Ocho claves del nuevo informe de la UCO contra Cerdán: de la conexión con Acciona a gastos en Ibiza

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al caso Cerdán, al que ha tenido acceso EL PAÍS, enumera una batería de indicios recabados sobre la supuesta trama encabezada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE (2021-2025), para cobrar comisiones ilegales (de Acciona, entre otras compañías) a cambio de influir en la adjudicación de proyectos de obra pública. A lo largo de 227 páginas, los investigadores ponen sobre la mesa múltiple documentación, fotografías y comunicaciones interceptadas para afianzar sus sospechas contra el exdirigente socialista, que operó presuntamente junto a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su antiguo asesor Koldo García. Estas son algunas claves del documento policial:

Cerdán, “el enlace”. La UCO introduce una de sus grandes conclusiones al poco de arrancar su análisis. Los agentes afirman que constan ya en la causa suficientes “indicios” que lo sitúan como “el enlace” entre Acciona y el Ministerio de Transportes, que estuvo encabezado por Ábalos. En un informe anterior, elaborado a través de las grabaciones interceptadas a Koldo García, la Guardia Civil puso sobre la mesa sus sospechas de que Cerdán “gestionaba” el cobro de mordidas, que después presuntamente repartía con el exministro y su colaborador. Para reforzar esta tesis, los investigadores profundizan ahora en los nexos que vinculan al socialista navarro con directivos de Acciona y con Servinabar, la compañía presidida por Joseba Antxon Alonso y que también relacionan con Santos Cerdán.

El 2%. Los agentes subrayan que, en proyectos bajo sospecha en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), “se ha observado una operativa común mediante la cual Acciona y Servinabar” firmaban “un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras”, que servía para que esta segunda compañía (cuyo control se atribuye a Cerdán a través de Joseba Antxon Alonso) obtuviera un “2% neto del importe de adjudicación.”

El control de Servinabar. En otro informe anterior, la Guardia Civil ya comunicó que había encontrado un contrato privado por el que, en junio de 2016, Alonso transfería el 45% de las participaciones de Servinabar a Santos Cerdán. Ahora, los agentes detallan que han hallado un segundo contrato que refuerza la hipótesis de que el ex secretario de Organización tenía una enorme “capacidad de decisión” en dicha mercantil, usada supuestamente como intermediara para conseguir proyectos de obra pública. Los investigadores subrayan que, en diciembre de 2016, un “individuo bajo el nombre de ‘AritzSantamaría’ habría adquirido” el 4% de Servinabar, pero ese porcentaje salió de la parte Alonso y se “respetó” la de Cerdán.

Encuentros furtivos. A través de las comunicaciones interceptadas, los agentes reconstruyen (con fotografías incluidas) varias citas desconocidas del exdirigente socialista con otros dos imputados en la trama: con el propio Joseba Antxon Alonso y con Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona para el área de Construcción en España. El instituto armado perfila una especie de triángulo de influencias, donde los tres se reunían y mantenían comunicaciones con destacables “medidas de seguridad” para evitar dejar rastro. Los agentes, que han detectado encuentros en el mítico bar madrileño El Penta y en las cercanías de la calle de Ferraz, señalan que parte de estos se produjeron en pleno “proceso de licitación” de las obras.

La dependencia de Acciona. El sumario refleja una relación entre Acciona y Servinabar, cuyo negocio dependía muchísimo de la empresa del Ibex 35. “Los ingresos vinculados a Acciona percibidos por Servinabar —desde su constitución hasta la fecha de recepción de la información bancaria— ascienden, al menos, a 6,7 millones de euros. Esta cifra supone un 75,33% de los ingresos totales percibidos por la sociedad en el periodo investigado, de lo que se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos”, dicen los agentes.

Gastos personales y contratación de familiares. La UCO mantiene que Cerdán usó una tarjeta de crédito de Servinabar para gastos particulares, además de señalar que esta empresa le pagó el alquiler de dos casas en Madrid y tuvo a sueldo a su hermana y a su cuñada. Entre los gastos sospechosos se enumeran abonos en El Corte Inglés, en restaurantes y en viajes en Málaga, Sevilla, Ibiza y Tenerife. Para reafirmar los indicios, los agentes reproducen una conversación entre Joseba Antxon Alonso y su mujer, donde ella dice en referencia a la esposa del político: “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés” o “Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. La tenéis que coger entre los dos y hablarle claro”.

La Guardia Civil ha localizado otras cinco transferencias emitidas por una cooperativa supuestamente usada por la trama, Noran Coop, a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, por valor de 9.500 euros. De hecho, la UCO ha encontrado una nómina (de marzo de 2018) que evidencia, según los funcionarios, que la mujer del exdirigente socialista también llegó a entrar en esta sociedad.

Salto al extranjero. Los investigadores describen cómo la trama extendió supuestamente sus tentáculos más allá de las fronteras españolas. “La relación Acciona-Servinabar también tuvo una expansión internacional”, indica el informe de la UCO, donde se apostilla que ambas mercantiles “habrían compartido intereses” al menos en dos proyectos en el extranjero (en Marruecos y Gabón) en los que “se ha detectado participación de alguna índole por parte de Ábalos, Koldo y Santos”. La Guardia Civil sospecha que Cerdán y Ábalos desplegaron su influencia para lograr obras para Acciona en ambos países africanos.

El PNV, mencionado. Este nuevo informe deja otro grupo salpicado: el PNV. Los agentes afirman que la “formación política vasca habría solicitado a Santos Cerdán el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura celebrada en 2018”. Esta supuesta petición era para mantener a un alto cargo en el Ministerio de Medio Ambiente; y para “un puesto importante en ADIF” y “un puesto importante en INI [sic] o SEPI”. El partido nacionalista se ha desvinculado este martes de la trama: “El PNV desconoce esas supuestas peticiones”, han indicado fuentes de la fuerza política soberanista.