La Generalitat prevé clases con dos maestros para garantizar la docencia en castellano y catalán
El Departamento de Educación aumentará la plantilla de profesores para que los alumnos tengan una enseñanza más “personalizada”
La inmersión lingüística en Cataluña está siendo un campo de batalla político desde que el Tribunal Supremo confirmara el pasado noviembre la obligatoriedad para los colegios catalanes de impartir al menos un 25% de sus asignaturas en español. Los partidos independentistas sopesan fórmulas para esquivar la sentencia. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, han anunciado este jueves una batería de medidas para evitar aumentar las horas en castellano de forma general en el sistema escolar. La decisión más llamativa es el aumento de profesores en los colegios: en las aulas que haya que enseñar en español, habrá dos profesores, uno de ellos para atender en castellano y el otro en catalán a los alumnos que lo requieran.
Aragonès y Gonzàlez-Cambray se han reunido en el Palau de la Generalitat con más de 40 organizaciones del mundo de la educación en Cataluña. Entre los participantes en el cónclave también estaban los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, el Centro UNESCO de Cataluña, o entidades del nacionalismo catalán como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Plataforma per la Llengua. Estas instituciones han secundado las medidas anunciadas, que se aprobarán mediante decreto. Tanto el presidente como el consejero de Educación son miembros de Esquerra Republicana (ERC); su socio de coalición, Junts, ha estado representado por Ricard Font, secretario general de la vicepresidencia.
Gonzàlez-Cambray no ha especificado cómo se desarrollaría el trabajo de los dos maestros, solo ha puntualizado que cada colegio decidiría la manera de aplicar el sistema con el objetivo de que el tándem permita una docencia “más personalizada” a los alumnos que en la clase necesiten aprender en castellano. El consejero de Educación ha precisado que de momento esto significará contratar a 35 docentes, que es el número de casos en los que hay sentencias para aumentar las horas lectivas en castellano. Gonzàlez-Cambray ha dado por hecho que esta estrategia no choca con la obligatoriedad indicada por el Supremo de que los alumnos de las aulas concernidas reciban la asignatura en castellano.
Aragonès ha afirmado que se está produciendo “un ataque a uno de los pilares de la convivencia en Cataluña, la lengua”. El president ha informado de que llevarán a cabo un nuevo plan de choque para promocionar el uso del catalán en las escuelas porque, según datos de la Generalitat, este está en retroceso. Aragonès ha explicado que la Universidad de Barcelona realizará un exhaustivo estudio sobre el empleo del catalán en los 4.000 colegios e institutos de Cataluña. El Departamento de Educación intensificará además el trabajo del cuerpo de inspectores de la Generalitat para que se asegure que las horas de clases en catalán no se reducen. “Hemos dado órdenes al cuerpo de inspectores para que se garantice el modelo vigente”, ha manifestado Aragonès, “si la clase de matemáticas se tiene que hacer en catalán, se hará en catalán”
ERC y Junts consideran que la sentencia del castellano es un atentado a un modelo educativo de éxito y una vulneración del poder autonómico. Pese a ello, los dos partidos han chocado en la estrategia a seguir. Junts ha planteado incluso la posibilidad de que el Ejecutivo desobedezca la imposición judicial, y ha tildado a Gonzàlez-Cambray de poco valiente. “Esto no va de soluciones improvisadas o mágicas o querer cargarse la autonomía de los centros. Esto va de generar los consensos para defender la inmersión lingüística y eso es lo que hará el Govern”, dijo el pasado lunes Aragonès. Ni el presidente ni Gonzàlez-Cambray han mencionado la posibilidad de desacatar las decisiones de los tribunales.
Impulso Ciudadano y la Asamblea Escuela Bilingüe, dos entidades partidarias de introducir más horas de castellano en el sistema escolar catalán, han anunciado que trabajarán para controlar que los colegios acatan la obligatoriedad del 25%, además de que acompañarán a las familias que así lo quieran en el proceso administrativo de exigir la aplicación del porcentaje. Ambas organizaciones han sido de las más activas en la defensa de la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que imponía el 25% mínimo de castellano en los colegios catalanes. Esta sentencia es la que ratificó este otoño el Tribunal Supremo.
El caso de Canet de Mar
La escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha sido escenario en las últimas semanas de un agrio enfrentamiento político a raíz de la providencia judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en uno de sus cursos. En las redes sociales se vertieron graves insultos y amenazas contra la familia que solicitó la medida. La Asociación de Familias (AFA) del colegio ha defendido en un comunicado que ni la hija ni los padres de la familia que se amparó en la justicia hayan sufrido acoso en el centro escolar. “Nos sentimos utilizadas, difamadas y tristes porque se está generando un relato falso que no se corresponde con el ambiente cohesionado que se respira en nuestra escuela”, asegura la asociación.
“Queremos desmentir rotundamente que exista un movimiento de acoso, aislamiento y ataque hacia cualquier niño, niña o familia”, afirma la AFA. Los padres recibieron el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que su hija recibiera más horas lectivas en castellano. Los Mossos d’Esquadra ofrecieron protección a esta familia y también han establecido un sistema de vigilancia en el perímetro del colegio. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña”, escribió la semana pasada en redes sociales Jaume Fàbrega, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Este niño se tiene que encontrar solo en clase. En las horas en castellano, los otros niños deberían salir”, publicó Albert Donaire, mosso y activista independentista. A diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez el Govern entró de lleno. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acudió la semana pasada al colegio, pero no contactó con la familia de la niña.
“La nuestra es una escuela diversa y plural que nunca ha permitido, ni mucho menos promovido, actitudes discriminatorias de ningún tipo. Como representantes de las familias, rechazamos firmemente cualquier muestra de intolerancia o falta de respeto”, escribe la AFA.
El colectivo representante de los padres y madres del colegio también critica la resolución judicial y dice no poder mantenerse neutral ante la imposición del 25% en castellano en un aula de los cursos infantiles: “Como AFA no podemos ser equidistantes con una sentencia que pone en peligro el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y que menosprecia los órganos de participación de nuestro centro educativo”.
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