La Guardia Civil investiga a cinco trabajadores de un centro de acogida de Lanzarote por coaccionar a los menores

La Guardia Civil abrió el pasado martes una investigación a cinco trabajadores de un centro de acogida a menores migrantes no acompañados de Lanzarote por coaccionar y amenazar presuntamente a cinco de los menores para que cometieran hechos delictivos.

El objetivo de los investigados y presuntos instigadores era, según sostiene el instituto armado en una nota publicada este jueves, desestabilizar la organización diaria del centro por que, supuestamente, los trabajadores mantenían un conflicto con la empresa gestora. Los menores han protagonizado numerosos incidentes en los últimos meses, como incendios de colchones, robos en las oficinas, hurtos y amenazas.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en el puesto principal de la Guardia Civil en San Bartolomé. En ella, un interno del centro de menores no acompañados de La Santa aseguraba estar siendo coaccionado por cuatro auxiliares educativos para que cometiera actos vandálicos y desobedeciera las normas de régimen interior. “Todo ello con el objeto de desestabilizar la convivencia y sabotear la labor de la nueva dirección”, sostiene la Guardia Civil.

Según se desprende de las pesquisas, la dirección del centro había introducido cambios que afectaban a las “conductas permitidas a los trabajadores en el mandato anterior”, entre las que el comunicado de la Guardia Civil cita “prácticas abusivas con los menores, hacer uso de recursos del centro sin control ni supervisión, así como la delegación de competencias muy por encima de su capacitación profesional”.

Según las pesquisas, los investigados, de entre 30 y 44 años, amenazaron a los menores asegurándoles que, si no realizaban los actos delictivos y vandálicos, les limitarían arbitrariamente las salidas a la calle, las actividades de ocio y el cobro de la paga semanal. Además, les hicieorn creer que tenían potestad para retrasarles la tramitación de su documentación de residencia legal en España.

El centro de acogida de La Santa está gestionado por la Fundación Siglo XXI, una organización a la que la Fiscalía Anticorrupción acusa de desviar fondos públicos. En su escrito, el ministerio público sostiene que los directivos de la fundación gastaron parte de los 12,5 millones que esta recibió del Estado para pagar noches en hoteles de cuatro estrellas, pastillas para la disfunción eréctil y cuidados faciales de más de 1.500 euros. Siglo XXI ha sido noticia por varios casos más: el pasado noviembre, 12 menores migrantes denunciaron malos tratos y tocamientos en otro dispositivo de esta organización en Gran Canaria. El asunto está bajo investigación.

Esta misma fundación, además, era la responsable del dispositivo de acogida en los apartamentos Puerto Bello, en Puerto Rico (sureste de Gran Canaria). Sus internos denunciaron tratos vejatorios en las instalaciones, un lugar que “ni reunía unas condiciones óptimas para residir, ni el personal educativo se encuentra cualificado ni preparado para atender a los menores”, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Ese dispositivo se cerró en junio de 2021. Un año después, la Fiscalía se querelló contra sus responsables por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves. EL PAÍS ha intentado contactar con la Fundación Siglo XXI, sin éxito.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado (Coalición Canaria), explicó a finales de año a este periódico que, por ahora, el Ejecutivo no se plantea dejar de trabajar con Siglo XXI hasta que no se pronuncien los tribunales. “Se han elaborado informes y estamos buscando alternativas por previsión. Pero, hasta que no se produzca un fallo, hay un contrato en vigor que tenemos que cumplir”.