La justicia ordena dar una segunda asignatura en castellano a la niña de Canet de Mar cuya familia pleiteó contra la Generalitat
La sentencia que obliga a impartir un 25% en español en toda Cataluña quedó en suspenso por un decreto ley del Gobierno catalán, pero el Tribunal Superior ha reconocido el derecho a varios colegios en los últimos meses
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado este jueves una sentencia que obliga a la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar (Barcelona), a impartir definitivamente una segunda “materia principal” en lengua castellana, además de la propia asignatura de Lengua. La escuela Turó del Drac saltó al debate público en 2021, cuando la reclamación presentada por una familia para que su hija de cinco años recibiera un 25% de clases en castellano dio lugar a una reacción airada de una parte de la comunidad educativa y a mensajes amenazantes de varios tuiteros que abogaban por hacer el vacío a la alumna. El centro se convirtió en un símbolo tanto para las familias que demandan ese porcentaje mínimo de uso del castellano como, en sentido contrario, para aquellas que defienden el modelo de inmersión lingüística (en el que sólo el catalán es lengua vehicular) y no aceptan que la petición de un alumno afecte a toda la clase. El TSJC confirma ahora las medidas cautelares que ya dictó en octubre de 2021, y que ratificó posteriormente en otra resolución de 2022.
La sentencia ordena que, mientras la niña permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, “reciba de forma efectiva en castellano, aparte del área de conocimiento, competencia clave, asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales”. Es decir, que no sólo reciba en castellano la asignatura de Lengua Castellana sino también, al menos, otra asignatura troncal.
La sentencia evita hablar expresamente de porcentajes, pero impartir dos materias troncales en castellano supondría aplicar un 25% de asignaturas en esa lengua. Ese porcentaje es el que fijó el TSJC en diciembre de 2020 —y ratificó en 2021 el Tribunal Supremo— para todo el sistema educativo catalán. Dicha sentencia, que suponía un vuelco al modelo de inmersión lingüística aplicado en Cataluña durante tres décadas, no ha llegado a aplicarse aún: el Gobierno de la Generalitat consiguió frenar in extremis su aplicación aprobando un decreto ley e impulsando en el Parlament una ley de lenguas que prohíben fijar porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela. El TSJC consideró esa nueva normativa un “fraude de ley” encaminado únicamente a impedir el cumplimiento de las sentencias y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
El Tribunal Superior de Cataluña, que agota con esta nueva sentencia los recursos de casación, reconoce que, debido a las nuevas leyes aprobadas por la Generalitat y el Parlament, no se pueden establecer porcentajes en el uso de las lenguas en el sistema educativo. Pero el mismo TSJC, que ha dicho abiertamente que considera esa normativa “inconstitucional”, defiende que puede seguir decidiendo sobre casos individuales de familias que piden más castellano en las escuelas. Así, la vigencia de la nueva normativa de la Generalitat no ha frenado al tribunal, que en los últimos meses ha emitido resoluciones concediendo medidas cautelares a centros que no tenían hasta ahora, o confirmando aquellas ya existentes, como es el caso de esta de Canet de Mar.
En estos momentos, en aplicación de medidas cautelares o con sentencias definitivas hay 26 aulas catalanas en las que se imparte un 25% de las materias en castellano. En Cataluña hay unos 3.500 centros educativos.
“Sesgo político inadmisible”
La consejera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha anunciado que el Govern recurrirá la sentencia y ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de “extralimitarse” en sus funciones y tener un “sesgo político inadmisible”. Simó ha criticado que el tribunal no haya cambiado “ni un ápice” de sus argumentos respecto a pronunciamientos anteriores, a pesar de que la nueva normativa catalana prohibe establecer porcentajes para el uso de las lenguas. “[El TSJC] sigue con su dinámica habitual, cambiando porcentajes e innovando, porque habla de asignatura principal cuando este concepto no existe en ninguna ley”, ha protestado la consejera. Y ha añadido: “Lo que demuestra el TSJC es que le dan igual las leyes de educación, la pedagogía y la sociolingüística”.
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