El Govern extiende a otros 271 municipios las restricciones por la sequía y modula un nuevo régimen sancionador

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha decidido este martes extendera otros 217 municipios la situaicón de excepcionalidad de la sequía, lo que comporta restricciones. El número de poblaciones afectadas ya alcanza a 495, más de la mitad de los que existen en Cataluña (947). Con la medida, esas poblaciones tampoco podrán ahora usar agua para regar jardines, lavar coches y el consumo de agua se limita a 230 litros por día/ habitante, incluidas las actividades económicas y comerciales. La decisión ha coincidido con el debate en el Parlament sobre una proposición de ley de Junts sobre la sequía que culminará este jueves. Junts y PSC acusaron en un debate bronco al Govern de inacción pero han encarrilado con ERC un un nuevo régimen sancionador para los Ayuntamientos que incumplen las directrices del ACA sobre el consumo de agua.

El acuerdo no está cerrado, pero supone un balón de oxígeno para el Govern en minoría de Pere Aragonès, acorralado ahora por el fiasco de las oposiciones. El ejecutivo se quedó solo hace un mes al aprobar el decreto anti sequía y las sanciones para los municipios incumplidores. Los tres grandes partidos están ultimando un pacto para superar el escollo del régimen sancionador al ligar las multas a las obras de mejora en la red. ERC y el PSC han consensuado que las sanciones para los municipios que excedan el consumo del agua entrarán en vigor un mes después de que se publiquen la convocatoria de las ayudas para las obras para mejorar y evitar fugas. La previsión es que se aprueben después del verano.

Con el acuerdo, las tres partes ceden y firman la cuadratura del círculo: Junts tomó la iniciativa parlamentaria -está dispuesto a que las sanciones no empiecen el 1 de julio-; ERC recalca que siguen en vigor las multas a quienes no elaboren los planes anti sequía ni pasen los datos a la ACA y el PSC logra que los Ayuntamientos no queden señalados como culpables en plena precampaña y que se aplace el asunto hasta septiembre. “Para negociar hay que ceder”, dijo la socialista Alícia Romero, portavoz del PSC, que hace dos semanas aspiraba a derogar todas las sanciones. El documento de Junts -y también el de ERC- recoge que se impulsen mejoras por 50 millones de euros en ayudas para los municipios afectados.

Mientras se perfilaba el posible acuerdo. el director de la ACA, Samuel Reyes, ha comparecido tras la reunión del Govern y ha detallado que desde ahora también se verán afectadas, entre otras, las zonas aledañas a la cabecera del Ter, del medio Llobregat, y la abastecidas por el embalse de Darnius Boadellas. El director de la agencia ha achacado la decisión después de revisar el estado de las cuencas internas y, comprobar la tensión del déficit hídrico que hasta ahora no se veía afectada como la del Anoia-Gaià (engloba 38 municipios) o la de Cadaqués y otros 11 ayuntamientos que se abastecen del embalse de Darnius Boadella. Sallent o Berga también se verán afectados, al inscribirse dentro de la unidad Llobregat Medio.

Las lluvias del pasado fin de semana no han logrado revertir los indicadores que se mantienen negativos en zonas como la cabecera del Ter. “Las precipitaciones registradas no pueden acabar con meses de sequía”, ha explicado. Las restricciones entrarán en vigencia cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Generalitat, la próxima semana. La Generalitat ya está comenzando a informar a los municipios del cambio de estado de las implicaciones de ese nuevo estatus y ha adelantado se les hará acompañamiento. En ningún caso, las restricciones implican que se afecte el suministro de agua de boca y lo que está fijado es una reducción de hasta 40% en los usos agrícolas. Figueras, ha explicado Reyes, ha asegurado que el único municipio que ha sido multado por el ACA respecto a la sequía es Figueras. La sanción, ha añadido, se debe a que no presentó el plan de emergencia requerido por el Govern autonómico y no por superar el límite de consumo establecido en la situación de excepcionalidad.

Pese a la voluntad de acuerdo entre los grandes partidos, Junts y PSC han atacado al Govern por las medidas previstas para mitigar la escasez de agua acusándole de inacción y de nula planificación y de querer traspasar la culpa a los consistorios. Salvador Verges (Junts) ha acusado al Govern de “parálisis” y Sílvia Paneque (PSC) de “desorden y la desorientación”. La Generalitat replica que ha “consensuado con todos los sectores” las acciones a tomar. “De parálisis, nada de nada”, ha respondido Eugeni Villalbí, de ERC. Quien más beligerante ha sido en la réplica a la propuesta de Junts ha sido En Comú Podem. El diputado Lucas Ferro ha considerado que la proposición solo pretende suspender las sanciones a los ayuntamientos hasta después de las elecciones. “Para hacer campañita electoral regando parques y jardines”, ha dicho Ferro.

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