El Gobierno se abre a que la ley de plurilingüismo aluda a la escuela, el audiovisual y el acceso a la justicia

El encuentro de este jueves en el Palau de la Generalitat entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès dejó acuerdos que tendrán repercusiones más allá del ámbito catalán. El jefe del Ejecutivo central y el del Govern anunciaron una nueva ley orgánica sobre plurilingüismo, que se espera aprobar en el primer periodo de sesiones del Congreso del próximo año. La iniciativa llevaba semanas cocinándose y, de momento, el acuerdo entre Ejecutivos es que aluda a ámbitos específicos como el audiovisual, la escuela y la atención a los ciudadanos por parte de la Administración General del Estado. Aunque el líder catalán aseguró que, por ejemplo, se apoyará el modelo de inmersión lingüística —con varios frentes judiciales abiertos por parte de quienes piden que haya más presencia del castellano—, fuentes de La Moncloa insisten en que aún no se ha cerrado la letra pequeña y que en esa fase se negociará también con las otras comunidades autónomas donde haya lenguas cooficiales.

En su comparecencia, Sánchez recordó que en su discurso de investidura había planteado como uno de los objetivos de su presidencia “proteger y fomentar todas las lenguas cooficiales” del Estado. Esa promesa se verá cumplida, explicó, con el impulso de la Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y su idea es que se tramite “en el primer periodo de sesiones de las Cortes en el año 2024″. “Se ha de pasar de un reconocimiento formal a una garantía efectiva”, apuntó por su parte el líder del Ejecutivo catalán, que explicó que el articulado se conocerá “en las próximas semanas”. Los socialistas ahondan así en la apuesta por dar más presencia y apoyo a las lenguas cooficiales tras el pacto que permitió blindar el uso en el Congreso y plantear lo propio en el Parlamento Europeo. Ambos movimientos fueron a cambio del voto de formaciones nacionalistas.

Mientras que Sánchez se limitó al mero anuncio de la futura ley orgánica y aclaró que no es exclusiva para el catalán, Aragonès sí ahondó en detalles de su contenido, adelantando que implicará ámbitos específicos como el de los contenidos audiovisuales, la educación o la relación con la Administración General del Estado, especialmente en la justicia. Fuentes de La Moncloa matizan que de momento solo se han pactado los bloques temáticos y que para la letra pequeña también se sentarán a negociar con los partidos vascos, gallegos, baleares, valencianos y navarros.

Y es que el jefe del Govern bajó a un nivel de detalle considerable respecto a la nueva ley. Incluso afirmó que, en lo que respecta a la educación, la nueva norma “tiene que servir para acompañar medidas concretas para preservar el modelo lingüístico de la escuela catalana”. Se trata de un tema polémico, pues varios jueces siguen insistiendo en que se imparta el 25% de clases en castellano, en la línea de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a que una mayoría amplia del Parlament aprobó en junio de 2022 un cambio en la manera en la que se determina el uso de lenguas en las escuelas y que impedía tener en cuenta los porcentajes. El PSC apoyó esa reforma en su día en la Cámara catalana y el Gobierno no presentó ningún recurso contra el articulado.

“La ley incluye los mecanismos que garanticen que el uso del catalán no tiene que significar un problema añadido en la atención de los órganos judiciales”, agregó Aragonès. En la nota de prensa enviada por la Generalitat tras el encuentro en el Palau se asegura que en el articulado blindará “el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado, y en especial a la Administración de Justicia” en catalán y que la respuesta se le dé en esa misma lengua cooficial. Esto aplicaría tanto para el ámbito judicial “presente en Cataluña o con jurisdicción en todo el Estado”, como podría ser el Tribunal Constitucional, por ejemplo.

Según datos del departamento de Justicia recopilados en 2022, solo un 14% de los jueces asignados en Cataluña tienen el nivel básico de suficiencia en lengua catalana, el C1. Es el que se le exige a los estudiantes que terminan secundaria. En los fiscales la cifra de manejo del idioma cae al 9%. Solo una quinta parte de los más de 375.000 ciudadanos que pidió ese año que se le notificara en esa lengua las resoluciones judiciales vio satisfecha esa demanda. Los cambios necesarios en la Administración de Justicia como el fomento de la lengua en “los programas y desconexiones de medios de comunicación pública” tendrán, según la Generalitat, “partida asignadas” en los Presupuestos Generales del Estado.

La ley, que será impulsada por el Gobierno, llenaría un vacío legal respecto al plurilingüismo en España y sigue la senda escenificada en un Congreso de los Diputados donde tras años de resistencias ya existe el derecho a expresarse en una lengua cooficial. Si bien la Constitución reconoce la oficialidad de otras lenguas además del español en sus respectivas CC AA, no había una legislación específica sobre como garantizar el “especial respeto y protección” de las mismas. Leyes como la del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 2015, establece que en general se usará el castellano pero en los órganos con sedes en las CC AA con idiomas cooficiales “el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado”.

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