Cataluña amplía la red para abortar tras 11 años con vacíos territoriales

Cataluña empieza a poner coto a las trabas geográficas e informativas para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Después de 11 años de vacíos territoriales, con comarcas enteras sin un lugar donde realizar IVE quirúrgicas sin causa médica —la ley marca que, a petición de la mujer, se pueden hacer antes de la semana 14 de gestación—, el Departamento de Salud ha firmado un acuerdo con la clínica Mi NovAliança de Lleida para que preste este servicio a cargo del sistema público de salud y ha anunciado una campaña de sensibilización para combatir el estigma que hay con esta prestación. Pero falta camino por recorrer, admiten las voces consultadas. La inequidad territorial en el acceso al aborto todavía persiste en zonas como las Terres de l’Ebre y los expertos denuncian la falta de formación e información para responder a las peticiones de IVE.

Pese a que Cataluña es una de las comunidades donde la red para abortar es más amplia —en 2019, 76 centros, entre clínicas privadas, hospitales públicos y las unidades de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR), reportaron algún aborto—, la facilidad de acceso al sistema es desigual. La objeción de los médicos, unida a una dispar red de centros concertados y la falta de infraestructura en el sistema público para asumir todas las IVE son algunos de los motivos que alientan esa inequidad territorial desde que en 2010 entró en vigor la última ley del aborto.

Por lo pronto, a partir de este lunes, las mujeres de Lleida que quieran someterse a una IVE quirúrgica sin causa médica podrán hacerlo en su área de referencia, sin tener que desplazarse cientos de kilómetros en busca de una clínica concertada donde se dispense esta prestación. Y además, Salud ha asegurado que “próximamente” las mujeres de Terres de l’Ebre también dispondrán de un centro para IVE quirúrgicas, aunque no ha concretado la fecha exacta.

En 2019, último año del que se tienen cifras, se realizaron en Cataluña cerca de 23.000 IVE, un 4,4% más que el año anterior. La inmensa mayoría (el 90%) se realizan a petición de la mujer y el método más empleado es el farmacológico (47%), seguido de la intervención quirúrgica de dilatación y aspiración (45%), que consiste en extraer el contenido del útero.

La red de atención primaria, a través de los ASSIR, se encarga de vehicular y ejecutar el grueso de las interrupciones farmacológicas, un método disponible en las nueve primeras semanas de gestación. Los abortos quirúrgicos a petición de la mujer antes de la semana 14 o por riesgo para la madre, suelen derivarse a clínicas privadas concertadas con el sistema público y cuando se trata de abortos más complejos y por motivos médicos, como malformaciones fetales, acostumbran a asumirlos grandes hospitales públicos. Pero la distribución territorial de los dispositivos de atención y el acceso a los distintos métodos de IVE es desigual.

Jana (nombre ficticio) decidió irse a Barcelona cuando se enteró con 20 años de que estaba embarazada y quiso abortar. Recorrió los 207 km que separan Pont de Suert (Alta Ribagorça) de Barcelona en autobús de la mano de su prima por el estigma, admite: “Te jode la reputación y todo el pueblo se ha enterado al día siguiente”. Más tarde, sin embargo, se dio cuenta de que, aunque hubiera querido, le habría sido imposible interrumpir su embarazo con el método quirúrgico en su comarca y hubiese tenido que desplazarse a Barcelona de todos modos. Según la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, cada año unas 6.400 mujeres tienen que desplazarse a otra zona para poder someterse a una IVE.

En Barcelona, Jana comenzó un periplo por varios centros de la capital para conseguir abortar. Primero al Hospital Sant Pau, luego a un centro de salud, pero le decían que “no era lo suficientemente importante”, relata: “Yo no quería tener un niño con 20 años y me parecía algo que iba a pasar porque nadie me estaba atendiendo”. Al final, logró cita en otro centro de salud alegando “asuntos personales” y ahí sí empezaron a tramitarle la IVE. “Cuando me dieron la pastilla no me dijeron nada. Fue un trato muy frío, no me acompañaron emocionalmente, como si fuera un número más”.

Precisamente, la falta de acompañamiento en el circuito asistencial, señala Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, es otro de los grandes obstáculos que pone el sistema: “No hay formación, ya no solo en la práctica del aborto, sino también en toda la parte informativa y de acompañamiento”. Coincide Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que denuncia la falta de formación de los profesionales: “El aborto provocado es una práctica estigmatizada”. Aldavert añade, además, que los tres días de reflexión que exige la ley antes de practicar la IVE, los requisitos legales de que las menores de 16 y 17 años no puedan abortar sin tutela o que por encima de las 22 semanas de gestación, el caso tenga que pasar por un comité clínico, alientan prácticas de riesgo: “Esto está dejando al margen a una parte de la población muy vulnerable, se las está desprotegiendo y está provocando que se produzcan abortos clandestinos”.

La objeción de los profesionales también pesa en la inequidad de acceso a la prestación. Según Salud, el 44% de los médicos catalanes son objetores de conciencia de la IVE. Toni Payà, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital del Mar señala que, en algunos casos, “la objeción se ha llevado a las últimas circunstancias”. “En mi servicio solo hay una persona objetora y ya sabemos que esa persona no participará en estos actos médicos. El problema es cuando todo el servicio es objetor. Hay casos clarísimos, con malformaciones graves, donde sabes que el niño va a morir cuando nazca”, apunta.

Aldavert añade, no obstante, que en la objeción entran dos sectores muy distintos de profesionales. “Por un lado, está el tema ideológico y moral de algunos especialistas, pero luego hay una objeción más implícita, que tiene que ver con las condiciones absolutamente precarizadas de la atención primaria sobre todo”, señala Aldavert. Estos últimos no podrían asumir una atención correcta para las mujeres que quieran abortar. Precisamente, admite Payà, los hospitales públicos no podrían asumir el volumen de actividad que suponen todas las IVE: “La capacidad es finita y no se puede asumir todo. También tenemos que hacer intervenciones con un tiempo máximo de espera garantizado, por ejemplo, y ya tenemos listas de espera. El sistema no da de sí”.

Carencias en el circuito

Los expertos coinciden en que todavía hay muchas carencias en el acceso a la prestación. Payà abunda: “El problema no es la ley, son los circuitos: dónde va la paciente, qué hace, la desinformación”. Coincide Silvia Arévalo, jefa de Medicina Neonatal del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona: “La ley está clara, lo que hay es que cumplirla. No se puede dejar a las pacientes desatendidas”.

En esta línea, el Departamento de Igualdad y Feminismos ha anunciado la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos para atajar las trabas en esta prestación. “Se prevé garantizar la equidad territorial en la IVE en los hospitales de referencia de todas las regiones sanitarias y eliminar las barreras vinculadas a la situación administrativa”, indica la secretaria de Feminismos, Montserrat Pineda. Igualdad también ha anunciado que reforzará la sensibilización e información poblacional “para erradicar mitos y falsas creencias sobre el aborto alimentados por movimientos fundamentalistas” contra el aborto.

La medicina, por su parte, también pondrá su grano de arena. Oriol Porta, presidente de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, asegura que se está desarrollando una modificación del protocolo que consiste en ampliar las indicaciones de tratamiento farmacológico, un método más accesible a través de la red de atención primaria: “Lo que podamos hacer con un medicamento, no lo hagamos quirúrgicamente, porque así ahorramos riesgos, una invasión, la anestesia, el quirófano”. En Cataluña, según los datos de 2019, el método farmacológico es el mayoritario por segundo año consecutivo y se practica, en el 76% de los casos, en la atención primaria a través de los centros de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR). Una encuesta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupciones del Embarazo realizada a más de un millar de mujeres señala, no obstante, que el 78% de las consultadas opta por el método quirúrgico porque era más “rápido, seguro y menos doloroso”.