Cerdán firmó un contrato por el que se comprometía a pagar 6.000 euros por el 45% de la empresa navarra clave de la trama

Santos Cerdán, exdiputado y ex secretario de Organización del PSOE, firmó el 1 de junio de 2016 un contrato privado con el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola por el que pactaba pagar 6.000 euros por el 45% de Servinabar 2000 SL, la sociedad navarra a la que la Guardia Civil considera una de las supuestas tapaderas de los inicios de la trama de corrupción en la que están presuntamente implicados tanto el exdirigente socialista como su antecesor en ese cargo y exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El precio está recogido en la copia del contrato de compraventa que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el registro de la casa del empresario y que ha enviado al Tribunal Supremo.

El documento, que fue localizado dentro de un maletín en el trastero del domicilio del empresario vasco durante el registro del pasado 10 de junio, tiene cuatro páginas, todas ellas firmadas supuestamente por Cerdán y Alonso “como intervinientes”, según detaca el instituto armado en el oficio remitido al magistrado Leopoldo Puente junto al contrato. También recalca que en el mismo aparece “estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar”. La UCO ha remitido el documento después de que el juez le solicitase que lo remitiera “a la mayor brevedad posible” y antes del próximo viernes al Supremo.

El contrato recoge que el exdirigente socialista y el empresario actúan en la compraventa “en su propio nombre y derecho” y detalla que, en el momento de la firma, el empresario era el único accionista de la mercantil y, por tanto, poseedor de sus 3.000 acciones con un valor nominal individual de un euro que componen el capital social. El acuerdo recoge que Alonso declara haber “recibido” el precio pactado por las 1.350 participaciones que supuestamente transmitió al político.

Tanto el exdirigente socialista, en sus declaraciones a los medios, como el empresario, con un comunicado, han negado en los últimos días haber realizado esa compraventa. La Guardia Civil señala en el oficio con el que ha remitido el documento al Supremo que el mismo fue “preceptivamente sellado por la letrada de la Administración de Justicia” del juzgado de Durango que asistió al registro como prueba de su veracidad. Servinabar 2000 fue creada el 4 de septiembre de 2015 por Alonso con el capital mínimo, 3.000 euros, y, según Informa, desde entonces hasta ahora en el registro el empresario ha figurado como único accionista y administrador, a pesar de que el documento ahora conocido apunta a que tan solo 10 meses después de constituirse una parte significativa de sus acciones pasaron supuestamente a ser propiedad de Cerdán.

El hallazgo de este documento ratificó, según la UCO, el presunto vínculo entre Cerdán y Servinabar 2000 SL que señalaban los agentes en el informe que entregaron al juez el 5 de junio y que ha generado un terremoto político que ha puesto al Gobierno y al PSOE contra las cuerdas. La UCO relaciona a esta empresa con el presunto amaño de varios contratos en Navarra en los primeros años de la trama, de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones y con varios flujos de dinero bajo sospecha. En todos ellos, Acciona concurrió en unión temporal de empresa (UTE) con Servinabar 2000 pese a que los agentes consideran que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó esta última a la ejecución material de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguirlo que daba la presencia de Santos Cerdán y Koldo García.

En el documento policial, entregado al magistrado Leopoldo Puente el pasado 5 de junio, en el que solicitaban los registros de la pasada semana, los investigadores ya afirmaban que Cerdán, pese a no figurar nominalmente en los órganos de gestión de la compañía, tenía “poder de decisión” tanto en esta como en otra sociedad participada por Alonso, la cooperativa Noran, “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017, cuando se trasladó a la capital tras cesar como parlamentario foral para asumir el puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, meses después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido. Por ello, el magistrado ordenó el registro tanto de la sede de la empresa, situada en Pamplona, como el domicilio en Elorrio (Bizkaia) del empresario vasco.

Tras recibir una copia del contrato entregado por la UCO al juez, fuentes de la defensa de Cerdán han señalado que el documento demuestro que no se trata de una escritura sino de “un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno”. “Se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar”, señalan estas fuentes que recalcan también que el objeto social de la empresa cuando se firmó ese contrato no era el mismo que tiene en la actualidad. Cuando se creó, en 2015, el objeto social de la empresa abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Años después, cambió al que tiene en la actualidad: “Elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”. Las fuentes de la defensa de Cerdán señalan que el exdirigente socialista “dará las oportunas explicaciones sobre este documento” en su declaración como investigado, prevista para el próximo lunes.

Escrito del PSOE

Por otra parte, el PSOE ha pedido al instructor que se realice un “expurgo” de la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán, que fue clonada el pasado viernes por la UCO, para que se excluya “todo aquello no relacionado con el objeto de la causa” . En un escrito remitido al juez, el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, advierte de que Cerdán, como secretario de Organización, tenía atribuida la representación legal del PSOE, “con plenas facultades para realizar cualquier contratación en nombre del partido, así como asumir cualquier obligación por cualquier título o forma admitida” por el ordenamiento jurídico, por lo que advierten de que su cuenta de correo tenía “sin duda alguna” contenido relativo al funcionamiento interno, “ajeno al objeto de la causa”, que los socialistas consideran que deben quedar “preservadas”.

El PSOE, según expresa en su escrito, pretende que la labor de expurgo de los correos que no tengan información relevante se haga “bajo control judicial”. Acompañando al escrito, el partido remite al juez el reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde se detallan las competencias del secretario de Organización del partido.