La Audiencia Nacional permite a Jordi Pujol comparecer por videoconferencia el día del inicio del juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que tiene previsto juzgar a partir de la próxima semana a Jordi Pujol, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, ha decidido que este comparezca por videoconferencia el lunes antes del inicio de la primera sesión de la vista oral “con el fin de examinar” de primera mano su estado de salud. Pujol, de 95 años, permanece ingresado desde el sábado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía y una infección pulmonar.

La decisión de los jueces, que tienen programado el arranque de la vista para ese mismo lunes, llega después de ordenar el pasado octubre que se efectuase un reconocimiento al exmandatario catalán, a raíz de que sus abogados presentasen tres informes médicos que describían su estado de salud (incluidas sus capacidades cognitivas). La defensa quería que los magistrados analizaran si Pujol se encuentra en condiciones de afrontar la larga vista oral. Esta iniciativa abre la puerta a que se le permita seguir todo el juicio a distancia; a que solo se le obligue a acudir en días puntuales; a que la causa quede en suspenso contra él (y siga el proceso para el resto de acusados); o, incluso, a que la causa contra él se archive, en el caso de que no esté en condiciones mentales.

Por todo ello, según informan fuentes jurídicas, los magistrados prevén celebrar el mismo lunes esa comparecencia por videoconferencia con el exlíder de CDC (Convergència Democrática de Cataluña), a la que también se ha citado a los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y a todas las partes personadas en el proceso. Este acto se llevará a cabo antes del inicio del juicio como tal.

El comienzo del juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años en junio, está previsto para el próximo lunes 24 de noviembre. Se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Llega tras años de retrasos (provocados, en gran medida, por maniobras y recursos impulsados por el clan Pujol para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario). La vista oral se prevé que no acabe hasta mediados de 2026; y se han programado declaraciones de más de 250 testigos. La expectación es máxima, sobre todo ante los intentos del independentismo de recuperar la figura del expresident.

Al finalizar sus pesquisas, el juez José de la Mata, encargado de dirigir la investigación, concluyó que la familia del exdirigente convergente se había “aprovechado de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El propio Pujol confesó públicamente en 2014 que había ocultado durante décadas una fortuna en Andorra; aunque alegó que esta procede de un “legado” que su padre Florenci dejó en el extranjero a su nuera y a sus nietos antes de morir —una tesis que rechaza la Fiscalía—.

El ministerio público pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán por blanqueo y asociación ilícita. También reclama penas de prisión para sus siete hijos —29 años para el primogénito Jordi Pujol Ferrusola; 14 años, para Josep; y ocho años, para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta)—. Además de a Pujol y a sus siete hijos, la Audiencia Nacional propuso juzgar a la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, aunque la causa contra ella decayó por “demencia severa” antes de morir en 2024; y a otra quincena de personas.