Los científicos tildan de “humo” la revolución verde de la Junta andaluza

Andalucía será un desierto a finales de siglo si el peor escenario previsto por los científicos que estudian el cambio climático se hace realidad. Para paliar la catástrofe que se avecina, la Junta lanzó hace dos años su “revolución verde”, un paquete de políticas medioambientales que los científicos critican por su escasa ambición y que tildan de “humo”. Sin medidas de calado, el Gobierno autonómico lleva dos años promocionando un supuesto impulso a la acción medioambiental de los anteriores Gobiernos socialistas y que el pasado fin de semana llevó a su presidente, Juan Manuel Moreno (PP), a la COP26 que se celebra en Glasgow.

Sin embargo, mientras regiones como Cataluña o País Vasco han declarado la emergencia climática, Andalucía sigue a la espera pese a ser la región más expuesta al calentamiento global; el comisionado para el cambio climático continúa sin presupuesto tras un año desde su nombramiento; y la Ley andaluza del cambio climático y transición energética de 2018 no se ha desarrollado tres años después.

“La revolución verde es humo, una distracción. Para atajar las emisiones, en Andalucía hay que hablar de agricultura, modelo energético y transformación de la industria turística. Solo distrae sobre los temas importantes que hay que abordar. La Junta lleva tres años haciendo una dejadez respecto al cambio climático, no parece que estemos haciendo nada. Es como si ante la covid nos cruzáramos de brazos, solo que el cambio climático es mucho mayor que la covid”, critica Reyes Tirado, investigadora del laboratorio de Greenpeace Internacional en la Universidad de Exeter (Reino Unido) que colabora con el IPCC -el panel internacional de expertos encargados de sentar las bases científicas sobre el cambio climático para Naciones Unidas-.

En paralelo, el catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla Enrique Figueroa, censura sobre la reducción del calentamiento desde Andalucía: “Estamos muy atrasados. Es esencial conocer la huella de carbono institucional, con un plan de captación pasiva de dióxido de carbono a través de la infraestructura verde, para avanzar hacia una sociedad descarbonizada. ¿Podemos soportar tanto regadío cuando está claro que habrá más sequías? El desarrollo tan escaso de reglamentos detecta que no nos terminamos de creer el cambio climático. ¿A qué estamos esperando?”, interroga el autor de Ciudad y cambio climático. En Glasgow, Moreno ha destacado los mil proyectos de energías renovables que se tramitan en la región, con 23.400 millones de inversión y empleo para 70.000 personas, pero esta transformación es ajena a la acción inversora o legislativa de la Junta.

La depuración de aguas es “un eje principal de la revolución verde”, según la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que destaca la puesta en marcha de 300 actuaciones y la licitación de obras para depuración y saneamiento por 600 millones. Estos trabajos, continuación de las obras de anteriores Gobiernos, limpian las aguas que se vierten al Mediterráneo y al Atlántico, pero la reducción de emisiones de gases es limitada. “El impacto de controlar las emisiones derivadas de la depuración de aguas para aminorar el cambio climático es más bien leve”, ilustra Marc Guevara, investigador del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. El tratamiento de aguas residuales supone el 4,5% de las emisiones de metano, que representa el 12,2% de todas las emisiones brutas. Esto significa que el tratamiento de aguas representa el 0,54% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sobre la política hídrica de la Junta, Joan Corominas, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y exdirector de la Agencia Andaluza del Agua, alerta: “Hay mucho de propaganda y poco de realidad, algún documento y declaraciones. Solo el 40% de las aguas superficiales y subterráneas cumplen con un buen estado ecológico y riveras con vida, lejos del objetivo de la directiva europea. Hace falta un esfuerzo importante de la Junta, además de la concienciación de los ciudadanos, porque los sectores con lobbies fuertes intentan evitar esos cambios. Nos jugamos mucho y nuestra calidad de vida sufrirá mucho”.

La Junta alega que ha sido la primera autonomía en contar con un plan de acción por el clima y resalta que dispone de 6.203 millones para la próxima década, incluidos gran parte de los fondos europeos para la región. “La financiación prevista para el plan es claramente insuficiente, solo este año el presupuesto de la comunidad es de 43.800 millones. La fiscalidad ambiental debería ser una herramienta para contribuir a desterrar prácticas insostenibles y reflejar la huella de carbono en bienes, productos y servicios, pero el plan se queda en una mera ‘intención de revisión”, censura Daniel López, geólogo y responsable de energía, residuos y cambio climático de Ecologistas en Acción.

Esta organización es muy crítica con los efectos reales de la revolución verde de Moreno: “No deja de ser un bluf, humo, lo verde está solo en los campos de golf. El balance es desolador y hay mucho postureo porque consideran el cambio climático como una amenaza futura y no presente. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía [que contó con la abstención parlamentaria del PSOE andaluz] es una ley de fomento del ladrillo y no tiene nada de respeto al urbanismo y al cambio climático. Además, el plan forestal andaluz está completamente abandonado y sin presupuesto”, zanja López.

Ecologistas en Acción critica que la Junta utiliza un truco contable para elevar su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero: si la referencia internacional para las emisiones fijas (de plantas energéticas e industria) son las emisiones de 1990, Andalucía emplea 2005 como año de comparativa para las emisiones difusas que le competen (residencial, transporte, agricultura y residuos). Es decir, si la región emite ahora 46 millones de toneladas de CO₂ según cifras oficiales, debería reducirlas hasta los 22 millones con la referencia de 1990, pero con 2005 como referencia el tope admitido aumenta hasta los 40 millones, casi el doble. De este modo, Andalucía proclama una reducción de los gases del 40%, cuando en realidad es del 13%, aclara López, que critica la “escasa ambición” del Ejecutivo de Moreno. La Junta se escuda en que para las emisiones difusas el Gobierno central utiliza también la referencia de 2005.

Tras la aprobación del plan de acción por el clima, los 785 Ayuntamientos andaluces disponen de un año para elaborar sus propios planes para mitigar el calentamiento y reducir la huella de carbono de todas sus instituciones, además de involucrar a sus vecinos para que sean proactivos y reduzcan sus emisiones caseras.

El presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, también carga contra el Gobierno autonómico: “Si la Junta está por la revolución verde, ¿por qué no asume el pacto verde europeo que marca las líneas para los próximos años y la directiva de 2030 para la biodiversidad? Una región puede hacer maravillas si está convencida. He preguntado varias veces qué hay detrás de la revolución verde y nadie lo sabe. ¿Un millón de árboles en la autovía A-92? No han hecho nada, por cierto. El incendio de Sierra Bermeja es un ejemplo de que no han invertido nada en el bosque y la ganadería extensiva ha desaparecido. La cuestión de fondo es ¿Qué plantea la Junta? ¿Qué esperan para declarar la emergencia climática? No es seria y no tiene visión global”.

Ante la subida de temperaturas prevista, el futuro del clima en Andalucía es sombrío: los expertos alertan de que las lluvias podrían reducirse un 30%, las olas de calor serán más frecuentes, durarán más y provocarán más muertes, además del aumento del riesgo de incendios forestales, la erosión del suelo y la desertificación. Francisco Doblas, investigador del Centro Nacional de Supercomputación y participante en el informe del panel de expertos de Naciones Unidas (IPCC), plantea: “Para la reducción de emisiones hay otros medios de producción como la ganadería (9,1% de las emisiones), la agricultura (4,1%) o la gestión de masas forestales. Hay muchas competencias transferidas a las comunidades autónomas que implica que pueden hacer cosas”. Pero añade con un tono optimista: “Que no suene a película apocalíptica de Hollywood, la gravedad depende de las emisiones que realicemos, que depende de nosotros, está en nuestras manos”.

Sobre la acción para frenar la catástrofe anunciada en la región española más al sur y con más litoral (853 kilómetros), Tirado concluye: “Andalucía está en las zonas con mayor riesgo a nivel global para sobrevivir en el territorio y no parece que nos hayamos enterado, pero ni desde la Junta, ni desde el Gobierno central, ni desde los Ayuntamientos”.