Fundación Siglo XXI: cinco investigados por el desvío de 2,4 millones de fondos europeos para atender a menores migrantes en Canarias

Nuevos detalles en una de las principales investigaciones en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados en Canarias. La Policía Nacional ha anunciado este sábado que da por concluida la llamada operación Tabaiba, que investiga el desvío de fondos europeos por parte de la Fundación Siglo XXI. Según ha informado el cuerpo armado, sus pesquisas se han saldado con la imputación de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como la de un empresario inmobiliario y de la propia la Fundación Siglo XXI. Se les acusa de ser autores de un presunto desvío de más de 2,4 millones de euros en fondos europeos Next Generation que estaban destinados a la acogida y manutención de menores no acompañados.

El repunte de la llegada de migrantes desde 2020 ha conllevado un incremento del número de menores migrantes no acompañados, cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias. Para hacer frente a su gestión, el Ejecutivo autonómico ha echado mano de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele pagar 90 euros por día y menor. En la actualidad, las islas tutelan a más de 5.000 menores, una situación que ha provocado las quejas del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Sus presiones han desembocado en un acuerdo parlamentario que debe permitir la distribución automática y obligatoria de los niños de cualquier comunidad autónoma en la que se declare la contingencia migratoria.

El sistema ha hecho aguas durante estos años. El descontrol generado por el volumen de niños y las dificultades para la supervisión, sin embargo, han provocado varios casos de menores atendidos en condiciones infrahumanas. También actuaciones judiciales: la Justicia ha clausurado dos centros de Quorum 77, la ONG que más menores gestiona en las islas, y ha ordenado la detención de su presidenta, Delia García, a los que se les acusa de malos trataos y amenazas. Tras el estallido del caso, EL PAÍS publicó que el Gobierno canario y la Fiscalía conocían desde al menos 2021 denuncias de malos tratos en varios centros, pero que no actuaron con la debida diligencia. El propio Ejecutivo autonómico ha reconocido internamente que la comprensión de la fiscalía ha permitido que no se cierren los 86 centros de acogida “a pesar de las condiciones de algunos de ellos”.

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI es la ONG que ha acaparado durante años el centro de la polémica. La entidad, radicada en Madrid, recibió 12,51 millones de euros del total de 136,9 millones de dinero público que el Ejecutivo canario gastó entre 2020 y 2022 en la atención y formación de menores en cuatro centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y Lanzarote (La Santa). En 2022, un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de operaciones bancarias “injustificadas” vinculadas a responsables de estos centros. El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias de Investigación y habilitó el inicio de la operación Tabaiba, cuyos trabajos se han alargado desde entonces. En junio de 2023, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite la querella de la Fiscalía, que acusaba a Siglo XXI de desviar dinero público. En septiembre de 2024, sin embargo, el juez se inhibió en favor de la Fiscalía Europea al constatar que había de por medio fondos Next Generation.

El escrito de la Fiscalía describía en 2023 una prolija sucesión de procedimientos desplegados por los cuatro responsables de los centros, María de los Ángeles Barroso (exsecretaria y tesorera del comité ejecutivo de Vox en la provincia de Las Palmas), Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy. La querella de la Fiscalía Anticorrupción ya recogía un prolijo recuento de acciones destinadas al “enriquecimiento personal y/o disfrute particular” de los acusados.

El dinero no solo se usaba para gastos personales de los responsables. Se detectaron retiradas en efectivo de más de un millón de euros mediante reintegros fraccionados o transferencias directas a cuentas particulares y cargos correspondientes a viajes, gasolina, restaurantes o intervenciones estéticas.

Según ha explicado la Policía este sábado, la fundación implicada trató de aportar posteriormente miles de documentos contables para justificar los movimientos. “El análisis detectó facturación duplicada, servicios no identificados y documentos sin fecha, lo que apunta a una presunta manipulación para ocultar el desvío de fondos”, concluye el cuerpo armado, que ha solicitado una auditoría financiera para determinar el importe final supuestamente malversado.

La investigación también ha permitido destapar un posible entramado de alquileres sobredimensionados en los centros. Es aquí donde entra en juego el quinto imputado, un empresario inmobiliario que, presuntamente, usó sociedades interpuestas para aplicar precios por encima del valor de mercado, con un sobrecoste superior a 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023, que presuntamente fueron desviados hacia operaciones inmobiliarias.

La ONG no solo es sospechosa de haber desviado fondos públicos. En 2021, se produjeron supuestos tratos vejatorios en el complejo Puerto Bello, en Puerto Rico (sur de Gran Canaria). El dispositivo se cerró en junio de 2021. Un año después, la Fiscalía se querelló contra sus responsables por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves. En abril de 2024, la Guardia Civil abrió una investigación a cinco trabajadores de un centro de acogida a menores migrantes no acompañados de Lanzarote por coaccionar y amenazar presuntamente a cinco de los menores para que cometieran hechos delictivos. No ha trascendido el resultado de estas pesquisas.