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Protesta contra la ampliación de El Prat, Hard Rock y el Cuarto Cinturón: “El PSC y Esquerra han vendido la tierra”

Distintas asociaciones denuncian que el desarrollo de estos proyectos, pactados entre el Govern y los socialistas, no respeta el medio ambiente y “agrede al territorio”

Rodrigo Marinas
Manifestacion Barcelona
Manifestación contra la ampliación del aeropuerto, la construcción del Cuarto Cinturón y del Hard Rock en Tarragona este sábado en el centro de Barcelona.Carles Ribas

Centenares de personas se han manifestado este sábado en la plaza de Catalunya de Barcelona contra el desarrollo de las tres infraestructuras que desbloquearon los Presupuestos de la Generalitat, plasmadas en las tres pancartas de la cabecera: “No a la ampliación del aeropuerto”; “No al Cuarto Cinturón” y “No juguemos, paremos el Hard Rock”. Con el lema Defendemos la tierra, construimos el futuro, la movilización ha criticado los acuerdos alcanzados entre ERC y el PSC el pasado 1 de febrero para aprobar las cuentas del Govern: la ampliación del aeropuerto de El Prat, las obras en la vía orbital del Vallès (B-40) y la construcción de un macrocasino en Tarragona.

Han acudido 1.800 personas, según la Guardia Urbana, y 10.000, según los organizadores: ZeroPort, Campanya Contra el Quart Cinturó y Aturem Hard Rock. Estas plataformas críticas con los tres macroproyectos han convocado conjuntamente esta protesta en el centro de la ciudad recorriendo la Via Laietana con el apoyo de un centenar de entidades como el movimiento ecologista Extinction Rebellion; el Sindicato de Inquilinos o la CNT, o los partidos CUP y Pacma.

Después de lanzar lemas por el centro de la capital catalana como “Menos Portaventura, más agricultura”; “La tierra no está en venta” o “El PSC y Esquerra han vendido la tierra”, la protesta ha finalizado sobre las 20.00 en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. Los portavoces de estas entidades se han opuesto a estos proyectos “que la Generalitat y la patronal quieren impulsar con los presupuestos que se votarán el próximo 10 de marzo”. “Estamos aquí para combatir un modelo que no nos permite afrontar la crisis ambiental del cambio climático, el agotamiento de los recursos y el deterioro de la naturaleza”, han leído en el manifiesto. “Todo esto no genera riqueza, tan solo lleva beneficios para los empresarios del ladrillo, del turismo, de los casinos, del comercio y de los especuladores inmobiliarios”.

“Hay que cambiar el chip. Tiene que haber menos aviones”

Silvia Llorente, de la comarca del Baix Llobregat, critica que la ampliación del Prat “no se entiende en este momento de emergencia climática”. “Hay que cambiar el chip, tenemos que decrecer y tiene que haber menos aviones”, ha explicado esta activista veterana de Extinction Rebellion o Amnistía Internacional. Celebra que en la movilización haya tanto rostros jóvenes como adultos: “La juventud está muy preocupada por lo que les viene. Nosotros también luchamos por nuestros nietos”.

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ERC y PSC quieren convertir al aeropuerto en un hub internacional, quieren participar en su gestión y quieren que crezca, pero sin poner en riesgo la laguna de La Ricarda. El líder del PSC, Salvador Illa, afirma que se trata de aumentar de 70 a 90 vuelos por hora y eso implica ampliar. El acuerdo contempla invertir 49 millones en el espacio natural del Delta del Llobregat. A inicios de febrero las partes acordaron crear una comisión técnica para estudiar el futuro de las instalaciones, después de que en verano de 2021 el preacuerdo de 1.700 de millones saltara por los aires debido al espacio protegido de La Ricarda. Esquerra Republicana rechaza tajantemente el proyecto para construir sobre el mar una nueva pista de 3.400 metros impulsado por un grupo de ingenieros. Tampoco ve con buenos ojos el alargamiento de la tercera pista, como pretende Aena, porque invade la citada Ricarda. Los republicanos defienden que existen alternativas para mejorar la capacidad del aeropuerto sin lesionar el entorno natural. “Ni hacia la Ricarda ni hacia el mar”, sentenció Marta Vilalta, portavoz del partido.

Lectura del manifiesto al final de la protesta en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Palau de la Generalitat
Lectura del manifiesto al final de la protesta en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Palau de la GeneralitatCarles Ribas

“El turismo del macrocasino tritura el territorio. Nos va a empobrecer aún más”

Teresa, de Vila-seca (Tarragona), señala que el tipo de turismo que trae el macrocasino Hard Rock “no interesa” porque “tritura el territorio”. Esta profesora de instituto cree que en las comarcas del Delta del Ebro “se puede ofrecer un turismo de calidad más ecológico que enriquezca a los locales”. El nuevo complejo supondrá, en su opinión, “sueldos basura como los que ofrece PortAventura”. Critica a quienes lo defienden: “Piensan que saldremos ganando, pero los sueldos que ofrecerán nos van a empobrecer aún más”.

La Generalitat autorizó a la multinacional norteamericana Hard Rock en mayo de 2018 a instalar un macrocasino junto a Port Aventura (Tarragona). La inversión estimada es de 700 millones de euros en una primera fase y hasta 2.000 millones en su ejecución total. La tramitación estaba atascada por una sentencia judicial, pero el 19 de febrero se aprobó por unanimidad el nuevo plan director urbanístico que le debe permitir a Hard Rock levantar este macrocomplejo turístico. El empuje al nuevo plan urbanístico tiene que ser refrendado por la comisión provincial de urbanismo de Tarragona, y después se abrirá un período de exposición pública para alegaciones. Aturem BCN World preparará una batería de impugnaciones una vez transcienda el contenido del plan. Las fincas, pegadas al parque Port Aventura, son propiedad de Criteria, el holding de inversiones de La Caixa, y el Incasòl asumió hacer de intermediario en la adquisición del suelo entre Criteria y Hard Rock. El PSC afirma que el proyecto genera inversión y es una alternativa a las químicas. En septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó el anterior plan urbanístico porque había sectores del complejo que quedaban demasiado cerca de la industria química, lo que suponía un riesgo.

“La autovía es innecesaria. Hace falta mejorar las infraestructuras existentes”

Jaume Puig, de Sabadell (Barcelona), porta la pancartas contra el cuarto cinturón en la cabecera de la manifestación. “En el contexto actual es innecesario. Lo que hace falta es mejorar las infraestructuras existentes y potenciar el transporte público”. Para el manifestante, el desarrollo de la autovía no obedece a “una demanda social” y supone “destrozar espacios forestales del Vallès”.

La autovía orbital que prevé unir el Penedès, el Vallès y el Maresme sin pasar por Barcelona se empezó a proyectar en la década de los 60 y está todavía a medio construir. De todo el trazado, actualmente está en funcionamiento el tramo entre Mataró y Granollers (la C-60) y está a punto de finalizar el tramo entre Abrera y Terrassa. El acuerdo prevé que este primer trimestre Govern, Ministerio de Transportes y Movilidad y ayuntamientos firmen el acuerdo que escenificaron el pasado mes de junio, y que se concreta en prolongar la polémica infraestructura desde Terrassa a Castellar del Vallès, pasando por Sabadell. La Ronda del Vallès fue una de las principales condiciones de los socialistas catalanes para aprobar las cuentas. El Cuarto Cinturón finaliza en Terrassa actualmente. El Gobierno central desea completar el resto del trazado para ayudar a descongestionar la AP-7. Pero ni los ayuntamientos ni la Generalitat se plantearon llevarlo a cabo por el fuerte impacto medioambiental, ya que atraviesa zonas de alto valor ecológico.

El actual Govern, compuesto en solitario por ERC desde octubre, se sustenta en solo 33 diputados sobre 135 tras su ruptura con Junts. El president Aragonès entiende el pacto presupuestario como una prórroga para su gestión y ve allanado el camino hasta el fin de la legislatura, en 2025. Esquerra ha conseguido atar un proyecto que contempla inversiones de más de 3.000 millones de euros, ganando margen de maniobra sin el desgaste de la constante pérdida de votaciones en la Cámara. Las cuentas entrarán en vigor este mes, si no hay contratiempos.

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