Reducir a los irreductibles

Se habla mucho de las dificultades que Pedro Sánchez deberá superar para que su partido acepte y asuma el coste de un acuerdo político con los nacionalistas catalanes y vascos en la carrera para la investidura como presidente del Gobierno. Se habla menos, en cambio, del coste que el mismo acuerdo va a tener para la otra parte. En los dos partidos independentistas y entre las entidades que sostienen sus movilizaciones abundan los irreductibles que rechazan la idea de contribuir a que España tenga un gobierno. No es asunto nuestro, dicen.

Son los que consideran que ya se han independizado. Los que sostienen que Cataluña proclamó su independencia en el otoño de 2017 y la validó con un referéndum, y que lo único que quedó pendiente es hacerla efectiva. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, por ejemplo, exige que aquella proclamación se haga efectiva por el Parlamento catalán al día siguiente de la obtención de la amnistía.

Posiciones como esta han quedado en minoría entre los independentistas, pero siguen teniendo un notable peso. Convencer a este segmento de sus seguidores de que ha llegado la hora de las cesiones, de abrir una etapa política con otros objetivos, se ha convertido ahora mismo en una necesidad de las direcciones de ERC y Junts. ERC se adelantó al tomar este camino en la pasada legislatura española. Junts lo emprendió a finales de agosto cuando Carles Puigdemont disolvió la asamblea de representantes del Consell de la República que él mismo creó y preside tras instalarse en Waterloo. Prueba de que esta asamblea reunía al núcleo de los irreductibles es que muchos de ellos no han aceptado la disolución y la denuncian como el inicio de la rendición.

A este primer paso le ha seguido la inclusión de Junts en la mayoría parlamentaria progresista surgida de las elecciones legislativas del 23 de julio. Se escenificó con la votación para formar la mesa del Congreso de los Diputados y se ratificó con el rechazo a la investidura de Núñez Feijóo, el candidato del bloque PP-Vox. Ahora se está en la negociación de Junts y ERC para cuajar en torno al PSOE la mayoría de Gobierno que invista a Sánchez como presidente. La amnistía de los perseguidos por la revuelta catalana de 2017 se ha convertido en la piedra de toque de esta fase. El propio Sánchez la ha definido como la decisión que permitirá cerrar ese desgraciado capítulo político de la historia reciente.

Pero dar por cerrado este capítulo es justamente lo que no quiere una parte del independentismo. No debe sorprender que, tras una década de confrontación, haya sectores convencidos de que el combate solo debe finalizar cuando se alcance la victoria. A las direcciones de ERC y Junts les corresponde ahora explicarles que no, que no ha habido ni habrá victoria. La amnistía, si es que llega, significa también esto. Es un clásico de los conflictos entre nacionalismos que haya sectores minoritarios de uno u otro bando, o de los dos, que rechacen los pactos o acuerdos para ponerles fin o para encauzarlos por vías políticas y pacíficas. Trabajo tendrán los negociadores para convencer cada uno a los suyos y reducir al mínimo a sus disconformes. Para que, como dice Yolanda Díaz, se instale la serenidad.

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