Por qué el acuerdo Aragonès-Illa es mucho más que un pacto presupuestario

Lo más relevante del acuerdo presupuestario que esta mañana han anunciado el Gobierno catalán de Esquerra Republicana y el Partit dels Socialistes no figura en los 29 folios del pacto. Sin duda, es importante que la Generalitat, como cualquier otra gran institución, se dote de unos presupuestos para funcionar con normalidad en tiempos de turbulencias. Y es clave que se vaya configurando un ámbito de acuerdo para permitir el crecimiento de una infraestructura básica como el aeropuerto de El Prat y que ello se haga limitando la afectación sobre el medio ambiente, por más que el impacto nunca llegue a ser neutro. Pero lo más relevante en términos históricos es que Cataluña deja atrás con este acuerdo la política de bloques que en la última década impedía el diálogo entre independentistas y no independentistas y que, de facto, intoxicaba todo el debate público.

El pacto permitirá aprobar en las próximas semanas unos presupuestos que dotan a la Generalitat de 3.000 millones suplementarios para hacer frente a urgencias que tiene la administración catalana, como la revuelta de los médicos y de los maestros. Y agiliza una serie de infraestructuras que llevan décadas encalladas entre debates eternos, pese a contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. La principal es la ampliación del El Prat, que en el acuerdo no se llama “ampliación” en una pirueta semántica para dejar abierta la puerta a modernizar el aeropuerto sin ocupar nuevos terrenos protegidos. O lo que es lo mismo, ampliarlo con una propuesta alternativa a la que hizo Aena y que provocó indigestión en los despachos de la plaza de Sant Jaume.

Más allá de lo concreto, el presidente catalán ha demostrado cintura al ser capaz de llegar a acuerdos para preservar la estabilidad de su Gobierno, amenazado constantemente de derribo tras haber visto reducido su perímetro de apoyos a los 33 diputados de Esquerra Republicana, totalmente insuficientes en un Parlamento con 135 escaños. Aragonès ha hecho de la necesidad virtud y ha optado por ligar su suerte al Partit dels Socialistes, que el independentismo no había dudado en señalar como partido paria, con el que hasta hace apenas un año no se podía ni hablar.

Este movimiento desarticula por completo la política de bloques que tantas cosas ha dejado empantanadas en la sociedad catalana. En los últimos 10 años el independentismo ha gozado de mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña, pero nunca ha conseguido transformar esta fuerza en una mayoría de gobierno efectiva y los bloqueos han sido permanentes pese a ocupar las principales instituciones. Y esta parálisis no se ha limitado solo a aspectos directamente vinculados con el procés. También ha afectado a las cosas del comer. Por ejemplo, hay que recordar que en Cataluña las ayudas sociales de la Generalitat se están concediendo con baremos de renta que no se han actualizado desde 2010, como si el proceso independentista hubiese protegido de las garras de la inflación a la población más vulnerable.

Los socialistas también salen ganando con el acuerdo. Marcan la agenda política, abandonan el rincón de pensar al que los independentistas los habían condenado y se sitúan en medio del escenario político catalán. De paso, y esto no es menor, ayudan a los equilibrios de Pedro Sánchez con ERC en el Congreso. Pero precisamente por esta nueva centralidad socialista en Cataluña —que las urnas en cierta forma ya les reconocieron al ganar las elecciones de 2021— no hay que pensar que el acuerdo presupuestario de hoy derive inmediatamente en más pactos de calado entre Salvador Illa y Pere Aragonès. ERC y PSC son, antes que nada, rivales en las urnas y el PSC aspira a ser alternativa de gobierno en Cataluña, no una simple muleta de los independentistas. Se han roto los bloques, sí, pero sería atrevido, por no decir temerario, dar por hecho a corto plazo un nuevo tripartito de izquierdas en Cataluña.

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