La negociación de la investidura con Puigdemont eclipsa al PSC

El PSC vive encerrado en una paradoja: arrasó en Cataluña en las elecciones generales del 23-J al obtener más de un tercio de los diputados en liza (19 de 48, 1.200.000 votos), pero apenas tiene visibilidad, desplazado por el protagonismo que han adquirido los partidos independentistas, claves en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Con su victoria el 23-J, los socialistas catalanes cerraron un círculo: habían ganado ya en 2021 las elecciones autonómicas y el pasado mayo extendieron su hegemonía en las municipales, haciéndose por primera vez en 15 años con la alcaldía de Barcelona (gracias al apoyo de Barcelona en Comú y el PP). Su aplastante victoria ha quedado, sin embargo, eclipsada ahora por el papel privilegiado que los comicios generales han reservado a Junts y ERC, que, aunque quedaron en cuarta y quinta posición en número de votos en Cataluña, tienen la llave de la gobernabilidad.

Salvador Illa, primer secretario del PSC, afirmó este verano que los socialistas harán en este proceso negociador mucho más de lo que dirán, y esta semana subrayó que sus divisas son la prudencia, la paciencia, la discreción y el respeto a la Constitución. Fuentes próximas a las negociaciones de investidura sostienen que el PSC e Illa podrían ayudar a normalizar la relación con Junts. De hecho, el partido de Carles Puigdemont, el expresident huido en Bélgica, es el principal socio de los socialistas en Ayuntamientos y consejos comarcales catalanes. El PSC se resiste a aclarar si está desempeñando algún papel en los contactos, aunque no descarta que pueda en cualquier momento ejercer ese rol. “Hay que ser muy discretos en las negociaciones. Pero trabajamos con el mandato que nos dieron los electores que quieren que Pedro Sánchez sea presidente”, afirmó Illa en el arranque de curso. Ni él ni nadie del PSC serán, en todo caso, negociadores directos, al asumir ese papel directamente el PSOE.

Los socialistas han programado para el próximo domingo la celebración de su tradicional Fiesta de la Rosa, en Gavà (Barcelona), y está prevista la participación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a solo dos días del inicio del debate de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo. Su presencia se interpreta como una muestra más de complicidad entre Sánchez y el PSC, la formación socialista que más hizo el 23-J para sostener al PSOE frente al avance del PP y Vox. Tras el PSC (19 escaños), los comunes fueron segundos, con siete, empatados con ERC y Junts; seguidos del PP, con seis, y Vox, con dos. Aunque, en número de votos, el PP quedó tercero, por delante de ERC y Junts. El PSC subraya que, además, logró aumentar su diferencia con los populares en esta comunidad: hace cuatro años les superaron por diez escaños, y ahora por 13.

Todo ese capital ha quedado enrarecido por la súbita renuncia de Meritxell Batet, cabeza de cartel de los socialistas catalanes en el Congreso y presidenta de la Cámara en la anterior legislatura. Es una situación insólita: no hay muchos casos de dimisiones tras victorias apabullantes. Miembros del PSC achacan su retirada de la primera línea política a cuestiones personales, sostienen que ya meditaba dar eso paso antes de los comicios y que no tiene nada que ver con la decisión de su sucesora, la también socialista Francina Armengol, que a las primeras de cambio anunció su disposición a permitir el uso de las lenguas cooficiales desde el atril. Batet se distinguió durante su mandato por una interpretación firme del reglamento de la Cámara que la llevó a impedir el uso del catalán, el euskera y el gallego en las intervenciones.

Con el condicionante de no poder incomodar excesivamente ni a Junts ni a ERC, los socialistas han puesto la mirada en el Govern de Pere Aragonès, cuyos presupuestos apoyaron en febrero y a quien reprochan haber ejecutado solo el 11% de las medidas aprobadas (el 78% está en curso, y el 11%, no iniciadas). En los grandes proyectos de infraestructuras pactados no ha habido avances: han firmado un convenio de la B-40, una autopista de circunvalación en la segunda corona de Barcelona, que causa gran rechazo en ERC; no se ha constituido la comisión sobre el aeropuerto de El Prat —el plazo acaba en diciembre— y el proyecto del Hard Rock, un complejo turístico y de juego en Tarragona, deseado por los socialistas, ha sufrido un nuevo frenazo ahora por el riesgo químico de un polígono vecino.

Este balance no es para los socialistas demasiado estimulante, pero se encuentran en un laberinto muy parecido al de hace un año, cuando apoyaron las cuentas de Aragonès después de que ERC hiciera lo propio con las del Gobierno. La situación puede ser calcada en este mandato, con la paradoja de que el PSC parece condenado a sostener al débil Gobierno de ERC pese a haber ganado las elecciones. Y, mientras ese camino se estrecha, los partidos de derechas acusan a los socialistas de haber abandonado los postulados constitucionalistas. El mismo Salvador Illa aludió después del 23-J a la postura histórica del PSC en contra de la amnistía y la autodeterminación y recordó su rechazo frontal al referéndum de independencia apuntando que la “piedra angular” de toda democracia es el respeto al Estado de Derecho. “No haremos nada que esté fuera de la Constitución, pero hay que ver esta situación como una oportunidad y no como una maldición”, sostiene ahora en defensa del camino del diálogo abierto por el Gobierno. La derecha ha trazado una estrategia de equiparar los momentos álgidos del procés en 2017 con la situación actual.

En ese contexto, y bajo el lema No en mi nombre, la entidad Societat Civil Catalana ha organizado una manifestación en contra de la amnistía para el 8 de octubre, la misma fecha en la que, en 2017, se produjo la primera gran marcha antiindependentista en Cataluña. Aquella manifestación unió tras la misma pancarta a PP, Ciudadanos y, por primera vez, al PSC, en una foto que se hizo icónica. Los socialistas obviamente se han desmarcado de la protesta convocada ahora y los populares quieren incidir en lo que consideran una contradicción, recordando que, hasta el 23-J, el PSOE rehazaba de plano la amnistía a los encausados del procés. Alejandro Fernández, líder del PP catalán, sumido ahora en una crisis interna, cree que los socialistas están fuera del constitucionalismo y que ya rompieron el espíritu del 8 de octubre al constituir, la legislatura pasada, la mesa de diálogo con la Generalitat.

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