Familias de la escuela de Canet afectada por el 25% de castellano llevan a los tribunales a diputados de Cs, PP y Vox por calumnias

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), afectada por una resolución judicial que obliga a aplicar el 25% de clases en castellano, ha interpuesto una demanda de conciliación previa a una querella contra los diputados en el Parlament Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) y Sergio Macián (Vox) por presuntas calumnias e injurias.

A principios de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante la petición de una familia, dictó medidas cautelares para que una cuarta parte de las clases en un grupo de P5 (cinco años) se den en castellano. El caso generó mucho revuelo a nivel mediático y cruce de manifestaciones entre los partidos políticos. El clima de tensión llevó al TSJC a ordenar protección de la identidad del menor por estar recibiendo insultos a través de las redes sociales.

En un comunicado, el AFA del centro ha asegurado este jueves que su demanda responde a las “manifestaciones intolerables” y que “atentan contra el honor”, por parte de estos tres diputados en el pleno del Parlament del 15 de diciembre de 2021, alertando de un supuesto acoso y agresiones a la familia del centro que pidió más clases en castellano. “Estas declaraciones no se corresponden con el clima de buena convivencia que existe en nuestra escuela, ni con la actitud de las familias, que siempre hemos rechazado cualquier forma de señalamiento, intolerancia y falta de respeto”, subrayan las familias.

Además, han lamentado que la escuela de Canet ha sido “objeto de criminalización por parte de algunos partidos políticos con la voluntad de construir un relato absolutamente falso sobre la situación lingüística” en las escuelas catalanas y su modelo. Todo ello, añaden, ha terminado fomentando una “verdadera situación de acoso y señalamiento público” hacia la comunidad, con pintadas con amenazas e insultos en redes sociales y medios de comunicación.

La asociación de familias ha recordado que las escuelas deben ser espacios de protección de la infancia dentro de un modelo de convivencia: “Premisas básicas que, por desgracia, han ignorado las personas contra las que se dirige la demanda de conciliación”.

Por ello, han pedido a los diputados que rectifiquen y tomen medidas para prevenir que estos hechos se repitan, en un caso que la asociación se siente con la obligación de llevar a los tribunales “para exigir responsabilidad política”.

Parte de estas familias -un total de 28- decidieron presentarse en el juzgado como parte afectada en la causa abierta sobre el 25% en el centro. De momento la medida es cautelar y está pendiente que el tribunal se pronuncie sobre la demanda de la familia de P5. Este grupo de familias decidió de forma inédita -es la primera vez que las familias proinmersión se implican judicialmente- presentarse como parte afectada, solicitando al juez que también se tenga en cuenta su opinión, ya que la medida del 25% en castellano que solicita una sola familia afecta al resto de alumnos de la clase.