Aragonès intenta salvar el decreto antisequía con la celebración de la cumbre de partidos en 10 días

El Govern ha revelado este martes que la cumbre de partidos para abordar la sequía, que el president anunció hace dos semanas en el Parlament, se celebrará finalmente el próximo viernes día 31. La convocatoria, anunciada por la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, se ha producido la víspera del debate y la votación en el Parlament del decreto-ley sobre las medidas excepcionales para combatir la falta de agua. Con la cumbre, Aragonès intenta persuadir a la oposición que ha dejado en el aire el sentido de su voto sobre si convalidará el texto o votará a favor de que decaiga. La mayoría de grupos critica la falta de diálogo y de consenso del Govern pese a que se sustenta en una débil mayoría de 33 diputados sobre 135.

Tras la celebración del Consell Executiu, la portavoz Patrícia Plaja ha afirmado que el Ejecutivo confía en que la oposición haga un ejercicio de “responsabilidad” al sostener que el decreto-ley contiene tres objetivos “claros y prioritarios”. “No solo interesa Govern sino al conjunto de la población. Proteger los abastecimientos de agua en todo el territorio, agilizar los trámites necesarios y disuadir los incumplimientos insolidarios”, ha dicho en alusión, por ejemplo, a posibles multas a Ayuntamientos que no han confeccionado su plan antisequía. Las sanciones para los municipios mayores de 20.000 habitantes que no han registrado ese documento están estipuladas en 10.000 euros.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) requirió ya en 2020 a los Consistorios que realizaran ese plan. La posible multa ha enervado especialmente a los socialistas que sostienen que el Govern intenta responsabilizar a los municipios de su inacción durante una década. De los 11 alcaldes que no han realizado el programa, siete son del PSC. La votación está prevista para este miércoles al mediodía y ni PSC, Junts, comunes y la CUP han revelado qué votarán al escudarse en que están analizando su decisión. Dos de ellos, socialistas y En Comú Podem, eso si, han apuntado que desean que se tramite como proyecto de ley para poder hacer aportaciones y posibles modificaciones. Los comunes descartan votar a favor y sopesan abstenerse.

No es la primera vez que un decreto-ley del Govern llega al Parlament envuelto en el suspense por la duda sobre si será convalidado o no. El Ejecutivo aprobó, por ejemplo, en octubre el decreto-ley sobre pagos diferidos de 376 millones de Salud y la oposición bloqueó su aprobación hasta diciembre. En enero, en medio de la negociación presupuestaria, PSC y Junts hicieron una pinza y si convalidaron el decreto-ley sobre medidas financieras que obligaron a tramitar como proyecto de ley. Los diferentes grupos apuntan diferentes sensibilidades sobre la política del agua pero comparten el mismo diagnóstico: que el Govern no negocia. “Es el funcionamiento general del Govern poco acostumbrado a consensuar, dialogar y acordar”, ha asegurado el diputado de los comunes David Cid.

Alícia Romero, portavoz del PSC, ya pidió el día de la aprobación de los Presupuestos que el Govern debía de aprender de la lección y consensuar. “Tienen que aceptar su minoría”, dijo apuntando que uno de los nuevos retos era el de afrontar la sequía. Junts ha denunciado que el Ejecutivo solo le ha contestado un tercio de las 400 preguntas que le ha formulado y que tampoco ha llamado a su puerta para abordar el decreto. “El Govern va a la suya y no ha pactado nada. Junts trabaja con el mundo local y el sector primario afectados por esta sequia”, ha apuntado la portavoz Mónica Sales.

Los dos partidos pequeños de izquierda han sido si cabe más contundentes y coinciden en que el decreto llega tarde porque Cataluña lleva más de 25 meses sin lluvia. La CUP niega la mayor porque de entrada el decreto lleva la etiqueta de excepcional cuando la climatología dice que la situación ya no lo es. “Hace falta un giro en las políticas de agua. No podemos seguir avalando un modelo depredador con más aviones, más turistas o con el Hard Rock porque no tenemos más recursos”, ha alegado el anticapitalista Dani Cornellà.

Los comunes sostienen que al Govern merece un “toque de atención” por no haber dialogar ni planificar. La formación quiere aprovechar la votación pare reabrir el debate de aspectos que no figuran en el decreto pero sí que están en el plan de sequía, que es la que fija las restricciones, y la necesidad de aplicar medidas para evitar fugas de agua. “Hay debates que el Govern no quiere abrir como el riesgo de los campos de golf o el de los cruceros en los Puertos de Tarragona y Barcelona”, ha dicho Cid en el sentido de que es una contradicción fijar medidas de ahorro en el sector primario y no en los cruceros.

Reunión entre ministerio y Generalitat

Por el momento, el embrollo político en torno a la sequía en Cataluña parece que se limitará a la política autonómica, pese a las duras críticas que la consejera de Acción Climática de la Generalitat, Teresa Jordà, lanzó el pasado 28 de febrero sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), dependiente del ministerio de Transición Ecológica del Gobierno. El CHE tiene las competencias en planificación de las cuencas intercomunitarias del Ebro, lo que supone prácticamente la mitad del territorio catalán. La otra mitad (cuencas internas) está gestionada por la Generalitat y es donde el Govern declaró el estado de excepcionalidad. Jordà había acusado a la confederación de “no hacer los deberes” en materia de ahorro de agua y pidió una reunión con la confederación para abordar la cuestión. “Que nos expliquen qué medidas van a adoptar”, añadió la consejera respecto a los canales de Urgell en Mollerussa, donde la sequía está haciendo grandes estragos.

La reunión que pedía Jordà finalmente se realizó ayer en Zaragoza. Aunque ya antes, el pasado viernes, la consejera aprovechó unas jornadas agrícolas en Lleida para adelantar que en ella exigiría que Cataluña “se quedara” el agua sobrante tras la modernización del regadío del Canal d’Urgell, una obra prevista para este año y con un presupuesto de 118 millones. Tras el encuentro de ayer, fuentes de la Generalitat valoraron como “positiva” la reunión entre el secretario de Agenda Rural de la Generalitat, Oriol Anson, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),María Dolores Pascual.

Estas fuentes aseguran que la confederación está “de acuerdo” en que el agua ahorrada tras la mejora del canal sea el Govern “el que gestione la reserva de agua adicional dentro de territorio”. Por su parte, fuentes de la confederación explican que hay máxima voluntad de colaboración entre ambas administraciones en materia de riego y de agua. Las cuenca del Segre se encuentra en estado de “emergencia”, desde el pasado agosto. Los regantes decidieron que durante esta temporada de riego, que se iniciará la próxima semana, se limite el uso de agua un 40%, el mismo volumen que la Generalitat ha impuesto para el sistema Ter-Llobregat.

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