Los municipios buscan frenar las multas por consumo de agua para evitar el desgaste electoral

El decreto ley aprobado por el Gobierno catalán para tratar de mitigar el impacto de la sequía prevé sanciones de entre 10.000 y 150.000 euros para aquellos municipios que se salten el límite máximo de consumo de agua que tienen permitido en la actual situación de excepcionalidad. La Generalitat afirma que no se trata de una medida recaudatoria, sino que es un mecanismo disuasorio para evitar el despilfarro de agua, pero la amenaza de la multa genera contrariedad en los municipios, en muchos casos ya de por si agobiados por encontrar los recursos que garanticen el suministro de agua a sus vecinos. Y todo ello llega en plena previa electoral, con alcaldes y concejales preparándose para renovar sus cargos en los comicios municipales del 28 de mayo.

El Govern afronta la cumbre contra la sequía de este viernes con la intención de sumar la complicidad de otros partidos y consolidar las medidas y mandatos que desgrana el decreto ley. Pero, al equipo de Pere Aragonès no se le presenta una jornada plácida. El PSC se erige como altavoz de defensa de los municipios. “Si se empieza a poner multas, mal vamos”, advierte Salvador Illa, y le pide al Govern pasar “de la fiscalización a la colaboración”. Actitud parecida muestra Junts, que ya ha dado ejemplos reiterados de que no piensa facilitarle ninguna gestión al Govern. “De la sequía sólo saldremos adelante si cooperamos. Si entramos en una guerra entre administraciones no avanzaremos”, manifiestan fuentes del partido. Junts también propondrá en la cumbre derogar el régimen sancionador a los ayuntamientos.

Más allá de las posibles sanciones por incumplir los topes de consumo o por no presentar los planes de emergencia de sequía, para los consistorios supone una contrariedad acarrear la responsabilidad de multar posibles incumplimientos de vecinos en plena campaña para los comicios municipales del 28 de mayo. La Agencia Catalana del Agua (ACA) se escuda en que la gestión del agua es competencia municipal. “Al final, la Generalitat ha acabado traspasando la responsabilidad a los ayuntamientos a tres meses de las elecciones. A ningún alcalde le hará gracia tener que bajar las presiones de los grifos o sancionar a vecinos”, explica un teniente de alcalde de una gran población del área metropolitana de Barcelona. A parte de las restricciones ya en marcha como el veto al riego de jardines o al lavado de coches con agua potable, la merma de la presión de los grifos es una de las próximas restricciones que los ciudadanos (si finalmente se concreta) podrán percibir durante estos meses. La medida puede ejecutarse ya en esta fase de excepcionalidad de manera discrecional en los municipios donde se detecte unos consumos desproporcionados.

El mismo teniente de alcalde se queja además de falta de medios de los ayuntamientos para controlar posibles incumplimientos de los ciudadanos, una competencia que, entienden, recaerá sobre las policías locales. “En estos 30 meses que llevamos sin lluvia la Agencia Catalana del Agua no ha elaborado un plan elaborado y con tiempo. El decreto aprobado por el Govern se hizo a toda prisa y sin consenso”, critica este edil, que aguarda a lo que se decida en la reunión del viernes.

Las reuniones entre Govern y los municipios se ha intensificado durante las últimas semanas, y desde el poder local crecen las voces de que existe falta de coordinación con la Generalitat. Algunos no tienen claro cómo actuarán ante una situación que tiene visos de empeorar este verano, y con una temporada turística que se atisba de récord.

A parte de la tensión entre municipios y Generalitat por la gestión de la sequía, el conflicto también puede contagiarse entre las propias poblaciones, entra las que cumplen y las que no. “Se avista una guerra de agua en el territorio”, explica otra fuente municipal. Fuentes de la AMB explican que en reuniones técnicas se ha pedido al ACA que publique la lista con todos los consumos por poblaciones en Cataluña para que se vean los incumplidores. Estas fuentes apuntan que en la Cataluña interior hay municipios donde el consumo se dispara muy por encima del recomendado y creen que ya se podrían aplicarse medidas más severas como reducir la presión.

La realidad es también que a algunos ayuntamientos la declaración de excepcionalidad del pasado 28 de febrero les pilló con el pie cambiado y sin su plan de sequía presentado. Según la última actualización del ACA, de hace una semana, 9 ayuntamientos no habían presentado los planes antisequía, aunque fueron desde 2020 requeridos para hacerlo. Siete de ellos están gobernados por el PSC: Cornellà (Barcelona), Calafell (Tarragona), Cerdanyola (Barcelona), Esparraguera (Barcelona), Molins (Barcelona) y Viladecans (Barcelona). La lista la completan uno de Junts: Valls (Barcelona), uno de ERC: Figueres (Girona) y otro de Ara decidim: Ripollet (Barcelona). Desde la AMB adelantan, sin embargo, que los cinco municipios del cinturón barcelonés que quedaban pendientes para elaborar sus planes ya los han terminado y aguardan a la actualización de datos de la actualización de datos de la ACA.

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