Los contratistas consideran “prácticamente imposible” que el Estado cumpla su compromiso de inversión en Cataluña

La Cámara de Contratistas de Cataluña (CCC) desconfía del compromiso de inversión en Cataluña que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que incluyen una partida de 2.230 millones para la comunidad. “Es prácticamente imposible” que se cumpla, ha apuntado hoy el presidente de la patronal, Joaquim Llansó, quien ha avalado esa desconfianza en los reducidos porcentajes de ejecución en los que ha incurrido el Gobierno en los últimos años. Fue ligeramente superior al 60% (63%) en la media de los últimos tres lustros y, en la primera mitad de este año apenas se ha alcanzado un 13%, según datos de la Intervención General del Estado.

“La experiencia nos dice que puede bajar mucho la ejecución presupuestaria”, ha subrayado Llansó, que no ha evitado calificar como “un dato positivo” la aportación de la inversión en las comarcas catalanas, próximas a su aportación al PIB, tal y como históricamente se ha reclamado desde partidos e instituciones. La cuestión es cómo lograr un salto de inversión real en un solo año de las dimensiones que se prevén en las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo.

El año pasado se presupuestaron casi 2.000 millones de euros, pero la realidad es que en los nueve primeros meses del año el sector público del Estado apenas ha licitado obras en Cataluña por un importe total de 532,8 millones de euros. “En el primer semestre del año la ejecución era del 13, pues ya está”, ha afirmado categórico Llansó, quien ha explicado que “año tras año” los proyectos comprometidos por los ministerios para Cataluña van acumulando retrasos.

Pese a la incredulidad de los contratistas con las promesas políticas, el actual no está siendo un mal ejercicio para las empresas de la construcción. Entre enero y septiembre no solo se han recuperado las cifras precovid (2019) de licitación, sino que se han alcanzado los mayores volúmenes en una década. En el conjunto de 2010 se sacaron concursos de obra pública por un importe de 3.540 millones de euros y un ejercicio después la cifra se redujo a 1.043 millones. En los tres primeros trimestres de este año ya van 2.203 millones de euros, un 49% más que en el mismo periodo de 2019 y un 138% que 2020.

Pero no es el nivel inversor del Estado el que destaca, continúa siendo el más bajo. Tampoco el de la Generalitat. El mayor esfuerzo procede de los municipios, que llevan licitados 1.178 millones de euros, frente a los 492 millones de la administración central y los 532 millones de la autonómica.

Las inversiones ferroviarias del Estado son, en todo caso, las que lideran la clasificación de inversiones por organismos. Lleva licitados 356 millones. Bimsa, la sociedad municipal de Barcelona encargada de las grandes obras, ha destinado casi 279 millones de euros. Muy por detrás, con apenas 201 millones, queda el mayor brazo inversor de la Generalitat, Infraestructures.cat. Le siguen en la clasificación el Ayuntamiento de Reus (85 millones) y otro organismo del Ayuntamiento barcelonés, el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación, con 63 millones.