El Govern deroga las sanciones a los municipios por superar los límites de agua en sequía

El Govern ha derogado el régimen sancionador a los municipios por superar las dotaciones máximas de consumo de agua en fases de restricciones por sequía. El Consell Executiu ha dado luz verde este lunes a un decreto ley que deroga el actual régimen sancionador a los municipios que rebasan el consumo máximo según lo establecido el Plan Especial de Actuación en Situación de Sequía. Este plan se activó por la sequía que comenzó en 2020 y que aún no ha terminado, con unos pantanos de las cuencas internas que tienen el doble de agua que hace un año pero que están aún al 34% de su capacidad. Una vez entre en vigor este decreto ley, no se iniciarán nuevos procedimientos sancionadores por exceder las dotaciones máximas para el abastecimiento de población en sequía, ni se continuará la tramitación de los expedientes sancionadores ya iniciados por este incumplimiento, ha informado en un comunicado el Govern.

En la época más crítica de la sequía, cuando la mayoría de la población catalana estaba con las restricciones más severas de la fase de emergencia, los municipios no podían rebasar los 200 litros por persona y día, contando todos los consumos (doméstico, industrial o lúdico), y en caso de hacerlo se exponían al inicio de un expediente sancionador. Pasada esta fase más crítica, que gestionó el anterior Govern de ERC, el actual ejecutivo del PSC retira el régimen sancionador y lo argumenta porque, entre otras cuestiones, los municipios se han comprometido en los últimos años en la mejora de las redes de suministro municipales y su eficiencia. En gran parte, lo han hecho con las ayudas otorgadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA), por un valor de 130 millones de euros, que beneficiarán a más de 700 municipios catalanes, ha informado la Generalitat.

Asimismo, desde finales de 2023 se ha multiplicado por cinco el número de municipios que disponen de una ordenanza de ahorro de agua, pues ya son 315 localidades, según la Generalitat. En este sentido, el Govern considera que mantener las sanciones por infracción “es contraproducente en determinados supuestos, como en el caso de pequeños municipios con recursos económicos limitados y en situación de especial vulnerabilidad ante la sequía, ya que podría dificultar la ejecución de las medidas necesarias para mejorar el estado de sus infraestructuras”.

Por otro lado, el Govern ha autorizado la firma del segundo convenio que próximamente suscribirá la Agencia Catalana del Agua (ACA) con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que establecerá el presupuesto para el saneamiento de las aguas residuales para los próximos cuatro años (2025-2028), con una aportación total superior a los 361 millones de euros. El acuerdo prevé la dotación presupuestaria necesaria para las siete plantas depuradoras (EDAR) situadas en el área metropolitana y que dan servicio a una población de más de 6 millones de personas: Begues, Gavà-Viladecans, Sant Adrià del Besòs, El Prat de Llobregat, Montcada Reixac, Sant Feliu de Llobregat y Vallvidrera.