Migraciones inyecta casi 50 millones para aliviar el colapso de la acogida de refugiados

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha aprobado una partida extraordinaria de 49,3 millones de euros para aliviar el colapso del sistema de acogida de solicitantes de asilo y refugiados. La prolongación de la guerra de Ucrania y la llegada de decenas de miles de personas en cayuco a Canarias han desbordado todas las previsiones de acogida, hasta el punto de que en marzo ya se habían agotado los recursos para cubrir todo 2024. Migraciones asume en su resolución, publicada en el BOE el jueves, que la medida era “imprescindible e improrrogable” porque la red está al límite. Con unos 37.000 solicitantes de asilo acogidos, hace meses que se trabaja al 99% de la capacidad. Esta ocupación, “extraordinariamente alta”, no deja margen de reacción ante cualquier contingencia y mantiene a cientos de personas esperando para poder acceder al sistema.

La inyección financiera, que se añade a los 666 millones de euros ya presupuestados, pretende cubrir 6.426 nuevas plazas al mes, de abril a octubre. Es un chute de oxígeno, pero nada indica que la medida vaya a resolver las carencias estructurales del sistema de asilo español. “Aliviará la lista de espera y podrá acogerse más rápido a las personas más vulnerables (mujeres, familias y enfermos)”, explican fuentes del ministerio.

Ni la red de acogida, dependiente de Migraciones, ni los recursos destinados al registro y estudio de las solicitudes, que dependen del Ministerio del Interior, logran dar respuesta a la demanda. Desde hace un lustro, España encadena récords de peticiones de protección internacional y se sitúa entre los tres países de la UE con más solicitantes, con venezolanos, colombianos y centroamericanos a la cabeza. En 2023 se batió el último récord, con más de 163.000 personas que llegaron a España en busca de refugio, y eso a pesar de las dificultades que tienen los interesados para acceder a una cita previa para formalizar su petición.

De todos los que solicitan asilo, solo una minoría pide plaza en el sistema de acogida, porque está limitado a personas sin recursos, pero, con esos números, la presión es permanente y los recursos empleados, insuficientes. El problema no solo deriva de la falta de plazas, sino en que la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior también trabaja al límite y tarda en resolver los expedientes más de dos años en lugar de los seis meses que marca la directiva europea. Sin esas resoluciones, no hay rotación en las plazas de acogida, que acaban ocupadas por una mayoría a la que finalmente no se le reconocerá la protección.

La precariedad del sistema de acogida lleva ocupando titulares desde 2019, cuando, en pleno invierno, decenas de familias que buscaban asilo tenían que dormir en la calle por falta de camas. En octubre de 2020, el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que mantenía a 8.000 solicitantes de asilo pendientes de una plaza que el sistema no era capaz de ofrecer. Y, en 2022, explotó la guerra de Ucrania que obligó a cinco millones de personas a desplazarse por toda la UE. España fue el quinto país comunitario que más refugiados ucranios registró al conceder la protección temporal a unas 200.000 personas. Este éxodo masivo desde la invasión rusa obligó a estirar la red de acogida con hasta 24.000 nuevas plazas, sobre todo en hoteles.

Muchos de esos refugiados ucranios ya salieron del sistema, pero este colectivo sigue suponiendo el 38% de todos los acogidos de la red. El porcentaje sube hasta el 89% en la llamada fase de autonomía, la última, cuando los solicitantes viven de forma autónoma en pisos gracias a una ayuda económica. Las dificultades de integración sociolaboral, dado que el perfil mayoritario de los ucranios es de mujeres con niños, han contribuido a que no se liberen esas plazas al ritmo que el ministerio necesitaría.

El otro factor que ha tensionado la red han sido las llegadas irregulares por mar, especialmente a Canarias. A diferencia de otras épocas, la mayoría de los que están desembarcando no son marroquíes, un perfil menos habitual entre los solicitantes de asilo. “Muchas de estas personas huyen de la inestabilidad política de países de África Occidental y son solicitantes de protección internacional”, afirma la resolución en referencia a ciudadanos de Malí y Senegal, sobre todo.

El sistema de acogida español para solicitantes de asilo y refugiados consta de tres fases, que llevan meses al límite. En la primera etapa se estudia el perfil del interesado y sus necesidades mientras se decide su próximo destino. La segunda fase se considera de acogida, que suele darse en centros u hostales, y en ella se les prepara para ser autónomos, con formación, búsqueda de empleo y de vivienda. En la última etapa, a la que solo acceden las personas que ya son consideradas refugiadas, se ofrece una ayuda al alquiler para que vivan de forma independiente. El itinerario tiene una duración de 18 meses, prorrogable hasta 24 en casos de especial vulnerabilidad. El coste de las dos primeras fases es de 56,75 euros por plaza y día, mientras que el coste de la última cae a 32 euros diarios.

El español es, además, un modelo que se sustenta en las ONG y que apenas cuenta con plazas públicas. Esa fue una cuestión que Escrivá quiso atajar con la construcción o apertura de 17 nuevos centros estatales que supliesen la red con 5.700 plazas. El plan, financiado con los fondos europeos de recuperación aprobados tras la pandemia, aún está implementándose y se ha encontrado con el rechazo de varios ayuntamientos del PP a que se instalen esos espacios en su territorio.

Markus González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y ex director general de Inmigración, ve en el refuerzo económico un problema estructural. “Debemos hacer una reflexión más de fondo sobre el modelo de acogida que tenemos. Hay que buscar un modelo permanente, que no dependa de una guerra o de un pico de llegadas, sino que se refuerce de forma estructural con la participación de todas las administraciones con competencias en el ámbito de la integración”.