Collboni no retira las 33 terrazas de Ciutat Vella que denunció Colau por faltas graves y reiteradas

En marzo de este año el Ayuntamiento de Barcelona anunció que retiraría la terraza a 33 bares y restaurantes de Ciutat Vella que incumplen reiteradamente la ordenanza. Una decisión inédita tomada por el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau que afectaba a bares y restaurantes de La Rambla, la Barceloneta y el barrio Gòtic. Locales que acumulaban faltas graves y muy graves de forma reiterada: cuestiones como tener más mesas y sillas de las permitidas, entorpecer el paso de los peatones o no permitir la entrada a inspectores. Pasados siete meses, el equipo del actual alcalde, Jaume Collboni, admite que han caducado los expedientes. Lo afirma la dirección de Servicios Jurídicos del distrito en una respuesta a una petición por transparencia realizada por este diario: “Los expedientes están caducados por el transcurso de tres meses de plazo que se tenía para resolverlos”.

El Ayuntamiento no ha facilitado por ahora más detalles sobre la cuestión. Las terrazas, el cumplimiento de su ordenanza, las tasas y la consolidación de las ampliaciones realizadas durante la pandemia fueron motivo de enfrentamiento periódico entre el consistorio y el Gremio de Restauración durante los dos mandatos de Colau.

Los 33 locales afectados ahora, que mantienen las terrazas, están ubicados en espacios muy concurridos del distrito más céntrico y presionado por el turismo de la ciudad. Hay dos en La Rambla, varios en el entorno del mercado de La Boqueria, cinco en el paseo Joan de Borbó, dos en el paseo de Pepe Rubianes, en plazas porticadas como la de Vicenç Martorell, y varios en el Born, entre otros emplazamientos. La retirada de las terrazas y la correspondiente licencia, aseguró en marzo el entonces concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabasa, suponía eliminar todas las mesas y sillas, no solo una parte. Este diario comprobó este domingo la situación en 11 emplazamientos y todos tenían la terraza abierta, aunque fue imposible hablar con los responsables de los negocios: los empleados aseguraron no conocer el conflicto, algunos encargados afirmaron que no sabían de qué se trataba, o remitieron a jefes ausentes o atareados siendo un día festivo.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) y entidades vecinales de los barrios Gòtic, Casc Antic y Raval explican este lunes en un comunicado que el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, les informó de la caducidad de los expedientes en una reunión mantenida hace unos días. En el texto, las asociaciones acusan al Gobierno de “dejar caer” las sanciones “intencionadamente”, apuntan a “supuesta prevaricación” y piden explicaciones al edil y al alcalde. Las entidades, que llevan años presionando ante situaciones de incumplimientos flagrantes por parte de bares y restaurantes en materia de ocupación de espacio público o ruido, recuerdan que en el caso de estos 33 locales acumulaban “más de cinco expedientes de sanciones graves o muy graves”. “Hoy día ya deberían haberse hecho efectivas, transcurrido el periodo de alegaciones”, denuncian y lo consideran “un hecho gravísimo de dejadez institucional y falta de respeto a los vecinos y a los técnicos e inspectores municipales”.

No parece creíble que no sea intencionadamente que se dejen caer expedientes”

Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona

“No es habitual ni normal, ni parece creíble que no sea intencionadamente que se dejen caer expedientes de disciplina por incomparecencia de la administración. Podríamos hablar de supuesta prevaricación”, afirman en su comunicado. Las entidades contraponen el Pla Endreça de Collboni (con más policía y más multas por incivismo) con la actitud ante “negocios que incumplen gravemente y reiteradamente las ordenanzas”.

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, explica que la entidad asesoró jurídicamente a los negocios que lo pidieron, pero no presentó alegaciones directamente. Añade que desconoce en qué punto estaba la tramitación de los expedientes cuando caducaron y se muestra muy crítico con el Ayuntamiento: “Desde nuestro punto de vista pretendía apartarse del procedimiento legalmente establecido. En demasiadas ocasiones vemos como la administración pisa los derechos de la ciudadanía y de las empresas y es inadmisible”. Pallarols censura al Gobierno de Ada Colau, a quien reprocha “la instrumentalización de la inspección con finalidad electoral vivida en el anterior mandato”, acusa de “fustigar determinadas actividades económicas” y tener “obsesión para ir en contra de la restauración” en vísperas a las elecciones de mayo “para no abordar las cuestiones que preocupan a la gente en Ciutat Vella, como la inseguridad o la limpieza”. El director del Gremio añade que “nadie encontrará ninguna declaración donde los representantes del Gremio animen a los restauradores a incumplir la Ordenanza” y señala que por mucho que esté en desacuerdo con su licencia “el incumplimiento no es una opción válida”.

Desde Amics de La Rambla, su presidente, Fermín Villar, arremete contra los locales que incumplen: “Es increíble que, en La Rambla, cumplir las normas sea de imbéciles. Es bastante desesperante intentar promocionar el paseo para la gente de Barcelona cuando una parte del sector lo ensucia, mientras muchos negocios históricos llevan décadas cumpliendo”.

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