Un sistema de acogida desbordado vuelve a dejar a los solicitantes de asilo en las calles de Madrid

No es un caso aislado. Una madre y sus dos hijos llegan a Madrid. Huyen de Colombia. Son potencialmente una familia de refugiados. Después de gastarse todo su dinero disponible en dos noches de hotel, la madre pide ayuda a una abogada. Confía en que alguien les acoja. La letrada les recoge con su coche en la estación de Atocha.

—No estamos yendo tan lejos como parece, tranquilos

El trayecto no tendrá el final que esperaban. La capacidad de acogida del Ayuntamiento está colapsada, no atiende a más solicitantes de asilo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien tiene las competencias de acogida de este colectivo, mantiene que hasta que los recién llegados no formalicen sus peticiones no le corresponde asistirles. Pero formalizar esas solicitudes puede llevar meses. Y así, ambas administraciones, aun con ciertos periodos de calma, se pasan la pelota desde hace años.

La familia colombiana terminará durmiendo en el suelo de una iglesia. No se sabe hasta cuándo. El sistema falla. Desde mayo, según el Ayuntamiento, más de 1.400 personas que llegaron a Madrid para pedir asilo se han visto en situaciones parecidas a la de esta familia.

Son más de las 11 de la noche del jueves y el termómetro ha caído hasta los 12 grados. La abogada, Patricia Fernandez Vicens, está ya acostumbrada a acudir a estas llamadas de auxilio y ha venido preparada. En los asientos de atrás, un adolescente de 17 años y una niña de 12 devoran silenciosos los sándwiches que les ha traído, son su primera comida del día. Mientras, la madre de ambos pega la frente en la ventanilla. Huida de Colombia, la familia llegó a la capital el pasado 27 de septiembre, gastó sus últimos 300 euros en dos noches de alojamiento, comida y transporte y ya no tenía dónde dormir.

Con apenas dos maletas y la misión de buscarles un techo, empieza el recorrido a ninguna parte.

La primera parada es el centro municipal de Vallecas, a siete kilómetros de la estación de Atocha. Es casi medianoche. El lugar se llama Las Caracolas y se creó en 2020, tras un año en el que decenas de familias de Venezuela, Colombia u Honduras recién aterrizadas en la capital acabaron durmiendo en la calle porque no había camas para ellas. Como aún no eran formalmente solicitantes de asilo, Migraciones no los atendía. Y el Ayuntamiento, saturado y alegando que no es su competencia, tampoco. En aquella época, como ahora, el Ayuntamiento y Migraciones se señalaban el uno al otro. Pero el centro de Las Caracolas, con cerca de 300 plazas, resolvió en parte la emergencia.

Con la apertura de este centro, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y el ministro José Luis Escrivá, que tienen buena relación, llegaron a un acuerdo para resolver situaciones como la de esta mujer y sus hijos. El Ayuntamiento asumiría esa primera acogida en sus centros y el ministerio se comprometía a derivarlos a sus recursos en 15 días. La rotación evitaría que se repitiesen situaciones de desamparo. Pero el pacto se incumple de forma recurrente El ministerio no deriva con rapidez y el Ayuntamiento, en consecuencia, no acoge.

Esa noche, Las Caracolas tiene algunas plazas libres y a la madre, aterida de frío, se le iluminan los ojos, pero es el equipo de Samur Social, que en ese momento está marchándose con su ambulancia, quien debe valorar si la familia es lo suficientemente vulnerable para dormir ahí o no. “Que tengas dos niños menores y no tengas recursos puede ayudarte”, la tranquiliza una trabajadora del centro. Tres personas se bajan de la ambulancia para evaluar el caso.

—¿Su intención es solicitar asilo?

— Sí.

— Pues tiene que ir a Cruz Roja presencialmente y ellos le tienen que dar alojamiento. Aquí está repleto. No hay plazas del Ayuntamiento para asilo.

Los trabajadores del Samur ni siquiera llaman a la central para que dé luz verde a la acogida. La responsable aclara que sí sería una emergencia social, porque es una mujer con dos menores que no tiene dónde dormir, pero que no hay plazas para su caso. De paso, le dice que podría haber tenido en cuenta que venía a España sin tener nada.

La mujer ya sabía que venía con lo justo pero, por lo que relata, no tuvo muchas opciones. Hace unos meses se involucró en concienciar a los jóvenes de su ciudad [incluido su propio hijo] para que no se dejasen captar por los clanes paramilitares que se matan por dominar el territorio y eso no gustó. Los Pachencas, que dominan su zona, asaltaron su casa con ella y la pequeña dentro. Se escapó por el patio trasero y ya no volvió. Los hijos de un día para otro dejaron de ir al colegio y la madre dejó su trabajo como guardia de seguridad. “En Colombia no te puedes quedar porque uno no sabe cómo lo hacen, pero te acaban encontrando”, explica. El abuelo de los niños pidió un pequeño préstamo y gracias a eso la familia llegó a España.

Ahora, que España tiene casi 81.000 peticiones de asilo, el doble que el año pasado, el problema vuelve a agravarse. “El acuerdo se ha ralentizado por varias circunstancias como la pandemia, la acogida de refugiados afganos o de la guerra de Ucrania, pero esperamos que se llegue a una solución”, explica un portavoz del ministerio.

En el Ayuntamiento son algo más beligerantes. “Tenemos solicitantes en nuestra red que llevan hasta nueve meses. Está saturada”, mantiene un portavoz del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que gestiona Ciudadanos. “Tenemos que dejar un mínimo de plazas disponibles para atender cualquier otra emergencia que pueda ocurrir en una ciudad de 3,3 millones de habitantes”, añade. “Es terrible tener que elegir entre dar plazas a una familia desahuciada o a una solicitante de asilo, pero a esta situación nos ha abocado el Gobierno central”.

¿Podría el Ayuntamiento crear más plazas para estos perfiles, teniendo en cuenta que Madrid es la primera parada de la mayoría de ellos? Podría. Pero el portavoz advierte: “¿Cuántas plazas tendríamos que abrir? Desde mayo se han quedado sin atender 300 personas al mes. Esto serían 3.600 plazas al año, 12 caracolas. Y el año que viene otras 12. Es inviable. No es nuestra competencia. El Gobierno se comprometió a asumir su responsabilidad”. En el Ayuntamiento rechazan también que el bloqueo sea porque los acogidos no hayan formalizado sus trámites: de las 399 personas que aloja esta, 318 ya son formalmente solicitantes de asilo.

La última advertencia del Ayuntamiento fue en mayo, cuando el delegado del ramo, Pepe Aniorte, reiteró por carta al ministerio que cumpliese con su compromiso de derivar gente cada 15 días. Desde entonces, asegura el portavoz, apenas 86 personas han sido recolocadas. “Se han dejado de atender por falta de plazas a 1.414 personas”, afirma. Según el Ayuntamiento, los plazos no se incumplieron con los 900 refugiados ucranios que han pasado ya por Las Caracolas.

Buena parte del origen de este problema, sin embargo, no está ni en el Ayuntamiento ni en el Ministerio de Migraciones, sino en la calle Amador de los Ríos, sede del Ministerio del Interior. Es este departamento quien gestiona las citas para pedir asilo, hace las entrevistas con las que se estudiará cada caso y resuelve los expedientes. Como el resto, también está saturado. En España, ser oficialmente un solicitante de asilo y, adquirir determinados derechos como la acogida, puede llevar meses, dependiendo de la provincia.

En el caso de la resolución de los expedientes que determinará quién será reconocido como refugiado y quién no, la espera puede ser de años. La lentitud de Interior, que fue muy eficiente en el caso de los ucranios, distorsiona todo el sistema de acogida. Por un lado, los recién llegados se quedan fuera de la red hasta que la policía los registra y, por el otro, los que llevan meses acogidos, aunque no cumplan con los requisitos para ser refugiados, seguirán ocupando una plaza hasta que se dé por cerrado su expediente.

Este lunes, Aniorte se reúne con la nueva secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro. Mientras, la mujer colombiana y sus dos hijos menores que protagonizan esta historia siguen durmiendo en el suelo de una iglesia. En esa misma parroquia, la San Carlos Borromeo del barrio de Entrevías, otra familia refugiada de siete miembros ―incluido un bebé de 15 meses― espera a que el sistema haga también un hueco para ellos.