Generalitat y Gobierno chocan por el pago de 759 millones en infraestructuras

La primera reunión bilateral en once años entre Estado y Generalitat sobre infraestructuras ha terminado este lunes sin acuerdo por el pago de 759 millones de euros comprometidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de déficit de inversión. El Govern quiere que se haga efectivo el pago y el Estado pretende materializarlo en proyectos.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre cómo el Gobierno hace efectivo el pago de los 759 millones de euros. Tras una larga reunión mantenida en Barcelona —no se celebró en la sede de ninguna de las dos Administraciones—, ambos ejecutivos han manifestado unas diferencias que, de momento, son insalvables.

El Gobierno catalán reivindica una deuda vinculada al incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña. Este precepto indica que el Estado debía compensar a Cataluña durante los siete años posteriores a la aprobación del Estatuto (es decir, hasta 2013) por la diferencia entre las inversiones realizadas y el peso que Cataluña tenía sobre el PIB español, que se sitúa en un 18%. En todos estos ejercicios solo se ha cumplido el pago del déficit correspondiente a 2007, que se abonó, en forma de traspaso, en 2010. Precisamente, Calvet ha reivindicado esta fórmula para el pago del déficit calculado (y respaldado por una sentencia del Tribunal Supremo) para 2008. “Estamos reclamando lo que es nuestro”, ha afirmado el consejero. A pesar de que su intención es que el pago se haga efectivo a través de una transferencia de capital para que la Generalitat disponga de ella con libertad de criterio en su uso, Calvet ha ofrecido una “solución mixta” con la propuesta del Estado, que deberá abordar una comisión específica.

Visibilizar la inversión

El Ministerio de Fomento, por su parte, defiende el derecho a poder efectuar inversiones propias por ese importe en infraestructuras de movilidad de nueva creación o que se encuentren ya en ejecución. Si fuera así, se podría apuntar esa transferencia en el proyecto que se está realizando, por ejemplo, para finalizar la construcción de la lanzadera ferroviaria que conectará el centro de Barcelona con la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, los accesos al puerto de Barcelona y de Tarragona, el convenio para la cesión de la B-23 o las obras de la variante de Vallirana de la N-340. “Nosotros pensamos que lo que quieren los ciudadanos es que las administraciones se pongan de acuerdo para hacer inversiones concretas”, ha argumentado Saura.

Esa posibilidad de pago permitiría al Ejecutivo central dar visualidad a su esfuerzo inversor en Cataluña, en un momento en el que el discurso predominante entre el empresariado y buena parte de la sociedad es que Cataluña sufre un agravio histórico en materia de infraestructuras. En la última reunión mixta sobre asuntos financieros y fiscales, el Gobierno se comprometió a pagar los 759 millones en cuatro años, y a hacerlo mediante los presupuestos. En los de 2019, la partida sería de 200 millones.

Calvet ha apuntado también la cifra global que, según las cuentas del Govern, el Estado adeuda entre 2008 y 2013 en cumplimiento de lo indicado en el Estatuto. Contando los 759 millones de euros, la cifra asciende a 3.807 millones de euros.