La oposición deja en el aire la aprobación del decreto antisequía del Govern

El Govern aspira a que el Parlament convalide el decreto antisequía que aprobó hace dos semanas pero la oposición, de momento, no garantiza que prospere. El decreto permite, entre otras medidas, suspender 48 horas la captación de agua con usos diferentes al del consumo humano así como sanciones de 150.000 euros por los incumplimientos más graves de las medidas antisequía y de 10.000 euros para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que aún no han presentado sus planes contra la falta de agua. La oposición no reveló ayer su voto pero el PSC mostró su profunda irritación con esta última medida que afecta a varios de sus alcaldes y los comunes quieren mejoras para evitar los usos “escandalosos del agua” en espacios recreativos.

Con 33 diputados sobre 135, el Ejecutivo necesita de forma ineludible pactar con la oposición para que el decreto ley no decaiga. PSC, los comunes y Junts estaban decidiendo su posición pero las dos fuerzas de izquierda ya avanzaron que quieren que el decreto, si se aprueba, se tramite como proyecto de ley. Elia Tortolero, portavoz del PSC, acusó al Govern de pasividad en las políticas de agua durante 10 años y de querer revertir ahora esa inacción sancionando a los Ayuntamientos. “Es una irresponsabilidad”, dijo, avisando de que no quieren que el Ejecutivo haga un “abuso de poder” con sus 33 escaños.

Salvador Illa, líder del PSC, remitió la semana pasada al president Pere Aragonès, una misiva en la que le expresaba la necesidad de impulsar una política de cooperación entre administraciones, empresas suministradoras y usuarios. En la carta, el jefe de la oposición expresaba una lista de reproches: que la Agencia Catalana del Agua (ACA) solo ejecutó en 2022 el 20,79% de sus inversiones y reclamó diligencia para acelerar las inversiones que afectan al ciclo de agua y que pactó en los Presupuestos por un importe de 760 millones.

La carta, de la que esperan respuesta, es toda una declaración de intenciones porque Illa le traslada al president que debía de haber convocado la cumbre antisequía que anunció hace dos semanas antes de aprobar el decreto. Los socialistas advierten desde hace semanas al Ejecutivo de que debe asumir su fragilidad y negociar, también los decretos leyes.

Según la última actualización de la ACA, de hace una semana, 11 ayuntamientos no han presentado los planes antisequía. Siete de ellos están gobernados por el PSC: Cornellà, Calafell, Cerdanyola, Esparraguera, Molins, Vendrell y Viladecans. La lista la completan dos de Junts (Les Franqueses y Valls), uno de ERC (Figueres) y otro de Ara decidim (Ripollet). Joan Mena, de los comunes, explicó que su grupo quiere hacer aportaciones y que es necesaria una “reflexión”. “Hay que regular los usos escandalosos del agua”, dijo en alusión al futuro Hard Rock o al riego de campos de golf.

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