El PP catalán opta por un perfil bajo en la campaña de recogida de firmas contra los indultos

El PP catalán ha optado por un perfil bajo en la campaña de recogida de firmas contra los indultos de los presos independentistas y no ha puesto mesas en la calle para reunirlas. Los populares catalanes se oponen con firmeza a la medida de gracia y así lo expresan en artículos y en la red sus caras visibles, pero se han decantado por no mostrar en la calle su postura. Con tres diputados sobre 135, el PP es la octava y última fuerza del Parlament.

El partido ha planeado recoger firmas en las sedes provinciales y locales y en la web sin desplegar mesas como en Madrid o Sevilla. En una segunda fase, los responsables locales decidirán si ven adecuado “poner carpas en función de las características de sus municipios”, dicen fuentes oficiales. La estrategia está pactada con Génova, que asume que no tiene el mismo coste político recabar apoyos en Cataluña para que los políticos independentistas sigan en prisión que en el resto de España. Las firmas se recogerán, por tanto, sin “aspavientos”, dice un miembro del partido. Los dirigentes nacionales no se desplazarán a Cataluña para hacer campaña, en contraste, por ejemplo, con la asiduidad con la que Pablo Casado visitó Cataluña con periodicidad semanal en la precampaña de las elecciones del 14 de febrero.

La estrategia de las firmas ha generado incomodidad en el partido en Cataluña que ha optado por ese perfil bajo que se evidenció en la primera sesión de control del pasado miércoles en el Parlament al president Pere Aragonès justo el día en que empezaba la recogida de firmas. En Comú Podem, Ciudadanos y Vox interpelaron al president por los indultos, pero Alejandro Fernández, presidente del PP catalán y del Grupo mixto preguntó a Aragonés por la banca pública que ha pactado con la CUP. “Es un asunto que no se ve igual en el resto de España que en Cataluña. Es un tema complejo, delicado y con un componente emocional”, argumenta un exdiputado popular sobre la decisión de no poner las mesas. Otros achacan la decisión a la “prudencia” para evitar incidentes y que nadie les acuse de “provocar”.

La campaña impulsada por Casado evoca irremediablemente a la conflictiva recogida de firmas en contra del Estatut en 2006. Muchos miembros del PP catalán sostienen que aquella operación fue “excesiva” y “contraproducente”, apunta un miembro del partido. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, dijo en 2015 que la iniciativa fue percibida en Cataluña como una “agresión” por mucho que fuera “bien intencionada”. Activo en la red, Albiol, líder de los alcaldes del PP, mantiene ahora el silencio sobre las firmas. La izquierda alega que la campaña contra el Estatut fue el preludio del recurso ante el Constitucional y, a la postre, el desencadenante del procés. El PP, sin embargo, matiza esa lectura porque ese año logró 18 diputados —pactó los Presupuestos con Artur Mas— y en 2012, 19, que fueron los mejores resultados de su historia.

Pero ahora los tiempos son otros. Con solo tres diputados en el Parlament y dos ediles en Barcelona, el PP catalán es un partido pequeño, engullido primero por Ciudadanos y superados ambos después por Vox. Ahora está enfrascado en su reconstrucción y aspira a liderar el centro-derecha en las municipales sin renunciar a captar a catalanistas moderados. Muchos populares consultados han preferido no opinar sobre cómo ha encarado el partido en Cataluña la campaña de las firmas. Quien sí se ha pronunciado a favor de la movilización es la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. El miércoles, defendió esa postura en un debate organizado por Societat Civil, la entidad contraria a la independencia, en el que se expusieron opiniones encontradas sobre los indultos en el constitucionalismo. Dos fundadores de la organización apoyan la medida de gracia.

En declaraciones este viernes a Catalunya Ràdio, la diputada sostuvo de nuevo que la ciudadanía está obligada “a movilizarse” y negó que la recogida de firmas de ahora sea un error como algunos dirigentes del PP admitieron respecto a las del Estatut: “El Estatut era inconstitucional. Es el nacionalismo el que persiste en un error que les conduce a un muro”. Josep Bou, concejal del PP en Barcelona, que acaba de publicar un artículo bajo el título: “Indultos, no; justicia y convivencia, sí”, apunta: “Tiene que ser la sociedad civil la que se exprese en la calle contra ellos y los partidos después darle apoyo”. Societat Civil se opone a la medida de gracia al esgrimir que los presos no han reconocido el “daño ni tienen voluntad de reparación, sino la voluntad de repetirlo”, pero no tiene previsto convocar ninguna movilización.