Cataluña y Barcelona: dos gobiernos ‘sin oposición’

El reparto de papeles de la política reserva una actuación relevante para la oposición, con capacidad para tornarse en protagonista si quien gobierna se halla solo ante el peligro. El guion no siempre se cumple. Ni la Generalitat de Cataluña ni el Ayuntamiento de Barcelona habían tenido hasta la fecha unos gobiernos tan débiles. El president Salvador Illa gobierna con 42 de los 135 diputados en el Parlament (lejos de la mayoría de 68). Y el alcalde Jaume Collboni solo tiene 10 de los 41 concejales del pleno (menos de la mitad de la mayoría, que está en 21). Pero, en una situación insólita, ambos mandatarios exhiben sintonía, ejercen sus puestos como si disfrutaran de un cómodo respaldo y, salvo en las negociaciones para aprobar los presupuestos, la oposición apenas logra hacer valer su trascendencia.

Salvador Illa ha arrancado su mandato en la Generalitat con la idea de generar poco ruido y dar apariencia de normalidad y estabilidad institucional. Incluso ha escenificado una suerte de rehabilitación pública del expresidente Jordi Pujol, al que agasajó el martes en el Palau de la Generalitat: “Es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña”, dijo Illa. La mano tendida al poderoso, y controvertido, legado de Convergència encaja con la voluntad socialista de anestesiar la confrontación. Pero el plan no puede avanzar sin cierta colaboración y, en este sentido, las miradas se fijan en Junts per Catalunya. Transcurrido un mes y medio desde la toma de posesión de Illa, Junts no ha concretado quién asume la condición de jefe de la oposición. Carles Puigdemont sigue instalado en Bélgica para evitar el riesgo de ser detenido si regresa a Cataluña y, sin el líder plenamente habilitado, es Jordi Turull, secretario general del partido, quien pone la voz y la cara, a costa de minimizar las atribuciones del presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet.

“El hecho de no asumir el papel de jefe de la oposición es simbólico, pero también conlleva renunciar a construir una oposición y ponerle una cara visible”, manifiesta una fuente de Junts en el Parlament. El grupo parlamentario de JxCat tiene previsto despejar incógnitas en un viaje a Bélgica para reunirse con Puigdemont. La cita está programada para la primera semana de octubre. Mientras, la indecisión allana el camino del Govern, que maniobra sin apenas topar con reproches. Tras pactar la investidura de Illa con ERC y los Comuns, el PSC se atreve incluso a promover iniciativas que escuecen a sus aliados, como es el caso de la ampliación del aeropuerto de Barcelona o las atenciones con la escuela concertada.

La situación en Cataluña contrasta con el rol que ha asumido Junts en el Congreso. Su desaire a la iniciativa para poder regular los alquileres de temporada ha arrojado contra el partido un torbellino de críticas por paralizar una propuesta que trata de poner coto aparte de los abusos que se producen en el mercado de la vivienda. Junts ha tratado de alegar que, pese a que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, no se le puede exigir fidelidad al Gobierno porque no forma parte de “ningún bloque” en el Congreso. Pero sus rivales, principalmente Esquerra Republicana, advierten de que JxCat cada vez está más cerca de alinearse, junto al PP y Vox, en el equipo que pelea por provocar un cambio de Gobierno. Mientras la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, se siente cómoda en el papel de látigo contra Pedro Sánchez, la formación mantiene en pausa sus funciones como principal partido de la oposición en el Parlament.

En el Ayuntamiento de Barcelona, Collboni ni siquiera ganó las elecciones. Quedó segundo, tras el exalcalde Xavier Trias, a quien Junts suplicó que fuera su cabeza de lista y logró ganar tanto al socialista como a la exalcaldesa Ada Colau. Collboni, que ya gobernó como socio minoritario con Colau durante dos mandatos, fue investido con los votos de los comunes y los del PP. Después, alcanzó un acuerdo con el grupo municipal de ERC para incorporar a sus cinco concejales, pero no se ha materializado. Primero, el adelanto electoral de las últimas autonómicas lo aplazó. Y luego los concejales de ERC quisieron entrar a toda prisa y la militancia les dio la espalda. Ahora, cualquier decisión en el universo republicano está congelada, a la espera de que en noviembre la formación decida quién será su líder.

Tras casi un año y medio en el cargo, Collboni se está dando un paseo triunfal. Y sus dos grandes rivales a izquierda y derecha, Trias y Colau, no estarán en lo que queda de mandato: el primero se marchó en julio y la segunda lo hará en octubre. En Junts, cuyo grupo municipal todavía mantiene el nombre de Trias per Barcelona, el presidente del grupo será Jordi Martí, y ha anunciado que centrará su oposición en lo que más preocupa a los barceloneses, según las encuestas municipales: seguridad y vivienda. En Barcelona en comú, el relevo lo tomará Janet Sanz, que esta semana fijó tres prioridades: decrecimiento turístico y vivienda, hacer más calles peatonales como Consell de Cent y reducir el coste de la vida en Barcelona. En concreto, Sanz exigió al alcalde para votar sus presupuestos la eliminación de dos terminales de cruceros y regular los alquileres de temporada con la normativa urbanística municipal.

Mientras, el alcalde aprobó el actual presupuesto por cuestión de confianza: un recurso por el cual el alcalde presenta las cuentas y si en el plazo de un mes no hay una mayoría alternativa que le eche del puesto, quedan aprobadas. Ahora afronta la negociación de los números de 2025. Hasta ahora, su gestión se ha apoyado mucho en el Pla Endreça (para poner orden en limpieza y seguridad), en un notable esfuerzo por estar presente en actos de barrios, entidades o colectivos. Y también en anuncios de proyectos a medio plazo o que incluso trascienden a su mandato. Es el caso del cierre de 10.000 pisos turísticos en 2028 (depende de un decreto autonómico recurrido ante el Tribunal Constitucional) o presumir de las inversiones previstas por todas las administraciones en el horizonte de tres mandatos (10.600 millones de euros). Como ocurre con todos los alcaldes, Collboni hereda la ejecución de planes del mandato anterior. El socialista, por el contrario, está demorando votaciones para las que sí necesita mayoría, como la flexibilización del plan de alojamientos turísticos o la obligación de que los promotores destinen un 30% de los nuevos pisos a vivienda social.

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