Alcaldes de Junts llaman a endurecer el discurso migratorio ante la presión de la extrema derecha

Junts per Catalunya sube de tono su discurso migratorio. El partido pone énfasis en algunos altercados y conflictos de convivencia que se han registrado últimamente en una serie de municipios para enarbolar la bandera de la inseguridad ciudadana. La estrategia busca desgastar al Govern de Esquerra, a través del flanco débil de la consejería de Interior, a la vez que trata de competir con el rédito que sacan de este asunto fuerzas de extrema derecha, como Vox y como Aliança Catalana en Ripoll. Carles Puigdemont ha incluido en el paquete de demandas de la negociación con el PSOE la reclamación de más competencias para Cataluña en materia de inmigración.

Este miércoles, alcaldes de Junts per Catalunya en la comarca del Maresme escenificaron un frente común para denunciar problemas de inseguridad en sus municipios y señalaron a colectivos migrantes como responsables de un malestar social creciente. Marc Buch, alcalde de Calella, exigió la expulsión inmediata de delincuentes reincidentes que se hallen en situación irregular en España y su discurso ha encontrado el apoyo de sus homólogos, de cargo y de partido, en Arenys de Mar, Sant Pol, Premià, Santa Susanna o Tordera. El Departamento de Interior, que dirige ERC, preparado para la invectiva, anunció este miércoles un refuerzo policial en la zona del Maresme, que asegura que tiene unos índices delincuenciales “ligeramente inferiores” a la media de Cataluña.

“Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa”, sentenció Marc Buch en una comparecencia, donde estuvo rodeado de alcaldes de Junts de los municipios vecinos. El endurecimiento del discurso de Junts en relación con la inmigración coincide con el auge electoral que han vivido opciones de extrema derecha. En Ripoll, Sílvia Orriols logró la alcaldía en junio con un partido independentista xenófobo después de que la portavoz de Junts en el consistorio descartara sumarse a una alianza de ERC, PSC y la CUP para cerrarle el paso a la ultraderecha.

En el Maresme, Vox logró seis ediles en las últimas elecciones municipales, con más de 7.000 votos. Las proclamas que lanza Junts por la inseguridad en municipios de la comarca son la secuela de otros episodios parecidos, como el que se vivió este verano en Manresa, donde el candidato de Junts se encargó de impulsar una manifestación para denunciar problemas de convivencia tras una pelea multitudinaria entre jóvenes, en plena calle. En Calella, Marc Buch ya pidió la semana pasada más apoyo de los Mossos d’Esquadra para frenar a un grupo de multirreincidentes que, según dijo, acumula más de 260 detenciones en medio año. El alcalde de Calella hizo público su malestar después de que algunas personas, del grupo que él identifica como conflictivo, agredieran a policías locales que habían ayudado a sofocar un incendio provocado en un bloque de pisos. Marc Buch ha defendido la aplicación de medidas duras para atajar la reincidencia delictiva, “incluso la expulsión” del país, ha dicho. Durante la sesión del Parlament de este miércoles, Vox puso como ejemplo a seguir las reclamaciones de Buch sobre la agilización de las expulsiones del país.

Salvador Illa, primer secretario del PSC, abunda en la idea de que es necesario reforzar el contingente policial en el Maresme. En una entrevista en TVMataró, Illa dijo que “es importante poner orden, que haya seguridad”, y señaló a la consejería de Interior: “Se tiene que reclamar a quién tiene la competencia, que es el Govern de la Generalitat, que ponga los medios y efectivos necesarios para garantizarla”. El jefe de la oposición, además, no reniega de un posible endurecimiento de la ley: “Se ha hecho una reforma del Código Penal para los actos de reincidencia y no descarto que podamos plantear una revisión para endurecerla más”.

El mes pasado, el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el CIS de la Generalitat, reveló que el 64,5% de los votantes que se declaran simpatizantes de Junts considera que hay “demasiada inmigración”. Tras apoyar un nuevo mandato del PSOE al frente del Gobierno, Carles Puigdemont y Jordi Turull tienen la misión de diseñar la estrategia del partido para afrontar las elecciones catalanas, programadas para febrero de 2025. A la cúpula de Junts le incomoda que se pueda identificar al partido como una fuerza de derechas, pero desde los municipios, alcaldes y concejales de Junts elevan la voz para reclamar una hoja de ruta que sea dura contra la inseguridad y crítica con la inmigración.

El año pasado, el alcalde de Junts en el Ayuntamiento de Premià de Dalt, también en el Maresme, contrató a la polémica organización Desokupa, que se dedica a desalojar inmuebles extrajudicialmente, para recibir asesoramiento contra “las ocupaciones mafiosas”. Según alegó el consistorio, el contrato de asesoramiento e intermediación con la controvertida organización iba a tener una duración de un año a razón de 3.000 euros más IVA. El Ayuntamiento defendía que esta empresa “ofrece un método alternativo que tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia existente y evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad”. El revuelo mediático que causó la contratación de Desokupa por parte de un ente público obligó al consistorio a dar marcha atrás y a rescindir el contrato.

El Departamento de Interior se ha avanzado este miércoles a las quejas de los alcaldes del Maresme. A través de una nota de prensa han anunciado un refuerzo policial, sin cuantificar, para la zona una vez completen el curso de formación básica los 850 agentes, el verano del año siguiente. También han tirado de estadísticas para rebatir el discurso de los alcaldes de Junts. El Departamento que dirigie Joan Ignasi Elena (ERC) asegura que el Maresme tiene una media de 75,6 hechos delictivos por 1.000 habitantes, “ligeramente inferior a la media del conjunto del país”.

Y añaden que en los últimos tres años se han incorporado 80 nuevos agentes a las unidades de seguridad ciudadana de Arenys, Mataró, Pineda de Mar y Premià de Mar. Solo en agosto, detallan, 19 policías se sumaron a las patrullas de las cuatro comisarías de la comarca. En su ofensiva a base de datos, el Departamento rebate que la “dotación policial en el Alt Maresme” es la “más grande la historia”. Lo que se concreta en los 94 efectivos destinados en la comisaria de Pineda de Mar, que da servicio también a Calella, Malgrat de Mar o Santa Susanna. “El número más alto de agentes desde el inicio del despliegue” de los Mossos, especifican. Y añaden que la misma circunstancia se da con los 95 agentes que actualmente están destinados en la comisaría de Arenys de Mar.

También informan que el director de la policía, Pere Ferrer, ya tiene fecha para verse con el alcalde de Calella, el jueves de la próxima semana. Y dejan en el aire una reunión del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, con los alcaldes de la comarca en las “próximas semanas”.

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