El Supremo califica de “inadmisible” la actuación del Gobierno con los menores solicitantes de asilo en Canarias

El Tribunal Supremo ha dado este jueves un nuevo ultimátum al Gobierno para que cumpla la orden que le dio en marzo de hacerse cargo de más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que bajo el paraguas de los servicios de protección de menores de Canarias. En un duro auto dictado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo “improrrogable” de 15 días para acatar esa orden y reprocha la actuación de la Administración General del Estado en este asunto. “El ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible”, apunta la sala.

La orden que dio en marzo el Supremo afectaba a más de 1.000 menores no acompañados que se encontraban en los servicios de acogida de Canarias. Según un escrito que presentó en enero en el Supremo el Gobierno de Fernando Clavijo, los datos de ACNUR cifraban en 546 los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo entre enero de 2023 y noviembre de 2024. A ellos debían sumarse los 325 que, en ese momento, ya habían manifestado su voluntad de obtener protección internacional y estaban citados para presentar su solicitud de asilo, y otros 350 que estaban a la espera de ser atendidos para manifestar su voluntad de obtenerlo. En total, al menos 1.221 menores a cargo de Canarias que, según el alto tribunal, deberían estar siendo atendidos por el Gobierno central.

Desde entonces, el Gobierno central y el canario se han reunido para negociar en varias ocasiones cómo dar cumplimiento a ese mandato, pero, más de siete meses después, la mayoría de los menores siguen a cargo del Gobierno de Clavijo. En una rueda de prensa celebrada este jueves, Coalición Canarias ha cifrado en 256 los menores solicitantes de asilo que han pasado a estar bajo el sistema de acogida internacional, dependiente del Gobierno, a raíz de la orden del Supremo.

En el auto de este jueves, el tribunal explica que la Administración canaria ha presentado un escrito en el que pone de manifiesto “el insuficiente ritmo” de ejecución de la orden dictada en marzo, lo que hace que se mantenga “la situación de hacinamiento” de los menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones autonómicas y “e incluso incrementado con la llegada de nuevos menores”. Y, según el Supremo “no le falta razón” a Canarias porque “el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible”.

Los jueces admiten que, tras previo aviso por parte de los jueces, el Gobierno “ha remitido periódicamente” al tribunal los pasos que ha ido dando, pero estas actuaciones “no han propiciado el cumplimiento de los claros términos” de la orden que le dio en marzo. ”No se trata de que la Administración Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema, esa será una cuestión que debía resolver la obligada, sino a incluirlos en dicho Sistema en la forma que considerase procedente, posible y con la premura impuesta (diez días, iniciales), y, sin embargo, lo actuado está muy alejado de dicha orden". “Menos aún cabe oponer reparos de gestión de la orden dada en base a una pretendida dificultad formal, que debe estimarse obviadas con los claros términos del mandato judicial”, añade a sala.

En el nuevo auto, el Supremo da un plazo de 15 días al Gobierno para el “debido y completo cumplimiento” del mandato “sin posibilidad de excusa o reparo alguno”. El requerimiento a la Administración del Estado añade que debe cumplirse esta orden “en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados”, en referencia a las “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal, en caso de que persista el incumplimiento de las que ya avisó en junio.