El Gobierno acelera el pago de la deuda para inversiones a la Generalitat de Cataluña

Figuraba en los Presupuestos Generales de este año, pero el Govern catalán temía que, superado el ecuador del ejercicio, no se cumpliera el compromiso. La comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat sirvió el pasado lunes para desbloquear una transferencia de 200 millones de euros a Cataluña y ponerle fecha: 100 millones en septiembre y otros dos traspasos de 50 millones en los meses siguientes. El Ejecutivo desencallaba así la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de hace cuatro años que dio la razón al Govern y reconoció una deuda de 759 millones asumida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por el incumplimiento en 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatut.

Durante la preparación de la última comisión bilateral, se habló —sin compromisos cerrados— de la posibilidad de que el resto de la deuda, o una parte sustancial, vaya en las cuentas públicas de 2022, según fuentes del Govern.

Con la inclusión de esos 200 millones de euros el Gobierno no solo asume una sentencia judicial y mantiene el clima de deshielo con la Generalitat. También intenta dar señales del interés en mejorar las inversiones en infraestructuras en Cataluña, una de las reivindicaciones de la Administración autonómica que ha encontrado mayor abrigo de la sociedad civil catalana. A esos 200 millones deben añadirse los cerca de 2.000 millones de euros para obra pública catalana en 2021, el 16,5% del total de la inversión por territorios.

Ese porcentaje no alcanza el 19% de la aportación catalana a la economía española, pero es uno de los porcentajes más altos de los últimos años. Según cálculos de la Generalitat, entre 2013 y 2020 apenas alcanzó de promedio un 10% (pese a que el año pasado se invirtieron 957 millones, la cifra más alta del periodo), sobre todo por el gran diferencial entre los Presupuestos y la liquidación.

Uno de los puntos de conflicto permanente en las negociaciones que han mantenido los gobiernos del Estado y de la Generalitat en los últimos años ha sido la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatut. Fue una medida introducida para compensar la menor financiación en infraestructuras que Cataluña entendía como un castigo de los sucesivos ejecutivos centrales. Las formaciones catalanas y el Gobierno de Zapatero acordaron así incluir en el Estatut la obligatoriedad de que, por un periodo de siete años, entre 2007 y 2013, la inversión territorializada del Estado en Cataluña fuera al menos equivalente a la contribución de la comunidad autónoma al PIB nacional, siempre entre el 18,5% y el 19%.

Gran actividad constructora

España vivía aquellos años anteriores al mazazo de la Gran Recesión con gran fulgor inversor. Y Cataluña recibía los últimos coletazos de recursos para acabar la línea de alta velocidad hasta Barcelona (2008) y la última ampliación del aeropuerto de El Prat, inaugurada en 2009.

En 2007, el primer ejercicio del periodo pactado, todo fue según lo previsto. El Estado invirtió 3.710 millones de euros en Cataluña, el equivalente al 18,85% de su peso económico. Pero no ocurrió lo mismo en 2008, ni en 2009, ni en años posteriores. Los cálculos realizados por la Generalitat elevaron a 3.080 millones el volumen total de inversiones que en esos seis años de vigencia temporal de la medida se dejaron de invertir en Cataluña respecto a lo pactado. Es la cuantía que el lunes aún esgrimía el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró.

Pero esa cifra obedece más a una reivindicación política que a una obligación del Estado. En 2010 el Tribunal Constitucional ya había culminado su sentencia sobre el Estatut y una de las cuestiones que cercenaba era el compromiso a realizar un porcentaje determinado de inversiones en una comunidad autónoma que condicionase el conjunto de los Presupuestos Generales.

En 2008, el Gobierno invirtió en Cataluña 3.411 millones de los 4.079 millones de euros que fijaban los cálculos. Pese al fallo del Constitucional, en una comisión bilateral Estado-Generalitat de julio de 2011 el Gobierno socialista asumió como buenos los 759 millones de incumplimiento demandados por la Generalitat. No se llegó a pagar nunca y el Govern lo llevó a los tribunales. La Audiencia Nacional dio en primera instancia la razón al entonces Gobierno del PP, que se negaba a asumir la deuda. Se basaba en la sentencia previa del Constitucional, pero también en una de las alegaciones utilizadas por el Ejecutivo: aunque la cuantía se acordó en la comisión bilateral, no se había pactado en la de infraestructuras, que consideraba que era la comisión creada a tal efecto.

El Tribunal Supremo, en un fallo de 2017, rebatió a la Audiencia y dio la razón a la Generalitat, al considerar que un acuerdo de la bilateral “sí que compromete al Ejecutivo estatal en tanto ha llegado efectivamente a un acuerdo con el autonómico en el ámbito propio de dicha adicional”. Es de esa cuantía de la que salen los 200 millones pactados el lunes que, de hecho, ya tienen un visto bueno anterior: En septiembre de 2018, la comisión mixta para asuntos económicos entre el Estado y Cataluña pactó que 200 millones de la cuantía acordada sería asumida en los Presupuestos de 2019, que nunca se aprobaron.