El Canal d‘Urgell cierra el grifo y deja en apuros la gran despensa de Cataluña

El verde todavía luce intenso en los campos de cebada y maíz de Linyola, uno de los 121 municipios bañados por el agua del Canal d’Urgell. Es solo cuestión de tiempo. Los agricultores que los cuidan están convencidos de que en un par de semanas el color mudará rápidamente al amarillo y confirmará lo que ya dan por hecho: la pérdida de la mayor parte de esa cosecha, así como la de la producción de peras y manzanas, con el riesgo de perder incluso los propios árboles. Es el último golpe de la sequía, que ha obligado a la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) a cerrar el grifo de agua en Lleida a una extensión de cultivos de cerca de 50.000 hectáreas, el equivalente a cinco veces Barcelona, consideradas la despensa de Cataluña. Es la primera vez en los 159 años de historia del canal que se toma una medida tan excepcional en pleno abril, apenas un mes después de haber iniciado la temporada.

El agua todavía corría este martes por los 6.000 kilómetros de canalizaciones que llegan a unas 50.000 parcelas y los agricultores seguían regando sus terrenos de cereal, como ha venido siendo tradicional, anegándolas durante las horas que se asigna a cada parcela. En el fondo, no han perdido la esperanza de que la lluvia aparezca en las próximas semanas y les permita salvar parte de la campaña después de haberle dedicado esfuerzos e inversiones en forma de semillas, abonos y los casi 200 euros por hectárea (cifra aproximada) que pagaron en marzo por el agua de toda la temporada. Apenas han podido regar durante un mes cuando se debería poder durante medio año.

Amadeu Ros, presidente de la Comunidad de Regantes de los Canals d’Urgell, estima que las pérdidas provocadas por la pérdida del cereal se situará en una horquilla de entre 30 y 40 millones de euros, mientras que el impacto que dejará la afectación sobre la fruta será mayor, en torno a los 350 millones de euros. “Sacamos producción en la pandemia, trabajamos durante la guerra de Ucrania… Nosotros no hemos parado ni un día”, reivindica el máximo responsable de la infraestructura que riega una tercera parte de las tierras de regadío catalanas.

La decisión de la CHE afecta solo a una parte, pero la mayor, de las zonas de influencia de los Canals d’Urgell. Mientras que los terrenos bañados por el canal auxiliar, de 78 kilómetros de largo, no se verán afectados porque mantendrán su dotación de agua, los que baña el canal principal (139 km) se verán totalmente impactados. El problema se encuentra unos kilómetros al norte: los pantanos que los alimentan, el de Rialb y Oliana, están de forma conjunta a un 12% de su capacidad.

Ahí radica la preocupación de Bernat Ramon, un joven de 34 años que ha seguido la tradición familiar de dedicarse al campo. “La parte del canal auxiliar la salvaremos, pero la otra dependerá de la dotación de agua que nos den”, afirma, expectante de que las negociaciones que los agricultores han iniciado con el Departamento de Acción Climática surtan efecto y se abra un poco la mano. “En los terrenos que dan al canal principal ya no hay nada que hacer con las cosechas de cereal, sobre los frutales si me dan agua quizás salve los árboles”, afirma, y recuerda que en julio llegarán los temporeros de Marruecos para hacer la cosecha y les tendrá que decir que se vuelvan a casa.

Las negociaciones se centran ahora en cómo limitar al máximo los daños de una actividad clave no solo para los campesinos, sino también para toda la cadena de industria agroalimentaria dependiente de la zona. Los campesinos no saben a qué atenerse. Si no se garantiza el agua para los frutales, deberán asumir que han perdido la producción, pero no habrá acabado ahí la cosa. Si no quieren matar de estrés a los árboles, tienen que eliminar todos los frutos que ahora cuelgan de sus ramas. E incluso así no está garantizado que los frutales resistan el verano sin lluvias ni riego.

”Si lloviera mucho, la alfalfa la salvaríamos, pero a los árboles se les ha de hacer caer la fruta y eso se tiene que decidir ya”, explica Jaume Pedrós, responsable de regadíos de Unió de Pagesos, que piensa en las ayudas que tendría que dar la Generalitat de Cataluña si opta por la pérdida de producción. La sequía es mucho peor que el granizo, del que algunos árboles están protegidos estos días de cielos claros: porque los seguros no cubren ninguna pérdida. “Venimos de no cargar nada el pasado año y ahora los árboles están cargados hasta arriba. Esta tenía que ser una buena cosecha”, explica Pedrós.

El agricultor, de 62 años y camionero hasta que pudo asumir las tierras familiares porque “el campo da para una familia pero no para dos”, está sentado sobre uno de los bloques de cemento en los que están las compuertas que reparten el agua hacia las parcelas. En la canalización parece que la falta de agua no ha hecho mella todavía. Pero Pedrós corrige. Faltan 30 centímetros. Y avisa que todavía bajará más por la noche, cuando el cierre del grifo se haya certificado. “De los cuatro metros de profundidad apenas quedará una lámina de 10 o 15 centímetros”. Será el caudal mínimo continuo de dos metros cúbicos por segundo para garantizar el agua de boca en verano y favorecer la supervivencia de los árboles frutales decretado por la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, acusó ayer al Gobierno de los efectos que tendrá el cierre del grifo en los Canals d’Urgell, al considerar que “no se ha aplicado ningún tipo de restricción, ninguna planificación racional del agua pese a que la sequía no empezó ayer”. El presidente de la comunidad de regantes dels Canals d’Urgell, Amadeu Ros, defendía la necesidad de modernizar el canal, de forma que se pueda ahorrar el agua utilizada con sistemas de goteo y aspersión que hagan más eficiente el regadío. El problema es que esas mejoras supondrían una inversión de 1.100 millones de euros. “Solo una pequeña parte de lo que acabará costando la línea 9 del metro, que se paga con los recursos de todos”, señala.

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