta de competencia para investigar el asunto, según las fuentes mencionadas. No consta que el PP haya solicitado a la Comisión de Peticiones una investigación sobre el reciente escándalo de varias menores tuteladas y prostituidas en Madrid, comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, del PP.

En su reciente dictamen, la Comisión señala que “ha incoado procedimientos de infracción contra 23 [de los 27] estados miembros por la transposición incorrecta de la directiva”, entre ellos España por no hacer los deberes entre 2015 y 2018, y recuerda que “la asistencia a las víctimas de abuso sexual infantil fue uno de los desafíos identificados en todos los estados miembros”.