La licitación pública se dobla por el empuje municipal

Cataluña recupera un buen ritmo en la licitación de obras públicas, pese a que todavía está lejos de los niveles anteriores a la crisis financiera. Los datos de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) presentados este jueves indican que en 2021 se licitaron contratos por valor de 2.957,9 millones, casi el doble que el año anterior, y un 52% más que en 2019. Las administraciones locales, que se encuentran en la última mitad de mandato ya que las próximas elecciones municipales son en mayo de 2023, asumieron el año pasado el 51,8% de todas las licitaciones, mientras que la Generalitat licitó el 25,7%, y el Estado el 22,5%.

Los contratistas catalanes destacaron que, pese a ser un buen dato en comparación con los dos últimos años, todavía no es seguro que la licitación continúe vigorosa, y menos la ejecución de las obras. Los interrogantes para este año —la crisis económica por la pandemia, el aumento de precios y los problemas de abastecimiento globales— ponen dudas sobre cómo irá este año. La media de inversión en obra pública en la eurozona es del 2,2% del PIB, que en Cataluña implicaría destinar 5.500 millones al año.

El incremento de precios a raíz de los problemas de suministro ha sido responsable de pérdidas de licitaciones: 175 obras licitadas quedaron desiertas por la diferencia de precio entre el momento en el que se pusieron a concurso y el momento de aceptarlas. El sector reclamó que se habiliten mecanismos inmediatos de revisión de precios y medidas específicas para la construcción.

La falta de ejecución de las obras también es un lastre que arrastra el sector, ya que, según las previsiones del CCOC, hasta un 30% de la inversión prevista se pierde por la falta de ejecución de las administraciones.

Los principales organismos licitadores durante 2021 fueron Adif, con 467,62 millones, Bimsa, con 320,75 millones, e Infraestructures de la Generalitat, con 285,58 millones.

La buena noticia es que el sector ya nota el efecto de los fondos europeos de recuperación, con 30 contratos que indicaban explícitamente que se financiarían con recursos comunitarios.

Los contratistas pidieron agilizar la gestión de los fondos, especialmente para no poner en riesgo los proyectos vinculados a los Next Generation, que consideran “claves” para la recuperación del sector.