“Hay que quitar el estigma al aborto, normalizar que es una prestación sanitaria más”

Toni Morillas (Torredonjimeno, Jaén, 38 años) llegó a la dirección del Instituto de las Mujeres en mayo. Desde ese puesto, le toca empujar una de las propuestas más delicadas del Gobierno de coalición: la reforma de la ley del aborto. La norma fijaba que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) debían realizarse en la sanidad pública, pero la realidad es que, 11 años después de su aprobación, se realiza de forma mayoritaria (más del 85% de los casos) en centros concertados por la objeción de conciencia de hospitales y comunidades enteras. Es una práctica que sigue estigmatizada y sobre la que, asegura Morillas, no se forma bien a los médicos en España. En la reforma también quieren incluir la obligatoriedad de la educación sexual y abordar la violencia obstétrica o la gestación subrogada, sobre la que asegura: “En España se tolera la venta de seres humanos, eso son los vientres de alquiler”.

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Pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de que el aborto no esté garantizado en igualdad de condiciones 11 años después de que se aprobara la ley?

Respuesta. El Gobierno debe velar para que las leyes que aprueba se desarrollen, hay una responsabilidad compartida con las comunidades y un problema evidente, la mala praxis en torno a la objeción de conciencia. Es responsabilidad de los poderes públicos porque somos los que tenemos la tarea de velar por que los derechos reconocidos en una ley orgánica se puedan desarrollar. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad, porque 11 años después de la ley, seremos el primer Gobierno que va a reformarla, no para restringir derechos, sino para abordar los principales obstáculos.

En ningún caso vamos a limitar la objeción, que es un derecho constitucional, pero estamos trabajando en cómo armonizarla con el derecho al aborto

P. Solo el 6% de los abortos se practican en hospitales públicos. ¿Cómo piensan revertir eso?

R. Lo primero es reformar la ley para que quede claro que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser garantizada en la pública. En la ley ya lo pone, pero permite la excepción de que se pueda hacer a través de clínicas acreditadas y esa excepción se ha convertido en norma. El problema fundamental es una mala praxis de la objeción de conciencia. En ningún caso vamos a limitar la objeción, que es un derecho constitucional, pero estamos trabajando en cómo armonizamos ambos derechos fundamentales. Para eso tenemos un aval político y otro jurídico. Alcanzamos un acuerdo del arco parlamentario progresista en el Congreso de los Diputados para la ley de eutanasia, que incluye un instrumento técnico, los registros, para desarrollar la objeción individual, por escrito y por anticipado. El aval jurídico es la sentencia del Constitucional de 2014 ante el recurso que se presentó por la ley foral de Navarra, y que dice que poner en marcha un registro de objetores nunca es para limitar el derecho a la objeción, sino para permitir a los responsables organizar cómo se prestan los distintos servicios de la cartera del Sistema Nacional de Salud.

P. Los registros de objetores de la ley de eutanasia los elaboran las comunidades autónomas, las mismas que no han hecho el trabajo para garantizar el aborto en la pública.

R. Tiene que haber mucho diálogo. Los registros son un instrumento que no existía. En el marco de la conferencia sectorial y las comunidades podremos identificar las dificultades y cuáles son los mejores instrumentos técnicos para que se pueda desarrollar. Ahora, ¿cómo se enmarca esto después con las comunidades? Ahí está la madre del cordero, aún no lo hemos abordado. Estamos yendo a los territorios y en todas las visitas hablamos con organismos de Igualdad e intentamos reunirnos también con las Consejerías de Sanidad. Aún no tenemos una conclusión de trabajo, eso va todavía despacio.

En el Gobierno de coalición hay diversidad de opiniones, pero también un amplio consenso en torno a la necesidad de blindar el derecho al aborto.

P. La ministra de Sanidad ha descartado que el Gobierno “vaya a regular la objeción de conciencia”. ¿Es un nuevo desencuentro entre los socios de Gobierno?

R. Hemos consensuado y acordado con Sanidad los términos de la consulta pública previa que hemos lanzado justo hoy [por ayer] y el marco de diálogo en el que, no me cabe duda, vamos a llegar a un acuerdo. En el Gobierno de coalición hay diversidad de opiniones, pero también un amplio consenso en torno a la necesidad de blindar el derecho al aborto.

P. En la ley de 2010 ya estaba recogido que debía prestarse en la sanidad pública y que la objeción de conciencia es un derecho individual. ¿Por qué ahora va a ser diferente?

R. Somos conscientes de que las cosas no se construyen solo por decreto, sino que hay que hacer también un proceso de pedagogía y sensibilización social. Hay que eliminar el estigma que tiene el aborto, normalizar que es una prestación sanitaria más. Igual que cuando un hombre tiene un problema de próstata y puede ir a su centro hospitalario más cercano. Una de las cuestiones que nos trasladan los profesionales sanitarios es prestigiar e incorporar a la formación académica la formación de los profesionales en torno a salud sexual y reproductiva y las IVE.

P. ¿La formación de los profesionales sanitarios sobre el aborto no está garantizada en las Universidades públicas?

R. Hasta donde sabemos, no. Hay que incorporar los distintos métodos de interrupción voluntaria que hay: el quirúrgico, el farmacológico… Y hacerlo con enfoque de género. Reconocer que el derecho a una maternidad libremente decidida, a poder decidir si quieres ser madre o no o a planificar tu fecundidad determina la posibilidad de desarrollo del resto de derechos humanos para una mujer y es una condición necesaria para que las mujeres podamos desarrollar nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

P. ¿Qué planes tienen para la red de clínicas concertadas?

R. Hay que garantizarlo en la pública y ahí habrá un proceso de transición. Ahora mismo se está garantizando a través de las clínicas acreditadas donde además hay profesionales formados al respecto. Creo que hay que escucharlos atentamente también en todo lo que tiene que ver con el avance de los métodos de IVE, pero nuestro papel y nuestra responsabilidad es garantizar el derecho en la sanidad pública.

Abordar la educación sexual es ver cómo sustituimos la pedagogía del miedo por una pedagogía del placer y el consentimiento

P. ¿Qué supone que un adolescente salga de secundaria sin dar una clase de educación sexual?

R. En la ausencia de educación sexual está la raíz de la violencia sexual, de los discursos de odio y de la falta de reconocimiento de la diversidad sexual y de algunos de los obstáculos que encontramos para garantizar el derecho al aborto. Abordar la educación sexual es ver cómo sustituimos la pedagogía del miedo por una pedagogía del placer y el consentimiento. El aula es un espacio donde niños y niñas se sienten en pie de igualdad y debe ser donde garanticemos una educación sexual obligatoria desde primaria, adecuada a las distintas fases vitales. Pero tienes que garantizar que reconozcan su cuerpo, que una niña no escuche hablar de la menstruación la primera vez que le viene y que pueda hablar de ello con naturalidad. La educación sexual en nuestro país es anecdótica. Tiene que ser obligatoria, desde un enfoque feminista.

Debemos garantizar que una niña no escuche hablar de la menstruación la primera vez que le viene y que pueda hablar de ello con naturalidad

P. Pasa algo parecido a lo que ocurre con la objeción de conciencia. Esa educación sexual la tendrán que gestionar las comunidades, que pueden no estar de acuerdo. Ya hay un Gobierno autonómico, el de Murcia, que ha implantado el veto parental.

R. Nada depende solo de que se ponga en la ley, pero ponerlo en la ley es un paso. Poner en la ley que la educación sexual no sea una recomendación sino que tenga carácter obligatorio es un paso importante. Que la Lomloe [la actual ley educativa] lo incluya es un paso importante. Lo siguiente será que en la reforma de la ley del aborto sustituyamos lo que aparece como una mera recomendación por un carácter obligatorio.

P. Quieren incluir medidas para garantizar “el parto respetuoso” en la ley. ¿Se está haciendo algo mal en los paritorios?

R. Existe una estrategia de atención al parto normal que viene de 2007 y la última evaluación, de 2012, plantea que hay un nivel muy bajo de adecuación de los protocolos a esas recomendaciones. Queremos adecuar los protocolos sanitarios a esa estrategia. Hay todo un marco internacional que interpela a España para tomar medidas que nos permitan reconocer la violencia obstétrica en nuestro país. Y este va a ser uno de los aspectos que abordemos en la ley, con un título específico sobre violencia en el ámbito reproductivo que incluya tanto la violencia obstétrica como los vientres de alquiler. La CEDAW emitió un dictamen a partir de una denuncia de una mujer donde decía que en España se producía violencia obstétrica de manera sistemática y generalizada, que había toda una serie de prácticas sobre las que los poderes públicos tenían que intervenir y planteaban una hoja de ruta muy concreta. Necesitamos medidas que permitan transformar la cultura del parto en nuestro país. Hay una cultura médica y judicial profundamente patriarcal que reproduce determinadas maneras de hacer que no están pensadas para las mujeres.

Necesitamos medidas que permitan transformar la cultura del parto en nuestro país

P. ¿La violencia obstétrica es violencia de género?

R. Es una forma de violencia contra las mujeres que tiene unas características distintas porque es que es una violencia institucional.

En España de facto se tolera la compra de seres humanos, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de vientres de alquiler

P. ¿Qué quieren incluir en la ley sobre los vientres de alquiler?

R. Reconocerlo como una forma de explotación reproductiva. Nos parece importante porque nos da un marco de sensibilización en torno a que de facto se tolere la compra de seres humanos, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de vientres de alquiler. Hablamos de que en nuestro país está prohibido que se puedan hacer contratos para comprar seres humanos, pero hay fallas y vacíos legales que hacen que se puedan comprar bebés en otros países donde está regulado y donde hay mujeres fundamentalmente pobres y desesperadas. Tenemos que plantear cómo blindamos lo que ya es un delito, sin ser fácil porque hay jurisprudencia de distinto tipo donde también entran en cuestión qué sucede con los niños y niñas una vez que están aquí. Y hay que hacer un trabajo con todo lo que tiene que ver con las agencias de intermediación que están haciendo una actividad que es ilícita en nuestro país.