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La Generalitat se prepara para restricciones duras de agua en el área de Barcelona antes de diciembre

El Govern decreta la situación de excepcionalidad en 23 municipios más y Vallirana solicita pasar a situación de emergencia

El president Pere Aragonès, momentos antes de la reunión semanal del Govern.
El president Pere Aragonès, momentos antes de la reunión semanal del Govern.Marta Perez (EFE)

La situación de sequía en Cataluña es tan extrema que, probablemente, la ciudad de Barcelona y su área metropolitana pasen a la situación de emergencia en las próximas semanas. La Agencia Catalana del Agua (ACA) había barajado la posibilidad de que la capital catalana tuviera que someterse a las restricciones más duras en diciembre, pero los “pésimos” registros de pluviometría de septiembre y octubre pueden acelerar los planes. Samuel Reyes, director de la ACA, admitió este martes que es “bastante probable” que Barcelona y el área metropolitana entren en fase de emergencia antes del próximo mes. Esa fase comporta reducir el consumo por debajo de los 200 litros por habitante y otras medidas de contención de los recursos.

El Ayuntamiento de Vallirana (Baix Llobregat) lo pidió de forma voluntaria y es, desde el martes, el primer municipio metropolitano en fase de emergencia (son ya 37). El plan anti sequía contempla tres estadios en función de la gravedad de la sequía a los que les corresponden diferentes grados de restricciones. En principio, la fase de emergencia no debería implicar que deje de salir agua del grifo. Actualmente, hay 70 municipios en Cataluña, la mayoría pequeños, que están en ese caso. Con una población de 4.000 habitantes, L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) es uno de ellos. La población sufre 11 horas de restricciones —de 22.00 a 9.00— y este jueves se presentará un acuerdo en la Diputación para hacer obras por valor de 1,5 millones de euros que le permitan conectarse a la red del Consorcio de Aguas de Tarragona.

El Govern, que celebró su reunión semanal, acordó decretar también la situación de excepcionalidad a 23 nuevos municipios de la cabecera del Ter-Llobregat, que afecta a 15.000 personas. Patrícia Plaja, portavoz del Govern, afirmó que la situación es “extremadamente preocupante”. “No solo no ha mejorado en los últimos meses, sino que ha empeorado muchísimo. Cada gota suma y ha llegado el momento de que seamos plenamente conscientes y cerrar el grifo”, avisó.

Ocho medidas para ahorrar

Estas son las ocho medidas principales en la fase de la emergencia.

1. Solo se pueden consumir 200 litros por habitante al día incluyendo actividades económicas y comerciales. La ACA afirma que el consumo ideal son 90 litros al día.

2. No se pueden llenar las piscinas.

3. Queda prohibido el riego de árboles y zonas verdes. Solo se contempla el recurso a aguas freáticas para la supervivencia de árboles singulares o de carácter monumental en espacios públicos.

4. No se pueden limpiar los coches salvo en establecimientos destinados a ello.

5. Se prohíbe usar agua potable para regar calles o limpiar el mobiliario urbano.

6. No se pueden llenar fuentes ornamentales.

7. Queda prohibido el uso de agua para eliminar polvo y materia de suspensión.

8. El uso en las granjas queda limitado para abastecer y limpiar animales así como los recintos.

Reyes admitió que es prácticamente “inevitable” no entrar en emergencia este 2023 y subrayó que la situación es tan crítica que la capacidad de los embalses ha caído por primera vez por debajo del 20% —ayer se situó en el 19%— tras la falta de los episodios de lluvias continuadas en las cabeceras de los ríos. Puso como ejemplo que la media anual de agua de lluvia caída en el Muga, el Ter y el Llobregat se sitúa históricamente en torno a los 800 y 900 litros y ahora es, respectivamente, de 370, 250 y 270. “En la cabecera del Muga no ha caído estos meses ni una gota”, afirmó.

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Ante esta situación, el Govern aprobó subvenciones por un valor de 10 millones de euros para recuperar pozos. Paralelamente, la ACA está impulsando y anticipando los proyectos de construcción de dos nuevas plantas potabilizadoras en el Besòs que estaban planificadas inicialmente entre 2027 y 2033. “Hemos empezado a hacer pozos, ver su capacidad de extracción y sondeos para conocer la calidad del agua”, dijo. Reyes apuntó también que le consta que varios operadores están haciendo pruebas para reducir la presión de las tuberías y aplazar así posibles cortes.

Tras la entrada en vigor del nuevo régimen sancionador, la ACA ha enviado requerimientos a 250 Ayuntamientos —gestiona a unos 600 de las cuencas internas— y a una cuarentena de empresas por consumir agua por encima del umbral permitido. Los afectados están en fase de alegaciones y falta saber cuántos casos acabarán en expedientes.

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