La Generalitat ultima un megacontrato de 1.350 millones en tecnología

La Generalitat estudia propuestas de firmas tecnológicas para renovar los servicios informáticos a sus 200.000 funcionarios y 8.000 edificios. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) comprometerá un aproximado de 1.230 millones de euros, 980 de ellos para cuatro años y el resto en contratos bianuales prorrogables. La inversión, repartida en siete acuerdos marco, estará dedicada a un gran abanico de servicios “al puesto de trabajo”, entre ellos soporte técnico, mantenimiento, impresión y auditoría de calidad. Con otra partida de 120 millones para la transformación digital el total de una de las mayores compras en servicios tecnológicos desde 2012 llega a 1.350 millones.

Esta semana ha finalizado el plazo para presentar propuestas para el paquete más caro: 450 millones para cuatro años. El CTTI tiene abiertas otras dos licitaciones pendientes de adjudicar (320 millones) y lanzará otras cuatro este 2021. En las dos licitaciones cerradas en junio y pendientes de valoración se han presentado unas 14 candidaturas de las que el director general del CTTI, Xavier Milla, destaca su calidad. El siguiente paso será cuando en diciembre el CTTI empiece a publicar la lista de las empresas homologadas, a las que la Generalitat podrá hacer encargos concretos basados en los acuerdos marco.

El presidente del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Joan Ramon Barrera, augura cambios en las adjudicatarias, algunas probablemente presentadas como uniones temporales de empresas (UTE). “Somos capaces de competir a la vez que nos asociamos y han aparecido nuevos actores, la pandemia nos ha dado visibilidad”, afirma Barrera, que, tras el crecimiento de un sector “agente de cambio” pese a la covid-19, ve en los contratos públicos “una segunda remesa de buenas expectativas económicas”.

El presidente del CTecno reconoce que a esos proyectos solo tienen acceso las grandes firmas porque sus pliegues de condiciones demandan aspectos como tener almacenes en toda Cataluña. Posibles candidatas consultadas prefieren guardar confidencialidad máxima sobre sus propuestas. Tecnológicas como T-Systems, Telefónica, Indra o Fujitsu figuran entre las adjudicatarias en los contratos vigentes desde 2012, después de que el gobierno de Artur Mas agrupara toda la compra TIC en el CTTI para el ahorro.

A los siete subgrupos del macrocontrato (etiquetados de la A a la G) el CTTI ha creado otro sin precedente previsto para cuatro años —en licitación— para apoyar la transformación digital, acelerada por la escasez en la presencialidad derivada de la crisis sanitaria. La Generalitat quiere utilizar este acuerdo base, que busca asesoramiento externo para unas TIC en la que las personas estén en el centro, para financiar proyectos con fondos de recuperación europeos Next Generation.

Milla quiere impulsar una “estrategia más abierta, de aproximación a la pequeña y mediana empresa” para promover el talento local. Sin embargo, admite que “siempre cuesta mucho”. Alega que la ley de contratos del sector público lo pone difícil por requisitos como la solvencia económica de las candidatas. No obstante, cifra en el 30% las homologadas por la Generalitat que son pymes y en un 50% en el caso de las UTE integradas solo por este tipo de compañías que, destaca Barrera, también acaban prestando servicios a través de subcontrataciones.

Más lotes para las pymes

La activista de derechos digitales, cofundadora de Xnet, Simona Levi, lamenta que la licitación no esté dividida en más lotes. La de transformación digital tiene tres y cuatro el subgrupo de 450 millones: salud, educación, departamentos de cariz más administrativo y los más centrados en el ciudadano. Subraya Levi que la directiva europea 2014/24 (y su transposición española Real Decreto-ley 3/2020) indican que la división de los contratos es esencial (y que no hacerlo debe de estar “muy bien justificado”) para llegar a las pymes y a la economía social. Según cifras de la Comisión Europea de 2019, España es uno de los países con menos contratistas pequeños (39%), con niveles como los de Italia, Portugal, Grecia, República Checa, Eslovenia o Austria.

Levi, que ha asesorado al Govern y al Gobierno en sendas cartas de derechos digitales, argumenta que si el CTTI no apuesta por software libre hacia el que tiende la regulación europea, con código público que facilita el traspaso de contratos, “dentro de tres años la tecnología estará obsoleta”. Milla explica que gran número de servidores de la Generalitat, y todas las webs, utilizan sistemas Linux. Sin embargo, según él, el software libre “nunca podrá afrontar” la competencia de las grandes soluciones de ofimática como las de Google o Microsoft.

Una renovación global de las TIC

La Generalitat publicó el pasado julio la homologación de 78 contratos con empresas a las que podrá encargar el desarrollo de aplicaciones informáticas, en unos contratos por un valor aproximado de 395,5 millones en tres años, que se suman a los 506,4 millones asignados en 2019 para mantenimiento de los aplicativos ya existentes. Ahora está en juego la gran área de “servicios al puesto de trabajo” y el año que viene el CTTI empezará a licitar la última gran parte de la renovación desde 2012: la de infraestructuras. Se traducirá en el futuro en contratos por valor de 1.250 millones para diez años más otra partida de 130 millones que ayudarán a rediseñar la red de telecomunicaciones. Según la previsión del CTTI, la parte destinada a los centros de procesamiento de datos (CPD) estará dividida en cinco lotes.

El Govern también acaba de autorizar la licitación a partir de mayo de 2022 de la red Nus de Comunicacions, que conecta, por ejemplo, hospitales y CAP con las aplicaciones de salud y las redes privadas para el teletrabajo. Actualmente tiene la concesión BT España por cinco millones anuales.

El CTTI, que manejó en 2020 un presupuesto de 651 millones y cuenta con 400 empleados, vivió en 2020 una actividad frenética desplegando nuevos servicios durante la pandemia: como el apoyo al teletrabajo o el reparto de 20.000 portátiles y la adecuación de infraestructuras tecnológicas para poder acceder a ellas fuera de las sedes de la Generalitat. El Govern amplió un 8,3% su contraprestación a principios de año (490 millones) a raíz de los gastos sobrevenidos.