El abogado de la mayor estafa inmobiliaria de España que pasó a vender la cocaína robada al Tío José

Francisco Comitre no opuso resistencia cuando, el 29 de noviembre de 2019, agentes de los Mossos d’Esquadra irrumpieron en su domicilio de Matadepera (Barcelona). El abogado facilitó el código de desbloqueo de su iPhone X mientras los policías rastreaban la casa donde convivía con su novia de entonces, Melania Cabello, en una urbanización del segundo municipio más rico de España. Encontraron casi 4.000 euros en efectivo, casi un kilo de marihuana y una libreta rosa donde la pareja anotaba nombres y cantidades para llevar, presuntamente, cierto control sobre la venta de drogas.

La detención del abogado formaba parte de un plan más ambicioso: en ese instante, mossos fuertemente armados desembarcaban por orden judicial en Sant Roc (Badalona), uno de los barrios más deprimidos de Cataluña, lastrado por el narcotráfico y donde los desahucios son el pan de cada día. Su principal objetivo era José Fernández, alias Tío José, un delincuente de larga trayectoria que, a los 61 años, seguía moviendo los hilos del negocio de la venta de cocaína en el barrio. Tío José está en prisión provisional desde entonces y estos días está siendo juzgado junto a 46 personas más, entre ellas Comitre, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Cuatro años antes, en julio de 2015, el abogado barcelonés había adquirido cierta notoriedad tras ser arrestado por un asunto muy distinto. Comitre lideró, supuestamente, una de las mayores estafas inmobiliarias cometidas en España. Lo hizo con la asistencia de su compañero Artur Segarra —que huyó a Tailandia, donde cumple cadena perpetua por haber descuartizado a un compatriota— y del notario Enrique Peña. La Operación Cocoon destapó el doloroso engaño a más de un centenar de personas, muchas de ellas ancianas. Acuciadas por problemas económicos, firmaron supuestos préstamos y productos financieros que les llevaron a perder sus viviendas.

La investigación fue todo menos sencilla y ahora, siete años después, la Fiscalía ha hecho públicas sus conclusiones: pide 20 años y nueve meses de cárcel para Comitre y que se le inhabilite durante todo ese tiempo para ejercer como letrado. Nacido en Cardona (Barcelona) hace 45 años, Comitre conoció la acusación cuando ya había arrancado el juicio por el tráfico de drogas, unos hechos que presuntamente cometió cuando la investigación por la estafa ya estaba muy avanzada. ¿Qué puso en contacto el mundo de un abogado, modelo y aficionado al culturismo con el de un veterano capo de la droga?

El Tío José dirigía su negocio ilegal con la exigencia de un directivo de multinacional. Tras un nutrido historial de condenas por tráfico de drogas que se remonta a los años 80, primero en Palma y después en Barcelona, algo había aprendido. Para empezar, no usaba teléfono móvil. Si tenía que impartir instrucciones, llamaba desde una cabina telefónica o un locutorio. El punto de venta a drogodependientes e intermediarios estaba en un piso de la calle de Córdoba, en Sant Roc, al que los acusados se referían sin mucha originalidad como La Colombiana, según las conversaciones telefónicas. La vivienda contaba con rejas —para que el comprador no viera el rostro del vendedor—, un desagüe alternativo —para deshacerse con rapidez de las sustancias— y vigilantes las 24 horas del día.

El jefe del clan vivía cómodamente en Viladecans, pero visitaba dos veces por semana la casa de su hermano, en Badalona, para recoger el dinero. También acudía personalmente a comprar la cocaína al por mayor a la Zona Franca, un lugar que, por su cercanía al puerto, sigue siendo el gran supermercado de la droga de Barcelona. “Hay que ir al mercado”, decía el Tío José cuando tocaba reunir grandes sumas de efectivo —cada compra, según los Mossos, oscilaba entre los 100.000 y los 250.000 euros— y suministrarse; a veces convenía llevar “el metro”, o sea, una pistola, para evitar sustos. Dinero y droga se trasladaban a otra vivienda, llamada La Guardería, en Santa Coloma de Gramenet.

En un sótano de ese edificio estaba a menudo Melania Cabello con su madre y la pareja de esta. Tenía entonces 26 años. Según la Fiscalía, los tres ayudaban al Tío José a que los beneficios quedaran debidamente guardados en bolsas envasadas al vacío. También a cortar y manipular la droga. Además, como no toda la cocaína se vendía en el piso franco de Sant Roc, ayudaban a trasladarla a otros lugares. Y ahí es donde entra, presuntamente, Comitre. Al volante de un coche de lujo (un Dodge Caliber), Melania dejaba ciertas cantidades de cocaína en papeleras previamente convenidas. Se hacía acompañar en ocasiones del abogado, con el que mantenía una relación. Los Mossos los vieron hacerlo en más de una ocasión durante el verano de 2019.

La desconfianza del jefe

El Tío José arrugó la nariz cuando supo que Comitre colaboraba en el transporte. Conocía su historial como presunto estafador de ancianos y “temía que pudiera robarle droga y dinero”. No se equivocó, según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía. Pese a las reticencias del jefe, la pareja empezó a almacenar en la casa de Matadepera dinero y droga para “continuar allí con las tareas de corte y preparación”. En un momento dado, Melania empezó a sustraer droga de La Guardería de Santa Coloma. Pensaba que el Tío José “no advertiría la falta de partes nada relevantes de su preciado almacén”. La pareja pasó a vender por su cuenta esa cocaína robada y también marihuana.

Comitre, que autorizado por el tribunal no está asistiendo a las sesiones del juicio en el auditorio de la Ciudad de la Justicia, afronta una petición de 16 años de cárcel y el pago de una multa de 10,3 millones de euros por un delito contra la salud pública con pertenencia a organización criminal y otro de falsedad con blanqueo de capitales. Consultada para dar la versión de los hechos, la defensa de Comitre ha declinado hacer comentarios. La Fiscalía sostiene que, al igual que el resto del grupo, intentó “enmascarar el origen criminal de los beneficios en metálico obtenidos con la actividad del narcotráfico”. El abogado convenció para ello a terceras personas para que compraran coches de alta gama (un Mercedes y un Tesla) que iba a usar él a cambio de alguna contraprestación, favores personales o su asesoramiento como abogado.

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