Cataluña entra en emergencia ante la peor sequía jamás registrada

Una Cataluña prácticamente seca ha dado al botón rojo de la emergencia para casi el 80% de la población tras 40 meses (más de tres años) de la peor sequía que ha sufrido la comunidad desde que existen registros, hace más de un siglo (1916). La emergencia en el sistema Ter-Llobregat, el que abastece a la mayoría de la población, entrara en vigor este viernes, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Se trata de la peor fase que estipula el Plan Especial de Sequía (PES) y en la que se aplican las restricciones más severas para la industria, la agricultura y el consumo doméstico de los hogares. La emergencia se extenderá a Barcelona, Girona y a 200 municipios más, que se unirán a los 37 de Girona y Tarragona, donde ya estaba vigente. En total, seis millones de personas. Lo ha anunciado este jueves el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una rueda de prensa extraordinaria. El president ha llamado a la ciudadanía a una lucha conjunta contra la sequía, como ocurrió con la pandemia de la covid: “La crisis climática nos está poniendo a prueba como en la pandemia”, ha añadido.

En total, casi seis millones personas que por lo pronto deberán limitar su consumo a 200 litros por habitante y día, aparte de seguir aplicando restricciones ya vigentes, como la prohibición de regar jardines, lavar el coche si no es en establecimientos comerciales específicos que utilicen recirculación de agua o llenar piscinas. “Es la peor sequía jamás registrada”, ha dicho el president. El abastecimiento de todas estas 239 localidades en emergencia dependen de la Generalitat, competente en la gestión de las cuencas internas, al contrario que las poblaciones que se nutren del río Ebro (entre ellas la ciudad de Lleida), unidades hidrográficas dependientes de la Confederación Hidrológica del Ebro, dependiente del Ministerio, y donde la situación es mejor.

Los embalses se sitúan hoy al 15,8% y la falta de previsiones de lluvias a medio plazo han atrapado a la comunidad en el largo túnel sin final a la vista y con consecuencias económicas y políticas todavía inciertas. Barcelona y toda su densa área metropolitana entrará en esta fase tan extrema de emergencia por primera vez desde que en 2007 el entonces Govern tripartito (PSC, ERC e Iniciativa) se viera forzado a aprobar un decreto donde se estipulaban los escenarios de prealerta, alerta, excepcionalidad y emergencia (hoy recogidos en el actual Plan de Sequía de 2020), así como las restricciones a aplicar en cada uno de estos escenarios. Entre ellas, bajar la presión de los grifos en los municipios con mayores consumos. En paralelo, los otros sistemas hidrológicos desconectados de los grandes embalses de las cuencas internas (como los municipios pirenaicos que se nutren de acuíferos propios o de las cabeceras del Llobregat y del Ter), la situación se mantiene en excepcionalidad, sin descartarse que estas poblaciones mucho menos pobladas pasen también a emergencia en las próximas semanas.

El consejero de Acción Climática, David Mascort, ha anunciado en la rueda de prensa conjunta que se reunirá el lunes con la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera. En esa reunión, ha explicado Mascort, se tratará un hipotético traslado de agua desde otros territorios en el caso de que sea necesario en los próximos meses: “Las conversaciones con el ministerio son fluidas. Seguro encontraremos la fórmula, si es necesario (tomar esa medida)”. Fuentes de la consejería confirman que la reunión, en donde se tratará también la financiación de infraestructuras, será solo entre Mascort y Ribera, sin que participen otros departamentos. El Govern abrió en diciembre la posibilidad de volver a traer agua (como ya hizo en la sequía 2008) en barco antes de verano si las lluvias no llegan. El anuncio revivió la tensión entre territorios como Baleares o Murcia, reacios a que se ceda agua de sus desaladoras, como adelantó este diario. Según Mascort, tanto él como la Administración central coincidirían en que “si hay que traer el agua no es tan relevante de dónde viene, sino el hecho de que si hace falta agua, el agua vendrá”, ha respondido a preguntas específicas sobre Baleares y Murcia.

Tres fases escalonadas

El Ejecutivo catalán ha diseñado tres fases escalonadas donde casi seis millones de personas de los municipios afectados se irán adentrando conforme avance la gravedad de la sequía. La emergencia tiene tres subfases: emergencia I, emergencia II y emergencia III. En la primera etapa, no se podrá consumir más de 200 litros por habitante y día; un umbral que bajará a 180 litros en la segunda; y a 160 litros en la tercera. El inicio de cada escenario lo marcarán el nivel de los embalses. Además de las medidas en el consumo humano, la agricultura restringirá un 80% el uso de agua para regar; la ganadería, un 50%; y, la industria, un 25%. Tampoco se podrán iniciar nuevos proyectos que requieran un uso intensivo de los recursos hídricos, como granjas, planes urbanísticos o turísticos. Tanto las piscinas como los centro deportivos tendrán que ajustarse a las normativas de cada escalón de la emergencia. En fases más graves, cualquier tipo de centro deportivo deberá cerrar las duchas.

Gran parte de los discursos de Aragonès y Mascort para anunciar la entrada en la emergencia han estado centrados en llamar a la ciudadanía a un ahorro generalizado, al mismo tiempo que defendían la gestión de la sequía durante estos últimos meses. “Superaremos la sequía y lo haremos gracias a la colaboración y a la planificación y a las inversiones bien dirigidas”, ha dicho Aragonès. Después, Mascort ha hecho un llamamiento a la calma: “No nos quedaremos sin agua, sino que tendremos menos agua”, ha dicho el consejero en referencia a la capacidad de la comunidad en producir agua potable a través de las plantas desaladoras y de regeneración (potabilizar agua residual). Es decir, que aunque los embalses puedan secarse completamente, la comunidad podría subsistir con el agua producida mediante la tecnología. Fuentes del departamento de Acción Climática explican que las previsiones meteorológicas siguen siendo malas y a corto y medio plazo no se pronostica entradas de precipitaciones.

Sanciones

Los ayuntamientos que sobrepasen los volúmenes de media establecidos se enfrentan a sanciones, como ya ha ocurrido con el turístico Begur o Palau-Saverdera (Girona), multados con 54.000 y 19.000 euros, respectivamente. El consejero ha dicho que se han abierto 100 expedientes sancionadores a municipios incumplidores en base al régimen sancionador que aprobaron el pasado año. El Govern busca así presionar a las administraciones locales para que hagan un control más exhaustivo de los consumos entre los vecinos. Para que los municipios califiquen la infracción y calculen la multa se tiene en cuenta el impacto de las acciones en el contexto hídrico de cada zona. Así, acciones tan cotidianas como lavar el coche o regar el jardín de casa, en Barcelona y alrededores, podrán conllevar multas de 30 y 50 euros.

La insólita fase de emergencia se veía casi improbable en noviembre de 2022, cuando se activó la primera alerta por sequía generalizada en el sistema hidrológico Ter-Llobregat, el que abastece Barcelona. Entonces, el Govern se agarraba a la capacidad de la comunidad en producir agua potable gracias a las plantas de desalación y regeneración de agua (al máximo funcionamiento desde hace más de dos años) que se desplegaron durante el tripartito para hacer frente a la histórica sequía de 2007. La entonces consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, insistía en 2022, tras declarar la primera alerta, que la comunidad estaba mucho mejor preparada que 2007 para hacer frente a la actual situación.

Otras voces del Govern insistían entonces en que decisiones casi distópicas, como transportar agua en barco desde otras regiones (como ya ocurrió en 2008), eran ya cosas del pasado. Pero la realidad climática ha sido más testaruda y pone en aprietos el consumo doméstico de una gran ciudad europea y turística como Barcelona, ahora condenada a convertirse en un gigante laboratorio para hacer frente las largas sequías que trae consigo la era del cambio climático. “Ganaremos un futuro en el que seamos mucho más resilientes con el cambio climático”, ha enfatizado Aragonès. Hoy, 1 de febrero, en Barcelona se han alcanzado los 17 grados centígrados.

Barcos como solución, entrada del Procicat y críticas ecologistas

Aunque el Govern ha asegurado en reiteradas ocasiones que los barcos con cargamentos de agua no son una solución para la sequía, Mascort ha explicado en la rueda de prensa de este jueves que estos buques “ayudarán” a aquellas actividades económicas que necesiten una cantidad mínima indispensable para su funcionamiento en el futuro de esta crisis hídrica. De hecho, se reunirá el próximo lunes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar las opciones disponibles. El consejero también ha afirmado que el Procicat, el órgano que gestionó la pandemia, actuará si las reservas de los embalses llegan al límite y haya que tomar decisiones para evitar aún más la afectación de la población.

Además, grupos ecologistas como Aigua es Vida o Greenpeace han vuelto a criticar la gestión del Plan Especial de Sequía tras la declaración de emergencia. Las plataformas, que han subido a Motjuïc (Barcelona) portando una pancarta donde se podía leer “Cambio climático+mala gestión = sequía”, subrayan que la Generalitat no está tomando las medidas adecuadas en relación al turismo, que señalan como uno de las áreas más demandantes de agua y como uno de los sectores cuyas cifras de consumo no se dan a conocer. También, las entidades alertan en un comunicado emitido este jueves que el modelo agrícola y ganadero “dejan inservibles” hasta un 57% de las aguas subterráneas que podrían ser aprovechadas en tiempos de sequía

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