El juez que investiga a una ONG por desviar fondos para menores no acompañados envía el caso a la Fiscalía Europea

El juez del juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria que investiga a la Fundación Siglo XXI por un supuesto desvío de 12,51 millones de euros del Gobierno de Canarias para acoger menores migrantes no acompañados ha decidido inhibirse a favor de la Fiscalía Europea, según recoge un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha sido adelantado por el rotativo local Canarias 7. El magistrado investigaba, además de la propia fundación, a cuatro directivos de la entidad, a los que se les acusa de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsificación de documentos privados y mercantiles. La Fiscalía Europea tendrá que decidir en los próximos días si asume el caso.

Desde que se reactivó la ruta canaria a principios de la década, el Gobierno de Canarias ha echado mano de una serie de organizaciones no gubernamentales para que sean ellas quienes gestionen los dispositivos de acogida de menores no acompañados, a los que se les paga por día y niño. Una de ellas fue la Fundación Siglo XXI, radicada en Madrid, que recibió 12,51 millones de euros del total de 136,9 millones de dinero público que el Ejecutivo canario gastó en la atención y formación de menores en cuatro centros de Gran Canaria y Lanzarote entre 2020 y 2022, según la querella presentada en mayo de 2023 por la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, 95 euros por menor y día; 72 euros, si la plaza estaba desocupada.

El escrito presentado por el fiscal Javier Ródenas recoge un prolijo recuento de acciones destinadas al “enriquecimiento personal y/o disfrute particular” de los acusados. Así, los gestores pasaban noches de hotel y se sometían a tratamientos faciales con fondos del Gobierno, mientras los menores, a quienes estaba destinado este dinero, malvivían en centros que presentaban un “lamentable” y “alarmante estado de deterioro”, sin actividades o tareas de formación adecuadas, subraya el fiscal.

“El análisis de las cuentas bancarias”, afirmaba la Fiscalía Anticorrupción y la “ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público, que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado”. Su relato comprende tanto operaciones bancarias de extracciones en efectivo, como el “desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares” de los directores de los centros, y el “desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos”.

El fiscal también asevera que fallaron los controles del Gobierno de Canarias, y apunta que el Ejecutivo desplegó un “deficiente, opaco, y poco riguroso control de la gestión económico-financiera de las partidas presupuestarias”. Una idea que traslada el juez Francisco Javier García García-Sotoca, quien sostiene que ha habido “falta de control y seguimiento de los contratos tramitados de emergencia”.

El magistrado explica, además, que el funcionamiento de estos centros en los años investigados está subvencionado por Canarias, pero que 15,29 millones se obtuvieron de fondos europeos Next Generation. En lo referido a la Fundación Siglo XXI, el auto del juez señala que la Intervención del Gobierno de Canarias le hizo llegar un documento que reflejaba que 1,9 millones abonados a la fundación habían sido imputados a “créditos derivados del instrumento europeo de recuperación Next Generation”. La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, sin embargo, hizo llegar un informe posterior en el que sostenía que aunque la aplicación de los créditos de origen corresponde con financiación europea, “al no certificarse para poder recibir dichos fondos europeos, que se reciben previa justificación del gasto”, la financiación pasaba a ser de la Comunidad Autónoma de Canarias. El juez, sin embargo, ha desestimado este último escrito y ha decidido elevar la investigación al organismo comunitario.

No es este el primer caso de malversación de fondos europeos en las islas cuya investigación pasa a la Fiscalía Europea. En marzo, el departamento anunció su intención de asumir la investigación de llamado caso Koldo, que investiga una supuesta trama alrededor de los contratos para el suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias.

La Fiscalía Europea también se ha apropiado del caso mascarillas en Canarias. En este caso se investiga el pago de cuatro millones de euros durante la pandemia por parte del sistema sanitario de las islas a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por un pedido de un millón de mascarillas que nunca llegó. Las investigaciones han conducido a la imputación del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez y de su exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez Domínguez. Domínguez dimitió del cargo en noviembre de 2022.