Mónica Oltra asegura ser objeto de “una cacería política de la extrema derecha” y pide que no se utilice a los funcionarios

“Que no busquen más, que no molesten a nadie más, ese informe, el expediente informativo, lo encargué yo”, dice la vicepresidenta valenciana en respuesta a las imputaciones de trabajadores

Mónica Oltra comparece en las Cortes a petición propia el pasado enero.
Mónica Oltra comparece en las Cortes a petición propia el pasado enero.Mònica Torres

La vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, ha reaccionado este lunes a la imputación de otros cinco cargos públicos de su departamento en el caso que investiga el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada por los que fue condenado la expareja de Oltra. “Si [la extrema derecha y la derecha] me quieren a mí, me tienen a mí pero que dejen en paz a los funcionarios”, ha manifestado después de una comparecencia pública en la que ha hecho balance de la Renta Valenciana de Inclusión.

El titular del juzgado número 15 de Valencia ha llamado a declarar a otros cinco cargos de la consejería de Igualdad: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico serán los cargos que tendrá que prestar declaración por el juzgado que, anteriormente, ya imputó a seis cargos de la Consejería además de a la directora y a una psicóloga del centro de acogida de menores Niño Jesús, en el que ocurrieron los hechos.

El juez sostiene que el expediente del caso incluye la apertura de un expediente informativo dentro de la consejería cuando los hechos se habían judicializado en lo que considera pudo ser una investigación paralela a la judicial. Y la imputación procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y que está representada por el líder del partido ultra España 2000. A la investigación se ha sumado otra denuncia dirigida por la periodista Cristina Seguí, que fue una de las fundadoras de Vox.

“Parece que alguien está buscando tres pies al gato. No hay más. Son ganas de una cacería política de la extrema derecha porque toda esta documentación la tiene el PP, Ciudadanos... Ha habido total transparencia y me parece injusto e inmerecido que se ponga en cuestión la profesionalidad de las funcionarias. Que no busquen más, que no molesten a nadie más, ese informe, el expediente informativo, lo encargué yo”, ha afirmado la vicepresidenta.

El juzgado decidió, en octubre de 2021, archivar esta causa puesto que la condena de la que deriva, la de los abusos del educador, está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. El juez entendió que la sentencia no era firme y, por tanto, el relato de hechos era también provisional y no estaba acreditada “la perpetración del delito”. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial obligó al juez a reabrir el caso en el que se acusa a los trabajadores de omisión en el deber de perseguir un delito, de un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento.

Oltra ha vuelto a remitirse a su comparecencia en las Cortes Valencianas de abril de 2021, en la que expuso la actuación de su departamento ante este caso de abuso. “Aquí se ponen muchas cosas en entredicho pero está todo contado”, ha subrayado la vicepresidenta, que ha insistido en que a raíz de este caso se dieron cuenta de que hacía falta protocolos y era necesario poner en orden la Consejería.

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Según la vicepresidenta, su departamento sacó en septiembre el primer protocolo para que los profesionales sepan las directrices y protocolos que hay que seguir cuando hay una denuncia de abuso sexual. “Nosotros nos dedicamos a sostener y ayudar a las personas y a trasladar a Fiscalía para que ellos investiguen. Y eso ahora sí está claro.

Oltra ha reiterado que se enteró del caso, no como consejera sino por su circunstancia personal [el educador acusado era su pareja] el 4 de agosto de 2017 “y a partir de ahí comenzamos a buscar la aguja en el pajar”. La consejera encargó el ocho de agosto la apertura de un expediente informativo para saber qué actuaciones se habían hecho. Por qué no se había derivado a la presunta víctima al Instituto Espill, por qué no se le había dado tratamiento psicológico a la menor, y todas las averiguaciones las contó en su comparecencia en las Cortes.

La consejera insiste en que su departamento abre un expediente informativo para saber cómo se había actuado, por qué había una petición de traslado del caso a la Fiscalía del 6 de julio que no se atendió. “¿Por qué yo me entero el 4 de agosto y no por la consejería, por qué la directora general tampoco se entera? No es que la gente estuviera haciendo mal la faena, es que no había unas directrices de cómo tenía que fluir la información ni hacia arriba ni hacia abajo. Y eso lo hemos arreglado, así que que dejen de molestar a los funcionarios y de poner en entredicho su profesionalidad”.

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