Los nuevos profesores en Cataluña deberán acreditar el máximo nivel de catalán y altas competencias de inglés a partir del curso 2025-26

Acreditar el nivel de C2 de catalán y el B2 de una lengua extranjera será obligatorio para todo el nuevo profesorado que acceda a la bolsa de interinos o se presente a unas oposiciones a partir del curso 2025-26. Así consta en el proyecto del nuevo decreto del régimen lingüístico del sistema educativo que el Departamento de Educación de ha sacado a exposición pública este lunes, y que debe servir para desplegar el título II de la Ley de Educación de Cataluña. El borrador de la futura normativa también regula el uso del catalán y el castellano en la escuela, en la misma línea que ya estableció la ley parlamentaria aprobada en el Parlament hace un año, considerando el primero como lengua vehicular y el segundo, lengua curricular. “Queremos que salga un texto robusto con las aportaciones de todos aquellos que defienden la lengua catalana”, ha resumido la consejera de Educación, Anna Simó. La titular catalana de Educación no ha escondido que ha acelerado su tramitación tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la semana pasada, que avala el 25% de castellano en tres escuelas. Según Simó, se intentará “evitar injerencias políticas y judiciales” en el sistema lingüístico de las escuelas catalanas. Por este motivo la Generalitat se responsabilizará de los proyectos lingüísticos que tienen que aprobar los centros, y que regulan el uso del catalán y del castellano, e impedirá que se puedan cambiar a mitad de curso. Con ello se busca evitar que una sentencia judicial pueda forzar cambios en los usos lingüísticos de cada centro una vez haya comenzado el año académico.

El borrador del decreto establece que, a partir del curso 2025-26, el nivel de C2 de catalán será obligatorio para los nuevos profesores interinos o sustitutos, para los que sean nombrados directores o inspectores y para todos aquellos nombramientos que supongan una promoción o un cambio de puesto de trabajo. Por su parte, los profesores que imparten una lengua extranjera deberán acreditar, como mínimo, el B2 en primaria y el C1 en secundaria. Pero adicionalmente, los docentes que accedan a la bolsa de interinos o se presenten a unas oposiciones también deberán acreditar un nivel B2 en lengua extranjera, lo que equivale a un First Certificate.

A pesar de que el texto establece la obligatoriedad de este B2, la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, ha asegurado que el próximo 21 de julio se celebrará una mesa sectorial con los sindicatos y se tratará la nueva normativa y no descartan “que se abra a negociación”, anticipándose a la polémica y las críticas que pueda generar el hecho de exigir un título de inglés o francés a todo el nuevo profesorado. Sobre el profesorado en activo, Gomà ha asegurado que se negociará con los sindicatos cuándo se les empezará a exigir también el C2 de catalán. La medida fue avanzada ya en enero de 2022 por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, pero entonces solo se concretó que sería aplicable “a partir de 2024″.

El anuncio de la obligatoriedad del C2 generó críticas entre el profesorado, especialmente por la falta de plazas en las convocatorias para obtener el título. Educación hasta entonces ofrecía unas 400 plazas anuales, cifra que se disparó este año hasta las 4.410, y se espera que el próximo lleguen a las 5.000 y a las 5.500, el siguiente. A estas hay que sumar las convocatorias que organizan las universidades.

Decreto para abril

El futuro decreto -organizado en cinco capítulos y 36 artículos- estará en exposición pública hasta el 15 de septiembre y se espera que el Govern lo apruebe el próximo abril. Educación admite que ha acelerado su tramitación tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la semana pasada, que avala el 25% de castellano en tres escuelas. Pero además coincide con la campaña electoral, los partidos de uno y otro color acostumbran a sacar rédito de los temas de lenguas. De hecho, Simó también ha asegurado que la intención es proteger el catalán ante “el posible avance de la ultraderecha” y una “posible ofensiva de un gobierno PP-Vox” en materia lingüística.

En detalle, el texto de la futura normativa establece que el catalán es la lengua vehicular, no solo en el aprendizaje, sino también en la comunicación con las familias o en los informes de evaluación, aunque se hace excepciones con las familias recién llegadas y que desconocen alguna de las lenguas oficiales en Cataluña. Pero el uso del catalán no debe ser homogéneo en todos los centros, y el texto asegura que en aquellos “donde se detecte una carencia en las competencias orales y escritas, o que por su composición sociolingüística lo requiera, se deben aplicar programas de inmersión lingüística”.

En cuanto al castellano, se contempla que tenga un “uso curricular y educativo para algunos contenidos específicos, actividades educativas o recursos didácticos”, en aquellas situaciones en que sea necesario reforzar su enseñanza. “Pero esta medida no puede implicar que el catalán o el aranés dejen de ser la lengua vehicular normalmente usada en el centro ni la creación de grupos separados en función de la lengua”, puntualiza el texto.

Pero el decreto evita hablar de porcentajes en el uso de las diferentes lenguas oficiales y asegura que cada centro deberá establecer la presencia de cada una, según el nivel de conocimiento de cada idioma y la realidad sociolingüística del centro. Es decir, no es lo mismo el uso que se hace de cada lengua en un municipio del interior de Cataluña que en Barcelona o su área metropolitana.

El borrador recoge los puntos que ya establecieron las otras dos nuevas normativas que el año pasado a toda prisa tuvieron que redactar y pactar tanto el Govern como los partidos favorables al modelo de inmersión lingüística para poder frenar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2020, que obligaba a impartir el 25% de castellano en todas las aulas de todos los colegios. El mismo tribunal ordenó ejecutar dicha sentencia antes de finales de mayo de 2022. Con el calendario corriendo, el Govern aprobó el día antes de que expirara el plaza un decreto ley sobre los proyectos lingüísticos de los centros y, una semana después, una ley parlamentaria sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela.

La primera de las normativas citadas, el decreto ley, fija los criterios a seguir para la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, unas indicaciones que forman parte del conjunto de documentos para su organización interna. Se trata de un breve texto -formado por cuatro artículos-, y muy genérico, que no entra a definir el peso de cada una de las lenguas. “El proyecto lingüístico debe tener en cuenta las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado con el fin de alcanzar los objetivos de normalización lingüística del catalán, y del aranés en Arán”, establece la normativa. Una de las novedades que introducía el decreto, es que el proyecto lingüístico debía ser validado por Educación, de modo que el Departamento se erigía como último responsable, protegiendo así a centros y direcciones, que en varias sentencias habían sido señalados por los jueces como responsables de ejecutar las resoluciones del 25% de castellano.

En cuanto a la segunda, la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, se trata de un texto todavía más breve -solo dos artículos-, pero que sí concreta que el catalán es “la lengua vehicular” en la enseñanza, mientras que el castellano tendrá un uso “curricular” (sin concretar qué significa) y “se emplea en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”. Asimismo, se establece que el peso de las dos lenguas vendrá determinado por la realidad lingüística y social de cada centro, pero teniendo en cuenta que “todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria”.

Cabe decir, que ninguna de las dos normativas cita en ningún momento las sentencias judiciales que cuestionan el modelo de inmersión, y se justifica la necesidad de aprobar por la vía urgente dos nuevos textos legales por la transformación social que están viviendo las escuelas, con una mayor diversidad de alumnos. Ambas, además, tienen un rango superior al decreto actual en proyecto y están pendientes que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalidad.

A finales de marzo de 2022, Educación abrió una consulta previa para recoger aportaciones para elaborar el decreto, y justifica su necesidad en el deseo de “dotar de mayor seguridad jurídica” a los proyectos lingüísticos de los centros, pero también a los docentes y las mismas escuelas. El borrador del decreto, en su exposición de motivos, considera que “la normalización del catalán continúa siendo necesaria”, debido al retroceso en el uso de la lengua registrado a nivel educativos y social. Asimismo, garantiza la enseñanza del castellano, “que se usa respetando un patrón de equilibrio en la competencia o razonabilidad lingüística”.

Medidas adicionales

Aunque el decreto se empezó a gestar hace un año y medio y se abrió una consulta previa para elaborarlo en marzo de 2022, la consejera ha asegurado que con las políticas que PP y Vox están desplegando contra el catalán en la Comunidad Valenciana y Baleares, “se considera necesario rearticular una defensa de la lengua catalana”.

A esto se añade el retroceso del catalán registrado en el ámbito social y educativo, así que Educación ha preparado un paquete de medidas para impulsar y reforzar el uso de esta lengua. Uno de los focos se pone en los alumnos inmigrantes, así que se recuerda que la acogida de los estudiantes recién llegados se debe hacer en catalán. Educación también anuncia un plan de formación para los profesores de las aulas de acogida, así como un plan piloto de aulas de aceleración en Barcelona para alumnos de 2º a 4º de ESO, mientras que las escuelas oficiales de idiomas se encargarán de la acogida lingüística de los alumnos de 16 a 18 años.

Asimismo, se creará una plataforma de contenidos educativos en catalán, en colaboración con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, además de ampliar el número de talleres de sensibilización sobre el uso del catalán, que se implantó hace dos cursos en 202 centros y se quiere extender a 3.500 de aquí a tres años.

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