La justicia obliga a la Generalitat a pagar 304 millones por la liquidación de Aigües Ter-Llobregat

La Generalitat tendrá que devolver 304 millones de euros a los propietarios de la antigua concesionaria de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor privatización de un servicio público acometida por un gobierno catalán y que acabó liquidada seis años después de su adjudicación tras una sentencia que revocaba el concurso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acabado dando la razón parcialmente a Acciona y sus socios en aquella aventura empresarial y reconoce que la Administración autonómica debe pagarle 262,8 millones en concepto de canon pagado no amortizado, 38,2 millones por inversiones tampoco amortizadas y otros 3,3 millones de euros los costes sujetos a la licitación y constitución de la sociedad.

Quien ingresará ese dinero será Fortress, el fondo que adquirió los derechos de cobro del juicio a los titulares iniciales por un importe de 170 millones más variables. El fallo es recurrible a tribunales superiores, por lo que la decisión final previsiblemente se prolongará en el tiempo. En 2015 la Generalitat hizo un apunte contable negativo por 380 millones de euros por si le obligaban a resolver el contrato, lo que le obligó a computar esa cantidad como déficit. En todo caso, desde el Departamento de Economía y Finanzas aseguran que no hay hecha ninguna provisión.

La operación de ATLL es retorcida: se adjudicó en tiempo récord en 2012 en pleno periodo de acuciantes necesidades de caja de la Generalitat, una sentencia del Tribunal Supremo anuló el contrato en 2018, un año después el Govern decidió liquidar el contrato por las presiones con la CUP y ahí se abrió una guerra judicial con el consorcio vencedor del concurso. Al final el consorcio liderado por el grupo de servicios de la familia Entrecanales presentó una demanda en la que reclamaba, por las inversiones realizadas y los perjuicios provocados por la resolución anticipada del contrato hasta 1.064 millones de euros, una cifra que chocaba con la cantidad con la que la Generalitat pretendía remunerar a la concesionaria: 53,8 millones de euros.

Al final, los jueces de la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC han estimado parcialmente la demanda pero han desoído la petición de indemnización de 794 millones de euros por el lucro cesante, el dinero que preveían poder ganar en el conjunto de los 50 años de la concesión.

Una segunda sentencia publicada este jueves reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.

La sentencia no da la razón completamente del todo a Acciona al considerar que la liquidación del contrato llegó forzada por una sentencia anulatoria, por lo que no existiría “incumplimiento contractual o un acto ilícito”. El fallo basa su decisión en la jurisprudencia efectuada por el Tribunal Supremo.

ATLL volvió a su fórmula original de gestión pública en 2019, lo que supone que es la Generalitat la encargada de gestionar el tratamiento del agua desde su captación hasta los depósitos municipales, desde donde es repartida a hogares y empresas por las suministradoras.

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