El independentismo logra desencallar la Mesa del Parlament pero está lejos de cerrar el pacto del Govern

La XIII legislatura catalana comienza este viernes con la constitución del nuevo Parlament, resultado de las elecciones del pasado 14 de febrero. Se trata de una sesión en la que los 135 diputados —de ellos el 53% debuta en la Cámara— escenifican la toma de posesión del cargo y eligen a su órgano rector, la Mesa. ERC, Junts y la CUP llegaron el jueves a un acuerdo que les garantiza el control del órgano y les permitirá otorgar la presidencia a Laura Borràs, de Junts, investigada por un caso de presunta corrupción. Queda por pactar, sin embargo, el Gobierno de la Generalitat. Todas las partes coinciden en que esto no se producirá de forma inmediata. La ley pone como límite para la primera sesión del debate de investidura el próximo 26 de marzo.

La constitución del Parlament, por ley, se tiene que realizar como máximo 20 días después de los comicios. En la misma noche electoral, el aspirante republicano a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, instó a las otras dos formaciones independentistas (y a los comunes) a cerrar rápido un acuerdo y así revalidar el poder secesionista en Cataluña. Ese llamamiento se topó no solo con la estrategia negociadora de las otras dos formaciones, sino también con la gestión de los disturbios que sacudieron Cataluña tras las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Un miembro de la dirección de ERC asegura que el acuerdo para la Mesa ha sido “como el parto de la burra”. Nada hace pensar que la fumata blanca llegue en el último minuto.

En la sesión de este viernes en la Cámara catalana habrá tres votaciones para elegir a los siete miembros de la Mesa, y el independentismo espera tener al menos otros cuatro, además de la presidencia. La aritmética, sin embargo, le puede jugar una mala pasada. El control de la Mesa es fundamental, pues se encarga de dar luz verde a lo que se debate, un punto en el ojo del huracán ante las advertencias del Tribunal Constitucional de prohibir que se pueda debatir sobre la Monarquía o el derecho a la autodeterminación, al entender que no se trata de materias propias de una Cámara regional. El PSC, aunque en minoría, será el único dique de contención y representante del constitucionalismo. Estas son las cinco claves del arranque de la nueva legislatura:

52% de diputados nuevos, más mujeres que nunca

Un total de 71 diputados se estrenan esta legislatura, un 52,3% del total. Esta importante renovación de la composición se explica por el cambio de ciclo en la política catalana. Mientras que en el 2017 las listas las colmaban los cargos suspendidos en virtud de la aplicación del artículo 155 (sustentando el relato de “restitución” que promovía el independentismo), esta vez solo estarán los exconsejeros Meritxell Serret (que regresó de Bélgica este jueves y quedó en libertad con cargos tras presentarse ante el Tribunal Supremo) y Lluís Puig Gordi. El expresidente Carles Puigdemont renunció el miércoles al acta. La irrupción de Vox, la mejora considerable de la CUP y experiencias como las primarias de listas abiertas de Junts también han contribuido a la renovación de caras. Eso sí, la media de edad ha subido y será de 47.

La XIII legislatura bate récord en presencia de mujeres. Habrá 64 diputadas (47% del total) frente a 71 diputados. En los grupos de PSC, ERC, la CUP y el PP, por ejemplo, ellas serán mayoría. Más partidos apuestan por las listas cremallera y eso permite avanzar en paridad, aunque el reto también está en cómo eso se ve reflejado en los órganos internos del Parlament. La apuesta por la igualdad va más allá de la composición y el plan sobre el tema de la Cámara, aprobado en el anterior mandato, busca también cerrar la brecha de género. Ese documento incluía la firma de un compromiso individual de cada diputado de “velar por un entorno libre de sexismo, LGBTIfobia y acoso psicológico y sexual”, pero no es indispensable para acceder a la condición de diputado. Vox se ha negado a firmarlo asegurando que “no reciben lecciones de nadie”.

Hemiciclo cerrado y entrada por turnos para la sesión constitutiva

Por primera vez en la historia, el pleno de constitución del Parlament no se celebrará en el hemiciclo del palacio del parque de la Ciutadella. Desde que implosionó la pandemia, la presencia física de los diputados se ha ido reduciendo y el teletrabajo ha tomado el relevo a las largas jornadas de plenos y comisiones. En la puesta de largo de la legislatura, donde el principal objetivo es elegir a los miembros de la Mesa, la votación se hace en urna y para garantizar que los 135 diputados estén presentes la sesión se realizará en el Auditorio del mismo edificio.

A ese recinto, más aireado y con espacio suficiente para garantizar la distancia de seguridad entre silla y silla, solo podrán ingresar los diputados. Las sillas estarán asignadas previamente y cada bancada tendrá que entrar en unos turnos preestablecidos (entre las 9.30 y 9.50 de la mañana), con mascarilla puesta y tras haberse tomado la temperatura. El dispositivo sigue las recomendaciones del Procicat, el comité técnico de la Generalitat que pilota la emergencia sanitaria.

La mesa de edad será la encargada de presidir la votación del presidente del Parlament y los otros seis miembros de la mesa. Ernest Maragall (78 años), de ERC, repite al ser el diputado de mayor edad y le van a acompañar Alberto Tarradas (24), de Vox, y David González (26), del PSC. Tendrán un primer problema a resolver, y es que deben decidir si aceptan que Puig Gordi pueda delegar el voto. Por otro lado, es muy posible que el pleno de investidura, cuya primera votación se tiene que realizar antes del día 26 de marzo, también se celebre en el Auditorio. La última palabra la tendrá la mesa.

Victoria socialista, mayoría absoluta independentista

El coronavirus ha marcado profundamente el ciclo electoral en Cataluña. La pandemia terminó por hacer volar los planes de adelanto electoral del expresident Quim Torra; Salvador Illa, la cuota del PSC en el Gobierno de Pedro Sánchez, terminó cogiendo un protagonismo inesperado como ministro de Sanidad y hasta hubo pelea jurídica por el fracasado aplazamiento electoral motivado por la tercera ola del virus. El temor al contagio el 14-F, sumado a la apatía y el mal tiempo, dejó la participación en su mínimo histórico en democracia: 53,5%, 25,4 puntos menos que en las autonómicas de 2017.

Illa fue precisamente el cabeza de cartel del PSC, que cambió de presidenciable a finales de 2020 tras reemplazar a Miquel Iceta. El golpe de efecto funcionó y el PSC ganó en votos (652.858) y empató en escaños (33) con ERC. En 2017, los socialistas sufrieron una seria fuga de votos hacia Ciudadanos, más contundente en su antiindependentismo y eso los relegó a ser la cuarta fuerza. El triunfo es agridulce, sin embargo, porque no tiene alianzas suficientes para lograr una mayoría. Las esperanzas de un acuerdo con ERC, si existían, terminaron de esfumarse cuando los republicanos acordaron dejar por escrito que no contarían con el PSC para formar un Ejecutivo.

La dinámica de bloques seguirá muy previsiblemente en una Cámara donde por primera vez el independentismo ha logrado superar el umbral del 50% del voto, si bien se dejaron 700.000 votos por el camino si se compara con el resultado de 2017. ERC, Junts y la CUP se han conjurado para que el secesionismo siga en el poder tanto en la Generalitat como en el Parlament, pero siguen teniendo diferencias profundas en cómo llegar a la independencia y cómo lograr la ansiada unidad estratégica. De momento, han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre el nuevo Ejecutivo. ERC y Junts suman 65 escaños, tres por debajo de la mayoría absoluta. Los nueve diputados anticapitalistas permitirían de sobra superar el umbral, pero las diferencias ideológicas dejan un panorama inestable. La CUP, de momento, descarta entrar al Govern. El foco volverá a estar en cómo se usa la mayoría independentista en la mesa del Parlament, sobre la que ya pesan advertencias y una querella por posible desobediencia al TC.

Laura Borràs, presidenta del Parlament

La aritmética del bloque independentista y unas negociaciones nada fáciles a tres han hecho que finalmente Junts per Catalunya ostente la presidencia de la Cámara. Laura Borràs será la segunda autoridad de Cataluña, se encargará de moderar los debates y de hacer respetar los derechos de los diputados. Su antecesor, Roger Torrent, logró imponerse ante Junts en varios pulsos y evitó desobedecer a la justicia, por ejemplo, descartando la investidura telemática de Carles Puigdemont o retirando el acta de diputado al expresidente Quim Torra. Esos dos momentos fueron los más críticos en la relación entre los socios de Govern.

Las tres formaciones independentistas lanzaron la semana pasada una declaración de intenciones al anunciar que, en la próxima legislatura, piensan desobedecer al Constitucional en la prohibición a debatir sobre el derecho a la autodeterminación y la monarquía. La Mesa del Parlament, donde los secesionistas serán mayoría, es la encargada de dar luz verde a los textos que se someten a votación y por tanto volverá a ser fuente de conflicto. El PSC contará con una vicepresidencia y una secretaría y tendrá que asumir en soledad el rol de dique legal ante resoluciones o debates que no se ajusten a la ley.

La conformación de la mesa se vota en tres rondas para elegir los siete cargos en liza. De estos, los independentistas confían en asegurar cinco (uno más que en la pasada legislatura) pero el resultado final depende de decisiones de último minuto, difícil de pactar pero aritméticamente posibles. En la primera votación se elige al presidente, y aquí el rodillo independentista, con 74 escaños de 135, no dejará espacio para que prosperen candidaturas como la de la socialista Eva Granados. La CUP no tiene claro si apoyar a Borràs por las sombras de duda sobre su presunta prevaricación, pero los votos de ERC y Junts bastarían en una segunda votación donde solo se necesita mayoría simple.

En la segunda ronda se eligen dos vicepresidentes. Los independentistas tienen una asegurada, que sería para la republicana Anna Caula, pero un eventual pacto con En Comú Podem (9) podría abrir la puerta a tener las dos. Para ello, sin embargo, sería indispensable que ni Ciudadanos (6) ni PP (3) le den su apoyo al PSC (33 escaños). En 2017, la formación naranja ayudó al PSC a entrar en la mesa, compartiendo así el frente constitucionalista. La gran incógnita es Vox, la cuarta fuerza con 11 diputados. Independentistas, socialistas y comunes presentaron ayer su diseño de cordón sanitario que busca que los de Ignacio Garriga estén fuera de los cargos orgánicos del Parlament y les margina de algunos ámbitos de la vida parlamentaria. Pero nada les impide votar a quien quieran, incluso sin nada a cambio.

Los votos de la formación de ultraderecha podrían alterar considerablemente el reparto de la última votación, la de las secretarias. Allí los cuatro nombres más votados asumen los cargos. En 2017, por ejemplo, la cuarta secretaría solo necesitó 24 votos. Los independentistas tienen que desconcentrar aquí su fuerza de 74 y al aspirar a tres secretarias todo quedaría muy ajustado. ERC quiere que la CUP ocupe una silla como sea (sería para Pau Juvillà) y Junts propondrá al abogado Jaume Alonso Cuevillas para otra. El PSC se garantiza la suya de sobra e, hipotéticamente, hasta le podrían sobrar algunos votos para apoyar a un candidato de Ciudadanos si lo quisiera. Naranjas, PP y Vox suman 20 ‘síes’ pero tras lo sucedido en Madrid y Murcia hay pocas posibilidades. Si esta fórmula tirara adelante, los independentistas se verían obligados a hacer equilibrios internos (o incluso en el reparto del Govern) para que o Junts o ERC pierdan una silla y dársela a la CUP.

El reto del cordón sanitario a Vox

Ayer, también in extremis, el bloque independentista más los socialistas y En Comú Podem pactaron un decálogo de medidas que busca neutralizar la actividad de la ultraderecha en el Parlament. Sin mencionar el nombre del partido, el documento propone “establecer los acuerdos necesarios para impedir la presencia de la extrema derecha en la Mesa del Parlament” y en otros órganos rectores. No se firmarán propuestas de resolución conjuntas y no se apoyarán las presentadas por Vox. Ciudadanos y PP no han suscrito el pacto.

El independentismo se dedicó a atacar al PSC en campaña asegurando que pactaría con Vox si fuera necesario para lograr la Generalitat. ERC fue especialmente dura e invitó a Illa a decir que rechazaría los apoyos de la ultraderecha. Se trata de un argumento que parte de una premisa errónea y es que, si bien se puede llegar a acuerdos para marginar a Vox de la vida parlamentaria es ilegal e imposible quitarle el derecho a votar en los plenos y, de paso, violaría el derecho a la representación de casi el 8% de los electores.

La votación de la Mesa será una prueba de fuego sobre los límites entre el cordón sanitario y el libre albedrio de los 11 diputados de Vox. Diez días después de las elecciones, el PSC dio un golpe de efecto publicando un documento en el que esbozaba medidas concretas para “cerrar el paso a la extrema derecha en las posiciones institucionales del Parlament, siempre que sea posible”. El movimiento dejó en evidencia a los independentistas que aunque trabajaban internamente y hacían más ruido, vieron como los socialistas se les adelantaban. El PSC proponía un acuerdo a priori sobre la votación de los miembros de la Mesa, al menos en la votación de las cuatro secretarías, y así evitar que de alguna manera llegue Vox. Se haría algo similar con las mesas que moderan las distintas comisiones del Parlament, tanto legislativas como de estudio. Tampoco se firmarían las propuestas de resolución promovidas por Vox, entre otras.

Una semana después, los independentistas, comunes y socialistas se reunieron para abordar de manera conjunta cómo sería ese cordón sanitario y, en palabras de la portavoz de Junts, Elsa Artadi, “silenciar al máximo el discurso del odio” en la Cámara. El jueves en la tarde se dio a conocer por fin el decálogo, que también aboga por “impulsar las modificaciones legislativas necesarias” para “blindar” el Parlament ante “los discursos de odio y discriminación”. Ciudadanos y PP critican la “hipocresía” de los socialistas ante Vox, comparando lo que sucede en el Congreso.