Mónica Oltra niega que la consejería favoreciera a su exmarido condenado por abusos a una menor y la oposición pide su dimisión

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha rechazado de plano este miércoles en las Cortes valencianas que su departamento tuviera trato de favor hacia su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, en el caso por el que este educador social ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años en un centro privado, concertado con la Administración autonómica. La líder de Compromís pidió comparecer para explicar la actuación de su consejería, competente en la tutela de menores, a raíz de la sentencia de la Audiencia de Valencia del pasado mes que la critica muy duramente. “A nadie le provoca más repugnancia que a mí”, ha afirmado sobre los abusos. La oposición ha exigido su dimisión “por higiene política”.

La sentencia carga contra la actuación de la consejería por lo que considera demora e inacción en la denuncia de los hechos, que sucedieron entre finales de 2016 y principios de 2017, e incluso la acusa de “hostilidad” hacia la víctima al no dar credibilidad a su testimonio. El fallo, que se puede recurrir, desencadenó un alud de virulentas acusaciones por parte de los partidos de la oposición: PP, Ciudadanos y Vox. Compromís es socio en el Gobierno de la Generalitat con el PSPV-PSOE y Unides Podem.

Abogada de profesión, Oltra ha ido detallando la cronología de los hechos en su pretensión de desmontar las críticas y los “juicios de valor” de la Audiencia de Valencia, que fue obligada a repetir el juicio por el Tribunal Superior de Justicia al no valorar en la primera vista dos informes que podían beneficiar al acusado. La sentencia repitió la condena de cinco años de prisión pero añadió una mayor carga argumental contra la consejería.

El fallo considera probado que la menor tenía “dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, por lo que reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo”. Según el auto, el educador acudió, entre 2 y 10 veces, “a masajearle en la zona del cuello y la espalda y una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”.

En resumen, la vicepresidenta ha afirmado que se actuó en todo momento siguiendo el protocolo que funcionaba antes de que la izquierda llegara al poder. En cuanto conoció los hechos, mandó modificar dicho protocolo, ha sostenido la vicepresidenta. En algunos extractos de la sentencia, fuera de los hechos probados se vierten “insinuaciones” e “insidias”, ha incidido la vicepresidente, tras recordar que la consejería no estaba acusada de nada. “La única consigna fue proteger a la niña”, ha afirmado en su extensa intervención de una hora que ha concluido con un largo aplauso de la bancada de la izquierda.

Oltra ha relatado que la dirección del centro Niño Jesús de Valencia, propiedad de una congregación religiosa, tuvo conocimiento en febrero de 2017 de las acusaciones de abuso por parte de la niña. Lo comunicó a la dirección territorial de la consejería y esta abrió un expediente informativo. Concluyó que las acusaciones no estaban fundadas y no eran creíbles. Siguiendo el protocolo de entonces, no dio traslado del asunto a la Fiscalía ni a la dirección general de la Consejería, según las explicaciones de Oltra. En junio de 2017, la menor, declarada en desamparo en 2010, comentó a la Policía Nacional durante un traslado por otro caso, que era objeto de abusos sexuales en el centro en el que vivía. La Policía se lo comunicó a la Fiscalía de Menores y se inició el procedimiento penal.

Oltra ha asegurado que no se enteró de los hechos hasta el 4 de agosto de ese año, seis meses después de las primeras acusaciones, y “por circunstancias personales”. Y ese fue el principal error, ha asumido la vicepresidenta, porque el protocolo no obligaba a trasladar a Fiscalía los hechos al no darles pábulo. La vicepresidenta ha asegurado que ese mismo agosto la consejería empezó a actuar para cambiar el protocolo y exigir la inmediata comunicación a Fiscalía de cualquier indicio de delito en los centros de acogida, aunque fuera descartado en una primera investigación interna. Esto es lo que sucedió en el caso de Luis Eduardo Ramírez, entonces marido de Oltra, si bien ya se encontraban separados.

A partir de ahí, Oltra ordenó la apertura de un expediente informativo por esos posibles abusos, se dictó una instrucción ordenando la máxima colaboración con la Fiscalía, y se solicitó al instituto privado Espill, entidad con 20 años de experiencia, la valoración y/o tratamiento psicológico de la menor, según ha relatado. Las conclusiones de este informe, en el que no se da credibilidad a la joven, se remitieron, junto con el expediente informativo elaborado, a la Fiscalía el 30 de noviembre. Oltra ha dicho que desconoce por qué esta no reclamó el expediente completo ni por qué este documento no fue aportado a la causa en el primer juicio. También ha señalado que es habitual en la práctica jurídica encontrar informes de peritos no coincidentes, lo cual no es motivo para desprestigiar a unos funcionarios y a otros, no.

Los grupos de la oposición han criticado el “victimismo” de Oltra, a la que han recordado que la víctima es la menor abusada y no ella, y han pedido su dimisión, no por su relación personal con el abusador, sino por ser la máxima responsable de una consejería que debía proteger a la menor y le falló.

Han citado extractos de la sentencia, como el que critica la actuación de la consejería por su “hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”. “Frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el ‘informe reservado’ y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador”, agrega la sentencia.

La oposición le ha reprochado “su feminismo de pancarta”. “Yo si te creo pero encarga dos informes para exculpar al educador”, le ha acusado la diputada de Ciudadanos, Cristina Gavarda. La parlamentaria del PP, Elena Bastidas, ha insistido en que la consejería de Oltra hizo “lo posible y lo imposible” para tapar el caso y se puso del lado del acusador. “El culpable del caso está condenado y la responsable al frente de la consejería es usted”, ha remachado. Tapar y negar los hechos, ha sido la acusación de los grupos de la oposición. La diputada de Vox, Ana Vega, también le ha preguntado si cree estar por encima de la ley.

Inmunidad y desamparo

En la contrarréplica, la vicepresidenta ha afeado a sus detractores sus recriminaciones: “Venir aquí, amparados en la inmunidad, a decir que soy cómplice de un caso de abusos sexuales, porque de serlo es un delito”. Oltra ha acusado a la oposición de “no escuchar” lo que ha explicado y ha insistido en que si, de verdad, tienen el convencimiento y alguna prueba o indicio de que ha encubierto el caso, que acudan a la Fiscalía.

La víctima tiene ahora 18 años. Con el padre en prisión y la madre, con problemas graves de adicción, ha pasado la mayor parte de su vida en centros de acogida. Cuando cumplió la mayoría de edad, como a otros jóvenes en su situación, la consejería le ofreció una salida habitacional, pero la rechazó, según Oltra. Embarazada y sin hogar, ella y su pareja han pedido esta semana ayuda al Ayuntamiento de Burjassot. Este se dirigió a los servicios de la consejería de Políticas Inclusivas, que le ha ofrecido una salida. En los últimos meses, la chica ha estado asesorada por el abogado José Luis Roberto, líder del partido ultraderechista España 2.000, y antiguo dirigente de la asociación de clubs de alterne de España. Roberto fue absuelto junto a otros miembros de España 2000 por el escrache a Oltra en 2017 al considerar la jueza que había posible extralimitación de la libertad de expresión pero no delito.