Guerra fría entre Foment y Pimec

Josep Sánchez Llibre se sabe un animal político y Antoni Cañete hace años que se autocalifica como activista empresarial. Dos perfiles proactivos para dirigir a las dos grandes patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec. De puertas afuera, ambas tienen una relación más o menos cordial: comparten actos y mesas de trabajo con administraciones y sindicatos e incluso se pusieron de acuerdo para repartirse recientemente a partes iguales las sillas de la Cámara de Comercio de Barcelona, antes de sus últimas elecciones. Todo aparentemente normal. Entre bambalinas, sin embargo, están instalados en una suerte de guerra fría. Hacen ver que no, pero no pierden el paso del contrario. Son conscientes de que se están jugando la representatividad empresarial en Cataluña desde el punto de vista político, más allá del peso oficial que les da la Generalitat en las instituciones públicas, que los sitúa en la paridad.

Un buen ejemplo de esa batalla que están librando tendrá este mes como escenario la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde los jueces deberán decidir en qué proporciones cada organización empresarial se sienta con los sindicatos para negociar un convenio aparentemente menor, el de instalaciones deportivas. El conflicto viene de lejos y el litigio se explica por el rechazo de Pimec a que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya liderara las conversaciones desde el lado patronal con más representantes en la mesa. La presidencia de la UFEC es de Gerard Esteva, uno de los perfiles al que Sánchez Llibre (que afronta su último mandato) está ofreciendo más cancha pública en el seno de la organización.

Pese a que supuestamente se trata de una guerra subterránea, los sindicatos aseguran que está complicando el diálogo social. “Está mal que lo diga una sindicalista, pero a veces nos iría bien un poco de unidad de acción patronal para saber hacia donde vamos”, afirma la dirigente de uno de los dos grandes sindicatos catalanes. No es una opinión aislada, porque, entre otras cosas, tampoco lo es el caso del convenio que afecta a gimnasios y piscinas públicas. En junio, las centrales ya acusaron a las desavenencias entre ambas patronales, y especialmente a Foment, de tirar por tierra todo el trabajo que se había hecho previamente para sacar adelante el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, el instrumento que marca los criterios generales de la negociación colectiva.

Si bien en la negociación de los acuerdos colectivos las desavenencias son más evidentes, hay otros puntos en los que las dos organizaciones muestran su rivalidad más discretamente. Sucedió con el debate sobre el aeropuerto, cuando Pimec presentó sus propuestas desmarcándose de la comisión creada por Foment para elaborar un documento propositivo. Y ese alejamiento entre ambas instituciones quedó todavía más evidenciado cuando la patronal de las pequeñas empresas, de la mano del Círculo de Economía, instó a crear el G-8, un grupo de relevantes entidades catalanas en las que no está presente Foment, con la intención de mantener una reunión más o menos trimestral para discutir sobre la evolución de la economía catalana. La gran patronal catalana mantiene contactos con todas esas entidades -muchas de ellas han integrado los grupos de trabajo sobre El Prat-, pero no en ese foro integrado también por el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global, FemCat, la Cambra y la Fira. Previsiblemente se reunirán este lunes, apenas unos días después de que Pedro Sánchez haya logrado el aval de las formaciones independentistas a través de la negociación de una ley de amnistía.

La rivalidad se traslada a Madrid

Foment lleva meses preparando la puesta en marcha de su sede en Madrid, a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, donde quiere convertirse en el eje de un debate interautonómico; Pimec anunció hace un par de semanas el fichaje del exdiputado Ferran Bel (PDeCAT) para que sea su delegado en la capital española. Antes, la organización que preside Cañete dio un paso más allá, al ser el principal catalizador de Conpymes, una patronal de pymes de ámbito estatal que choca totalmente con Cepyme y, por derivada, con CEOE.

Conpymes presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en 2022 (similar al que presentó en Cataluña y que le acabó dando la paridad a Pimec) en la que reclamaba una representatividad que hasta ahora el Ministerio de Trabajo le ha negado. Sánchez Llibre, por su lado, anunció hace unas semanas la creación de un Consejo Territorial de Pymes, que deja en manos de su territorial vallesana Cecot, y que reabre a su vez la batalla por la representatividad de las pymes. Ese paso, pese a las negativas desde Foment, supone reabrir la pugna por ese segmento de empresas, después de que la patronal de las grandes se aviniera a desmembrar Fepime después de que en 2019 se alcanzara un acuerdo sobre el reparto de la representatividad oficial de las patronales.

Aunque aquel pacto tenía que suponer la pacificación de las relaciones entre patronales, la disputa sigue latente. Ya no se trata únicamente de los asientos que cada organización ocupa en los foros públicos de interlocución, sino de la hegemonía.

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