El Estado incumple desde 2013 el 33% de las inversiones prometidas en Cataluña

El Estado promete insuficientes inversiones en Cataluña y ejecuta todavía menos. Ese podría ser el resumen del último informe presentado por la patronal Foment del Treball, en el que afea a la Administración central haber dejado sin ejecutar el 33% de los recursos incluidos en los Presupuestos que iban destinados a la comunidad en el periodo 2013-2020. Ese porcentaje equivale a unos 3.070 millones de euros, el equivalente a tres veces lo que falta por ejecutar de la línea 9 del metro (en este caso obra de titularidad de la Generalitat) o cinco veces el dinero necesario para sacar adelante el ansiado soterramiento de las vías de tren en L’Hospitalet.

“La licitación pública está desde 2011 bajo mínimos y muy lejos del 2,2% del PIB” que representa en los 12 países más potentes de la Unión Europea, ha sentenciado este lunes el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Acorde a esa referencia, que pasaría por una inversión conjunta de todas las administraciones de 5.000 millones (cifra solo superada en 2009), el servicio de estudios de la patronal considera que Cataluña acumula un déficit de inversiones de 35.000 millones desde 2009.

“Es una triste conclusión”, ha dicho, remarcando que esa cifra se ha incrementado en 7.000 millones únicamente en dos años, 2019 y 2020 y que agrava una reivindicación historia: que el peso de las inversiones estatales en Cataluña se sitúen en torno a la aportación del PIB nacional de la autonomía, en torno al 19%. Es lo que se introdujo en la disposición adicional tercera del Estatuto para que se cumpliera durante al menos siete años y solo se respetó el primero.

La situación no es mucho mejor para el caso de la Generalitat, donde la ejecución es algo superior a la estatal: se acaba invirtiendo el 77,1% del total, lo que sitúa la cifra total sin invertir en el periodo analizado en los 2.280 millones.

Joaquim Llansó, vicepresidente de Foment y presidente de la Cámara de Contratistas de Obras, ha reiterado sus críticas a la actual situación, en una opinión que muestra la sensación de que los Presupuestos han dejado de tener sentido por la falta de cumplimiento. O, al menos, “quedan totalmente distorsionados”.

Lo prueba el informe de Foment centrado en el análisis de ocho obras concretas pendientes pese a incluirse en las Cuentas Públicas más años de los que serían necesarios para llevarlas a cabo. Uno de los casos es el de la variante de Vallirana (carretera N-340), una obra que se incorporó por primera vez a los Presupuestos en 2004 con la intención de que se ejecutaran en menos de tres años y, en cambio, acabó apareciendo en 15 cuentas públicas y se inauguró en 2019, poniendo fin al paso de 19.000 coches y 4.000 camiones por el centro de la población. El coste acabó siendo de 167 millones, casi tres veces más que el precio original. Pero si se contara todos los recursos asignados presupuestariamente entre 2004 y 2020, el Estado habría gastado 194 millones.

El caso se repite en el caso de la conexión de la A-2 y la AP-7 en Castellbisbal, inaugurada en setiembre pasado. Se invirtieron 74 millones de euros en sus 12 kilómetros a lo largo de 15 años. O en el Cuarto Cinturón (la autovía B-40) entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls. Otros 15 años en la principal ley que elabora un Ejecutivo, en este caso sin fecha de puesta en marcha. Pero su coste sobrepasará el inicialmente estimado y se encaramará a los 263 millones. O el acceso viario al Puerto Barcelona: las obras se adjudicaron en 2014 con un coste de 142 millones de euros con una duración estimada de 40 meses. Han pasado 84 meses y ahí sigue, sin fecha de estreno ni coste estimado. De hecho, se está redactando un nuevo proyecto que engloba también los accesos ferroviarios, al constatar la Agencia Estatal de Seguridad Viaria que el proyecto anterior no era seguro, pese a que se llegó a poner una primera piedra. Algo similar sucedió con los accesos ferroviarios. Su puesta en marcha es una incógnita.