La precariedad en los mataderos afectados por un ERTE por la peste porcina: “Quien puede, huye de este trabajo”

Si hay un trabajo verdaderamente duro, este es el del empleado en un matadero. Sobre todo porque a las intensas condiciones físicas y mentales, se le añadieron durante muchos años unas condiciones laborales muy precarias, en las que abundaba el fraude y la explotación, y que ahora el brote de peste porcina africana (PPA) que ha aparecido en el monte de Collserola (Barcelona) vuelve a hacer aflorar con un ERTE para 458 trabajadores en cuatro mataderos de la comarca de Osona. En los mataderos, salas de despiece y elaboración de productos cárnicos —especialmente en los primeros, donde la gran mayoría de trabajadores son inmigrantes con necesidades económicas acuciantes y muchas veces poco o nada organizados sindicalmente, sin dominio del idioma ni conocimiento de sus derechos— las grandes empresas del sector en toda España usaban las figuras de la falsa cooperativa y los falsos autónomos, hasta que la presión de los sindicatos y las multas de la Inspección de Trabajo obligaron a desmantelar el fraude, ya antes de la pandemia. Desde entonces el sector, explican los sindicatos, ha cambiado mucho y las empresas generalmente cumplen con la legalidad. Pero la precariedad sigue siendo alta y persisten prácticas dudosas.

“Estos son trabajos manuales muy duros, quien puede huye de estos trabajos”, explica Alícia Buil, secretaria del sector agroalimentario de UGT-Fica en Cataluña. El perfil de los trabajadores de mataderos es el de personas de origen migrante, con mucha necesidades económicas para mandar dinero a sus países, y con pocas salidas más que esta. Buil considera que es “doloroso” para la sociedad que también segundas generaciones de migrantes continúen trabajando en estos sectores. “Todos los trabajos son dignos, pero este es muy duro, y además los mataderos no hacen las inversiones necesarias para evitar que el trabajo sea tan pesado”, explica. Josep Rueda, secretario general de Industria de CC OO en Cataluña, afirma que la precariedad del sector se explica porque las condiciones laborales han sido precarias durante mucho tiempo: “Las empresas se aprovecharon de una precariedad al cuadrado cuando había falsas cooperativas. Básicamente tenían trabajadores a los que no les pagaban las vacaciones ni el seguro, ni las EPI. Era una situación casi de esclavitud: gente que se hacía cortes trabajando y venía la Cruz Roja y no quería ir al hospital, decían que querían cuatro puntos y seguir trabajando, porque lo necesitaban”, explica Rueda.

En este ambiente sin conocimiento de los derechos laborales, con barreras idiomáticas y muchas necesidades económicas, la organización sindical era muy complicada, pero el modelo de las falsas cooperativas terminó sancionado y judicializado —en 2017 se calculaba que el 10% de los 115.000 trabajadores del sector estaban en falsas cooperativas, hubo multas y sanciones de la Inspección de Trabajo y sentencias como la de la Audiencia Nacional contra Servicarne—, y se regularizó a miles de trabajadores. Los sindicatos reclamaron que los trabajadores pasasen a formar parte de las plantillas fijas de las empresas, y generalmente se cumplió, pero ahora la crisis de la peste porcina ha aflorado prácticas que los sindicatos piden investigar.

El jueves, el Govern dio luz verde al primer y único expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) relacionado con la peste porcina. El ERTE lo había solicitado CGTPlus, una empresa de trabajo temporal (ETT) para 458 de sus trabajadores. Estos estaban cedidos como empleados temporales a cuatro mataderos de Santa Eugènia de Berga, en la comarca barcelonesa de Osona, cuatro empresas que pertenecen a la compañía cárnica aragonesa Grupo Jorge.

El brote de PPA, un virus muy letal entre jabalíes y cerdos, fue detectado en Collserola, y continúa contenido tras dos semanas desde su inicio en un foco de seis kilómetros en los que se han encontrado 16 jabalíes muertos con PPA. Pese a estar muy focalizado y pese a que el virus no se contagia a otras especies ni humanos, el brote ha tenido un impacto muy importante en los mercados de la carne porcina, ya que su propagación en las granjas de cerdos podría ser catastrófica para el sector. El brote conllevó el cierre automático de los mercados de exportación, aunque se han ido reabriendo (por ejemplo, China o Corea del Sur, que siguen comprando productos de porcino a España excepto los que vienen de la zona afectada), y comportó también una caída del precio al por mayor.

Ante la amenaza de que el brote se pudiese propagar, los mataderos que el Grupo Jorge tiene en Osona, una zona relativamente cercana a Barcelona, decidieron paralizar temporalmente su actividad y por lo tanto prescindir de los empleados de la ETT. Esta, a su vez, solicitó un ERTE por causas de fuerza mayor para suspender temporalmente los contratos de sus trabajadores. Pero se trata del único expediente solicitado, mientras que el resto de empresas del sector han continuado trabajando.

Rueda explica que el Govern ha pedido al Ministerio de Trabajo que active el mecanismo RED para el ERTE aprobado por causas de fuerza mayor. De esta manera, todos los trabajadores que estén dentro del ERTE tendrían derecho a una prestación. Hasta que no se active el mecanismo, solo tendrán derecho a la ayuda los trabajadores que lleven más de un año en la empresa. Y en un sector tan precarizado como este, la rotación es muy elevada, con lo que no está claro cuántos de los trabajadores afectados reunirán los requisitos para percibir la prestación.

Más allá del ERTE, Rueda explica que este episodio obliga a incrementar la atención sobre el uso de las ETT en el sector. “La reforma laboral dice que cuando una empresa necesita un puesto de trabajo para su operativa, ese puesto debe ser fijo. Es cierto que en el sector cárnico hay picos de producción en el que se necesitan temporales, pero tenemos que averiguar si estos 458 trabajadores eran realmente temporales o hacían el trabajo como fijos”, dice. Buil recuerda que el Grupo Jorge “siempre se ha escabullido de la legalidad” y pide a la Inspección de Trabajo que investigue cuánto tiempo llevaban estos trabajadores en sus puestos. “Estamos a favor del ERTE, pero queremos que se vaya al fondo del asunto”, explica.

En cualquier caso, los sindicatos celebran que solo haya habido una solicitud de ERTE, y que el impacto laboral de la peste porcina de momento sea limitado. “Ha habido una gestión rápida por parte de las administraciones desde que se detectó el brote”, resalta Buil.