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Más de la mitad de los grandes municipios catalanes no tienen listos sus planes de sequía

El Govern abre expedientes sancionadores a una quincena por reiterados incumplimientos

Sequía en el pantano de Rialb, a 28 de febrero de 2023, en Lleida.
Sequía en el pantano de Rialb, a 28 de febrero de 2023, en Lleida.Marc Trilla (Europa Press)
Carlos Garfella

Un total de 14 municipios de los 64 con más de 20.000 habitantes de Cataluña aún no habían presentado a última hora de ayer los planes de emergencia locales contra la sequía que el Govern exige desde 2020. Solo 23 (entre ellos, Barcelona) han presentado un plan que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha tramitado ya como favorable. El resto de los 27 municipios que lo han entregado o bien han recibido una valoración desfavorable (Tarragona, Salou o El Prat de Llobregat, entre otros) o el plan aún está siendo evaluado por el Govern. Es decir, 41 (un 64%) aún no tienen sus reglamentos listos y aprobados en plenas restricciones de agua.

Fuentes de la ACA piden a los municipios máxima responsabilidad y confirman a este diario que el Govern ya ha abierto un procedimiento administrativo a “una quincena” de localidades de las cuencas internas que, tras reiterados requerimientos de información sobre el consumo de agua en sus poblaciones, todavía no la han aportado. El organismo en gestión del agua de la comunidad evita dar los nombres de estos municipios porque, explican estas fuentes, el proceso sancionador no ha concluido y quieren evitar señalar a las poblaciones. Las mismas fuentes añaden la importancia de que las poblaciones proporcionen datos para que se pueda hacer un examen detallado de la grave situación con el agua.

Los planes de emergencia municipales son documentos en los que las localidades definen medidas específicas a aplicar en contra la sequía adaptadas a su propias particularidades para reducir el consumo de agua. Los municipios de más de 20.000 habitantes tenían un margen de seis meses para presentar los planes a partir del 8 de enero de 2020, cuando fue aprobado el Plan Especial de la Sequía. Los municipios que ayer todavía constaban en la base de datos como “no presentados” son: Badalona, Banyoles, Calafell, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Figueres, Les Franqueses del Vallès, Molins de Rei, Ripollet, Sant Feliu de Guíxols, Valls, El Vendrell y Viladecans.


Hay algunos, como Badalona, la tercera ciudad en población de Cataluña (223.000 habitantes), que ante la amenaza de sanción han presentado este miércoles su plan. El tercer teniente de Alcaldía, David Torrents (Junts), explica a este diario que el Consistorio acaba de presentar su plan, y achaca el retraso a un “problema técnico”. Torrents asegura que el plan ya estaba listo desde hacía meses, pero que faltaba la firma de una ingeniera habilitada para poder presentarlo.

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La ACA requiere que los planes de emergencia tengan datos básicos como una descripción general suficiente de la red de abastecimiento como para poder conocer su funcionamiento general y sus principales particularidades, así como una lista detallada de todas las fuentes de suministro, como todos los pozos o depósitos. El Govern apremia a que detecten las posibles fuentes propias de agua en desuso, a parte de estudiar cuáles serían las tareas necesarias para poner en marcha fuentes alternativas en caso de necesidad”, recoge el documento de recomendaciones que la ACA mandó a los municipios en abril de 2020.

Precisamente el decreto ley aprobado por la Generalitat el martes, aún pendiente de publicación y al que ha tenido acceso este diario, reserva un artículo para estos casos en el nuevo régimen sancionador que la Generalitat aplicará durante los próximos meses ante una grave sequía (la peor desde que existen registros) que ha forzado a ampliar las restricciones a unos 6 millones de habitantes. “El incumplimiento del deber de presentación del plan de emergencia en situación de sequía previsto en el Plan especial de actuación de la situación de alerta y eventual sequía requerido por la ACA es una infracción leve y se sanciona con una multa de 10.000 euros”, recoge la norma.


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Sobre la firma

Carlos Garfella
Es redactor de la delegación de Barcelona desde 2016. Cubre temas ambientales, con un especial interés en el Mediterráneo y los Pirineos. Es graduado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, Máster en Periodismo de EL PAÍS y actualmente cursa la carrera de Filosofía por la UNED. Ha colaborado para otros medios como IB3 y Ctxt.

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